El CGPJ convoca hoy una reunión de urgencia por las acusaciones de Peinado contra los escoltas de Begoña Gómez

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha convocado este domingo una reunión extraordinaria y telemática desde las 10 de la mañana. El objetivo de este encuentro de urgencia es analizar el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado, el cual ha provocado un choque directo con el Ministerio del Interior.

El origen de la reunión extraordinaria reside en la reciente decisión del magistrado de enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acusada de cuatro delitos. En su resolución, el juez fijó medidas cautelares estrictas, incluyendo la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.

Sin embargo, el punto que ha desatado la indignación del Gobierno es la afirmación de Peinado sobre el riesgo de fuga de la acusada. En el auto, el juez señala que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la escolta de Gómez podrían llegar a colaborar para facilitar su huida de la justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes.

Críticas de Grande Marlaska

Ante estas declaraciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó ayer la "más enérgica queja" ante la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló. Marlaska ha calificado las palabras del magistrado como un "hecho de máxima gravedad", al considerar que suponen un "grave cuestionamiento de la profesionalidad" de los cuerpos policiales. Además, solicitó al CGPJ la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes" frente al juez.

Desde el Ministerio del Interior insisten en que estas "sospechas injustificadas" son inaceptables. Consideran que el ataque del instructor no solo se dirige a los agentes concretos que conforman el servicio de acompañamiento de Begoña Gómez, sino que también criminaliza a sus superiores jerárquicos, al sugerir la posibilidad de que estos pudieran llegar a dictar órdenes ilegales para burlar la acción de la justicia.

La resolución de este conflicto queda ahora en manos de la comisión permanente del CGPJ. Está previsto que el órgano de gobierno de la judicatura informe públicamente del resultado de su deliberación al término de la reunión, desvelando si finalmente emprenderá o no eventuales acciones disciplinarias o de otra índole en relación al juez Peinado.