El juez Juan Carlos Peinado ha acordado enviar a juicio con jurado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras dos años de investigación judicial. Además, ha acordado retirarle el pasaporte, le prohíbe salir de España y la obliga a comparecer ante el juzgado dos veces al mes. No obstante, estas medidas cautelares podrían ser revocadas por la Audiencia Provincial de Madrid. Según aseguran fuentes jurídicas a El Independiente, estas medidas son plenamente recurribles ante el tribunal provincial.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid emitió este sábado un auto —al que tuvo acceso este periódico— que existen indicios suficientes para que Begoña Gómez se siente ante un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También se sentarán en el banquillo la que fuera asesora de la mujer de Pedro Sánchez, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Sobre este último, Peinado había acordado ya el jueves abrir una nueva línea de investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato financiado con fondos europeos.
Tras la audiencia preliminar del pasado 15 de junio, el juez ha concluido que la investigación ha reunido indicios racionales de criminalidad suficientes para que los hechos lleguen a juicio. En el auto, Peinado sostiene que Begoña Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid".
"Riesgo de fuga"
Junto a la apertura de juicio, Peinado ha fijado las medidas cautelares contra Gómez y Álvarez —retirada de todos sus pasaportes, prohibición de salir de España y obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes—, después de que las acusaciones populares las solicitaran en la vista del lunes pasado, aunque renunciaron a pedirlas contra Barrabés. Según fuentes jurídicas consultadas por este medio, las defensas pueden recurrir estas medidas ante la Audiencia de Madrid, lo que abre la puerta a que puedan ser tumbadas.
El instructor justifica las restricciones en la gravedad de los delitos atribuidos a Begoña Gómez y en la horquilla de penas que, combinando los cuatro tipos imputados, sitúa entre los dos y los 16 años de prisión. A partir de ese escenario, sostiene que, en caso de condena, no sería viable la suspensión de la pena, lo que a su juicio incrementa "el riesgo de fuga".
En su resolución, Peinado argumenta que la protección policial asociada a Begoña Gómez podría no operar como garantía de control, sino convertirse incluso en un factor de riesgo, al no descartar una actuación indebida de los escoltas "por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos" para facilitar una fuga. A ello suma que la situación institucional de Pedro Sánchez es "efímera, y por tanto transitoria", de modo que la protección que recibe actualmente Gómez "desaparecería" en algún momento, lo que considera que agravaría aún más el riesgo de fuga.
Ante estas declaraciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó ayer la "más enérgica queja" ante la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló. Marlaska ha calificado las palabras del magistrado como un "hecho de máxima gravedad", al considerar que suponen un "grave cuestionamiento de la profesionalidad" de los cuerpos policiales. Además, solicitó al CGPJ la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes" frente al juez. Precisamente, la Comisión Permanente del CGPJ se reunirá este lunes para valorar si abre expediente o no al juez Peinado por estas afirmaciones.
La resolución ha supuesto el mayor paso dado hasta ahora en la causa abierta hace más de dos años contra la esposa de Pedro Sánchez, investigada desde abril de 2024 por las actividades desarrolladas en torno a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Es la primera vez que la instrucción sitúa a la esposa de un presidente del Gobierno en activo a las puertas de un juicio penal.
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