El abogado Jacobo Teijelo ha confirmado este jueves al juez Santiago Pedraz que el PSOE le contrató como asesor jurídico para hacer "interpretaciones prospectivas" sobre investigaciones judiciales. Según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente, el letrado ha asegurado además que la formación socialista todavía le debe el pago de dos facturas por estos servicios que habría prestado entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.

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Teijelo, que ejerce la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha comparecido como investigado ante la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Leire'. El juez Pedraz investiga su supuesta vinculación a la trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para tratar de influir en procedimientos judiciales que afectasen al entorno del partido y del Gobierno.

Según las citadas fuentes, el letrado ha reconocido que mantuvo una relación profesional con el PSOE desde noviembre de 2024, y que fue contratado para realizar una suerte de análisis prospectivo sobre investigaciones judiciales en curso. Precisamente, uno de los informes de la UCO incorporados a la causa señala que el partido de Pedro Sánchez contrató a Teijelo cuando el comisionista Víctor de Aldama salió de prisión tras ser detenido en febrero de ese mismo año por el 'caso Koldo'. El objeto del contrato eran unos "servicios de consultoría jurídica" por los que habría cobrado, al menos, 125.000 euros.

En su declaración justificó así los trabajos por los que la formación socialista le habría abonado parte de los honorarios pactados, aunque aseguró que todavía tiene pendientes de cobro dos facturas. Según la UCO, Teijelo emitió hasta tres facturas dirigidas al PSOE. La primera de ellas del 20 de enero de 2025, y corresponde a los servicios prestados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de enero de 2025, por un total de 75.000 euros (más IVA). Las otras dos facturas se corresponden a febrero y marzo, y ambas ascienden a 25.000 euros. Según las citadas fuentes, serían estas las que Teijelo todavía no habría cobrado.

El contrato a este letrado fue firmado por la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, que también figura como investigada en la causa. La nota de encargo fija unos honorarios de 250 euros la hora, con un mínimo mensual de 15.000 euros y un máximo de 25.000.

Se acoge al secreto profesional y no aclara las reuniones en Fiscalía General

El juez Pedraz investiga si Teijelo participó, junto a Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y otros colaboradores, en actuaciones dirigidas a obtener información sensible o influir en procedimientos judiciales que afectaban al entorno socialista. Dentro de esa línea de investigación también figuran las reuniones que el abogado mantuvo con responsables de la Fiscalía General del Estado, unos encuentros cuyo contenido ha evitado desvelar acogiéndose a su derecho como letrado al secreto profesional.

El propio Ministerio Público reconoció que la exmilitante socialista y el abogado se reunieron en dos ocasiones con Diego Villafañe, en aquel momento teniente de la Secretaría Técnica y considerado la 'mano derecha' del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que Teijelo presentó a Díez como una "compañera" de su despacho, un extremo que el abogado ha desmentido en su declaración, aunque ha descartado detallar el contenido de las reuniones.

Según el relato de la Fiscalía, la 'supuesta fontanera y Teijelo acudieron a la sede de la Fiscalía en la madrileña calle Fortuny para informar de "unos hechos" presuntamente cometidos por terceras personas "que podrían tener relevancia penal". Por su parte, en la segunda reunión el letrado vinculado a las supuestas cloacas comunicó su voluntad de interponer "varias denuncias en la Fiscalía" relacionadas con aquellos hechos.