Hasta septiembre de 2022, Sofia había desempeñado su cargo en la secretaría del consulado de Marruecos en Las Palmas con normalidad. Sin embargo, con la llegada de una nueva diplomática a la legación, dio comienzo un "infierno" para la trabajadora. La causa de su agonía fue Fatiha El Kamouri, que se ensañó con ella y otros trabajadores, hasta el punto de que Sofía sufrió un infarto un mes y medio después de la incorporación de la nueva cónsul. A partir de ese momento, se inició un largo proceso en los tribunales, que continúa abierto por la negativa del consulado a acatar las sentencias judiciales.
La cercanía de Sofía (nombre ficticio) con el anterior cónsul, hizo que El Kamouri comenzase a maltratarla psicológicamente, dado que entre los dos diplomáticos no existía buena relación. "Me gritaba, me tiraba los documentos desde el otro lado de la mesa, me culpaba de todo lo que no funcionaba a su gusto", recuerda la trabajadora, que ha narrado los malos tratos a los que fue sometida a El Independiente.
Además de Sofía, también fueron víctimas de estos ataques el resto de trabajadores locales, que son empleados contratados en el lugar donde se encuentra la sede diplomática, en este caso en Canarias. Y a su vez presenciaron maltrato hacia los funcionarios marroquíes que habían llegado por parte del Ministerio de Exteriores de su país, pero en su caso podían pedir el traslado a otros destinos. Para los locales, la única opción era la renuncia, el objetivo que El Kamouri perseguía con su acoso. Aun así, ninguno abandonó su puesto.
A Sofía le despojó de su despacho, una acción que ella entendió como un "destierro". Sin ordenador y con un teléfono que solo podía usar para atender las llamadas de la cónsul, su única función pasó a ser la de atender e informar a los ciudadanos que acudían a la legación. "Si la cosa se hubiera quedado ahí, lo hubiera asumido", admite la empleada, a la que no le quedaban muchos meses para jubilarse. A sus espaldas, una trayectoria de décadas trabajando "sin problemas" junto a seis cónsules. Sin embargo, la pesadilla no había hecho más que empezar.
Un infarto a los 42 días de la llegada de la cónsul
"Seguía haciéndome subir a su despacho, hasta cinco o seis veces al día, donde me estaban esperando ella y cuatro funcionarios más, para recriminarme por cualquier motivo que se inventaba", detalla Sofía. A los 42 días de la llegada de Fatiha El Kamouri al consulado, sufrió un infarto agudo de miocardio: "Tal fue el estado de ansiedad que me provocó esta situación". A partir de ese momento, se inició una larga baja por enfermedad que se prolongó hasta su jubilación, dos años después.
Ante la situación de maltrato que estaban viviendo ella y sus compañeros, redactaron una carta denunciando las condiciones en el consulado desde que El Kamouri estaba al frente de la legación. La misiva iba dirigida a la implicada, pero también a José Manuel Albares; su homólogo marroquí de Exteriores, Nasser Bourita; al defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Su petición de auxilio quedó sin respuesta.
Entonces comenzó una larga odisea en los tribunales, que se ha saldado con 22 denuncias hasta la fecha. En el caso de Sofía, su infarto no se consideró accidente laboral ni se pudo demostrar que se desencadenase a raíz del maltrato porque tuvo lugar el 12 de octubre, día festivo. Le tuvieron que colocar cinco stents, unos pequeños aparatos que se introducen en las arterias del corazón para mantenerlas abiertas.
El consulado se niega a pagar lo que debe
Aunque no pudo demostrar el accidente laboral, Sofía sí que pudo demandar al consulado por la antigüedad que no le estaba pagando. Su litigio se ha traducido en ocho denuncias, cinco ante los tribunales y otras tres ante la inspección de trabajo. La trabajadora, ya jubilada, ha ganado dos juicios. En total, el consulado fue condenado a pagarle casi 27.000 euros en indemnizaciones por los pagos atrasados.
Sin embargo, solo ha podido cobrar 17.840 euros, que se corresponden con la primera sentencia ganada. Ni siquiera percibió el dinero por la buena voluntad de la legación, sino por un error del abogado del consulado, que presentó un recurso fuera de plazo. Todavía le deben 19.102, que espera cobrar pronto gracias a que la mutua debe adelantar el dinero ante el impago consular.
El caso de Sofía no es aislado. Otros tres empleados han denunciado también al consulado y han visto reconocidas sus demandas en los tribunales. Ya llevan ganadas once, pero no han recibido ni un solo euro de las indemnizaciones exigidas por la Justicia canaria. En total, la legación debe unos 71.000 euros a sus trabajadores. Y está haciendo todo lo posible por no pagarlos.
Crece el hartazgo
Sofía todavía tiene pendientes tres juicios para reclamar el dinero que le debe el consulado. Uno estaba previsto para el 26 de febrero, pero se ha movido el 12 de enero del año que viene. En los otros dos, están pendientes de señalar las nuevas fechas. El motivo de estos retrasos son las artimañas que está llevando a cabo la legación para dilatar el proceso lo máximo posible. Según detalla, el abogado consular "se dedicaba a aplazarlos por cualquier motivo". Finalmente, el letrado acabó renunciando a la defensa de su cliente, lo que volvió a posponer los procesos pendientes.
Al igual que con Sofía, el consulado está siguiendo esta estrategia con sus otros tres compañeros denunciantes. Hartos de esperar, volvieron a enviar una carta a las autoridades competentes, incluido Albares: "Nuestra intención al dirigirnos nuevamente a ustedes no es generar confrontación, sino trasladar con responsabilidad institucional, una situación que consideramos jurídicamente grave que afecta, no solo a los trabajadores implicados, sino también a la imagen y al respeto debido al ordenamiento jurídico del país anfitrión", manifestaban. La misiva fue enviada el 28 de abril y, nuevamente, no ha habido respuesta alguna.
Desesperada, Sofía espera que la Justicia española acabe interviniendo como lo hizo en el consulado de Marruecos en Murcia. Allí, el entonces cónsul marroquí en la región, Sidi Mohammed Biedallah, fue condenado por recurrente acoso sexual, laboral y moral contra una de sus empleadas. Los tribunales fijaron una indemnización superior a los 50.000 euros y, ante la negativa de las autoridades marroquíes a pagar la indemnización, se vieron obligados a embargar las cuentas del consulado en una medida excepcional.
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