El reinado de terror de la cónsul de Marruecos en Canarias: 22 denuncias en tres años y ninguna sentencia cumplida

En septiembre de 2022, llegó a Las Palmas una nueva cónsul general de Marruecos para esta región, Fatiha El Kamouri. Lo que hasta ese momento había sido un entorno de trabajo agradable, se convirtió en un auténtico infierno para los empleados, que en algunos casos llevaban más de veinte años trabajando en el consulado. Gritos constantes, episodios de racismo y crisis de ansiedad son solo algunas de las situaciones que denuncian los trabajadores.

El foco de estos ataques han sido los agentes locales, empleados contratados en el lugar donde se encuentra la sede diplomática, en este caso en Canarias. El Independiente ha podido hablar con algunos de ellos, que han narrado cómo El Kamouri les "amargó la vida" para que renunciasen a sus puestos de trabajo en el consulado, cosa que no han hecho. Según han relatado, también los funcionarios marroquíes que habían llegado por parte del Ministerio de Exteriores de su país han sufrido maltrato de la cónsul. Esta situación también ha provocado ansiedad entre algunos de estos últimos, que han solicitado su traslado a las autoridades alauís.

Con todo, la cónsul tuvo una fijación con los trabajadores locales desde el momento en el que asumió el cargo. Una de las trabajadoras, una limpiadora de origen ecuatoriano, fue despedida tras sufrir "mil perrerías denigrantes y racistas", apuntan estas fuentes. La mujer acabó aceptando los 32.000 euros de indemnización por despido improcedente "porque ya no podía más". Por parte del resto de sus compañeros, la tónica durante estos casi cuatro años han sido las bajas laborales de larga duración por ansiedad.

Ante su penosa situación, los trabajadores decidieron enviar una carta a la cónsul, en la denunciaron el trato que recibían y formularon una serie de demandas tan solo dos meses después de la llegada de El Kamouri a la oficina de Las Palmas. "Ha tenido un comportamiento hostil, prepotente y humillante, dirigiéndose con gritos y afirmando sus palabras con golpes en la mesa (..) creando un clima de miedo y de angustia, con el claro e indiscutible propósito de acosarnos laboralmente", le reclamaban. La misiva también fue remitida a José Manuel Albares; su homólogo marroquí de Exteriores, Nasser Bourita; al defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Nunca obtuvieron respuesta.

Una odisea judicial

Desesperados ante la falta de atención, no les quedó más remedió que acudir ante la Justicia. En los tres últimos años, cuatro empleados locales del consulado han presentado un total de 22 denuncias. Los tribunales y la inspección de trabajo les han dado la razón en la mitad de los procedimientos. Pero el consulado se resiste a cumplir el mandato judicial que le obliga a pagar indemnizaciones a sus trabajadores por los daños causados.

El Independiente adelantó en noviembre el caso de Mohamed, el nombre ficticio de uno de esos cuatro empleados. Este hombre llevaba trabajando desde 2008 en el consulado, donde realizaba labores de administración y atención a los ciudadanos. Sin embargo, nada más llegar Fatiha El Kamouri lo convirtió en su conductor con plena disponibilidad “de manera unilateral, sin notificación expresa y sin causa” que lo justificara. Además, la cónsul lo aisló del resto de sus compañeros y le sometió a tal clima de "miedo y angustia" que, tras numerosas asistencias a los servicios de urgencias por subidas de tensión y crisis ansiosas y previa medicación con ansiolíticos, Mohamed acabó con una baja médica con tratamiento de antidepresivos y ansiolíticos.

Todos estos hechos los recoge una sentencia del Juzgado de lo Social 9 de las Palmas de Gran Canaria, que considera probado el calvario de Mohamed y ordena el cese del acoso laboral y el pago de una indemnización de 20.000 euros por daños morales. Pero el consulado sigue sin cumplir hasta la fecha el fallo, emitido hace más de medio año.

Y Mohamed no es el único a quien el consulado debe dinero. Las otras tres personas que han presentado denuncias contra la legación también han visto sus demandas reconocidas por la Justicia, que ha ordenado al consulado abonar sendas indemnizaciones a los trabajadores. En total, son casi 79.000 euros que el consulado debe a sus empleados en indemnizaciones, incluida la de Mohamed. Tan solo Sofía (nombre ficticio) ha percibido una parte del dinero, unos 18.000 euros. El cobro no se ha producido por la buena voluntad del consulado, sino por un error de su abogado, que presentó un recurso fuera de plazo.

Mientras, el consulado sigue haciendo todo lo posible por entorpecer a los tribunales. Además de solicitar numerosos aplazamientos de los procesos pendientes, en varias ocasiones Fatiha El Kamouri no ha comparecido para explicar los motivos del incumplimiento de las sentencias ya dictadas, como había requerido la Justicia de Canarias. A comienzos de año, el abogado de la legación renunció a su defensa, lo que ha vuelto a retrasar varios juicios pendientes.

Al impago de la indemnizaciones se suma el incumplimiento de otras dos sentencias que anulaban las modificaciones de las condiciones de trabajo a Mohamed y otra empleada. Aunque los tribunales han dispuesto que ambos trabajadores recuperen sus funciones anteriores, el consulado ha hecho oídos sordos a los requerimientos.

La Justicia ya embargó las cuentas de otro consulado

El caso de Canarias no es el primero que salpica a un consulado de Marruecos en España. En Murcia, el entonces cónsul marroquí en la región, Sidi Mohammed Biedallah, fue condenado por recurrente acoso sexual, laboral y moral contra una de sus empleadas. La denunciante, que describió al cónsul como "un depredador sexual", encontró respaldo en los tribunales españoles, que ordenaron su readmisión tras un despido nulo y fijaron una indemnización superior a los 50.000 euros, además del abono de los salarios dejados de percibir. Pero el caso no terminó ahí. Ante la negativa de las autoridades marroquíes a pagar la indemnización, la Justicia española tuvo que recurrir a una medida excepcional y se vio obligada a embargar las cuentas del consulado.

Y junto a Biedallah, otros dos funcionarios de dicho consulado se han visto envueltos en problemas con la justicia. El primero se trata del chófer, que atropelló a un repartidor a domicilio y se dio a la fuga sin atender a la víctima. Mientras, otro de los empleados está implicado en una red de empresarios y trabajadores de funerarias acusada de enriquecerse con la identificación irregular de cadáveres de inmigrantes magrebíes y su repatriación.

Con el precedente de Murcia, queda por saber si los tribunales canarios terminarán adoptando medidas más contundentes ante el desprecio del consulado por la legislación laboral española y los derechos de sus trabajadores.