El desaparecido Rodolfo Reyes, de 'hombre fuerte' de Plus Ultra a principal señalado por la propia aerolínea

El empresario venezolano Rodolfo Reyes, que durante casi una década concentró el control efectivo de Plus Ultra, se ha convertido ahora en el principal señalado por la propia aerolínea en la investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido por la SEPI en 2021. Sobre él pesa una orden internacional de detención y, según ha podido saber El Independiente, todo apunta a que permanece en Venezuela.

Los escritos que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el consejero delegado, Roberto Roselli, han presentado esta semana ante el juez José Luis Calama, dibujan un relato en el que Reyes aparece como el responsable de prácticamente toda la operativa que desde marzo investiga la Audiencia Nacional. Ambos sostienen que fue él quien negoció personalmente la financiación internacional de la compañía, quien seleccionó a los prestamistas, quien controló las operaciones en Venezuela y quien ocultó a la dirección la identidad real de algunas de las sociedades que acabaron financiando a la aerolínea.

Reyes fue durante años el 'hombre fuerte' de Plus Ultra. Tal y como explican los directivos en sus escritos, entró en el accionariado a finales de 2016 y, tras varias ampliaciones de capital, pasó a controlar alrededor del 64% de la compañía a través de SNIP Aviation. Ejerció como director general de 2017 a 2021, y mantuvo el "control efectivo" de la gestión ordinaria y del Consejo de Administración hasta octubre de 2025. Fue, además, quien contrató al propio Roselli y quien dirigía la actividad de la filial venezolana y de la empresa de handling Aerovip.

Los préstamos de sociedades opacas

Los actuales directivos descargan sobre Reyes toda la estrategia de financiación internacional durante los años previos al rescate de la SEPI. Según su versión, fue él quien articuló la relación con entidades como Wailea Investment, Allpa Wira Trading, Panacorp o Valerian Corporation Limited, sociedades que la UDEF sitúa dentro de una presunta estructura internacional dedicada al blanqueo de capitales.

En ese contexto, Solá y Roselli relatan que, en febrero de 2019, el departamento de compliance recomendó expresamente no aceptar financiación de Valerian Corporation Limited al no poder acreditar el origen de sus fondos. Pese a esa advertencia, Reyes ordenó seguir adelante con la operación y autorizó la entrada del dinero. Meses después, en agosto de 2020, el empresario terminó reconociendo en una conversación de WhatsApp que era él mismo quien estaba detrás de aquella sociedad: "Valerian soy yo".

De controlar Plus Ultra a ser denunciado por la aerolínea

La caída de Reyes comenzó a finales de 2024. Según explican Roselli y Solá, los potenciales inversores que negociaban la entrada en el capital de Plus Ultra condicionaron la operación a la salida del empresario venezolano, de su esposa y del también directivo Raif El Arigie. La razón era el creciente daño reputacional que provocaban las informaciones publicadas sobre Reyes y las investigaciones judiciales que ya les rodeaban.

Aunque inicialmente se negó a vender su participación, ambas partes alcanzaron finalmente un acuerdo en mayo de 2025 que terminó ejecutándose en octubre de ese mismo año. Con esa operación, Reyes dejó de controlar la aerolínea después de casi una década al frente del proyecto.

Sin embargo, la ruptura se hizo efectiva en enero de este año, cuando la nueva dirección formalizó su despido tras detectar "graves irregularidades" en la gestión de la filial venezolana. Desde entonces, la relación entre la compañía y quien fuera su principal accionista es "absolutamente inexistente", según subrayan ambos directivos. Cabe recordar que tanto Roselli como Martínez Solá fueron detenidos el 11 de diciembre de 2025 en el marco del 'caso Plus Ultra'.

La nueva cúpula fue un paso más allá y presentó dos denuncias penales contra Reyes y El Arigie ante la Fiscalía de Caracas. La primera, el 14 de junio de 2026, por la presunta apropiación de fondos y la falsificación de documentación mercantil para simular un pago a un proveedor de combustible. La segunda, menos de un mes después, por una supuesta apropiación continuada de fondos mediante pagos ficticios del IVA entre 2022 y octubre de 2025.

Su teléfono móvil, clave en la investigación

Los escritos también atribuyen a Reyes las primeras gestiones para intentar acceder al rescate público durante la pandemia. Según exponen ambos directivos, fue él quien pidió buscar contactos con capacidad de influencia dentro del Gobierno y quien impulsó los primeros movimientos que terminaron desembocando en la participación del empresario alicantino Julio Martínez Martínez y, posteriormente, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Precisamente, de las conversaciones extraídas de su teléfono móvil —intervenido en 2021 en el marco de una investigación de Homeland Security Investigations (HSI) en Estados Unidos— salen algunas de las principales líneas de investigación que hoy sostienen la causa. Es a partir de los mensajes de Reyes que la investigación reconstruye el recorrido de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia, y de ellos se extraen los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero acordada esta semana por el juez Calama, como ya informó El Independiente.

La primera mención al expresidente socialista llega el 30 de marzo de 2020. entre Rodolfo Reyes y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá. Según recoge la UDEF, Reyes le pregunta: "¿Tienes idea cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc?". Martínez Solá responde entonces que el director financiero de la compañía, Roberto Roselli, ya le había trasladado esa necesidad y que había activado "dos vías" para intentarlo: "Delcy que llame a Ábalos" o "alguien con Zapatero".

En la actualidad, Reyes permanece en paradero desconocido. Según detallan fuentes conocedoras a este periódico, todo apunta a que se encuentra en Venezuela, un país que, por su legislación y la protección que habitualmente dispensa a sus nacionales, hace muy improbable una eventual entrega a España pese a la orden internacional de detención que pesa sobre él.