Un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han solicitado la nacionalidad española a través de la ley de memoria democrática, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según la información del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Del total de 2,4 millones de solicitudes, la mitad (1,2 millones) se han presentado en las oficinas consulares de España, de acuerdo con los datos registrados a fecha del 31 de marzo de este año.
La ley de memoria democrática, aprobada en 2022, ofrece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista.
También abre esta vía para obtener la nacionalidad a los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y a los hijos mayores de edad de aquellas personas a las que ya se les concedió la nacionalidad con la anterior ley de memoria histórica de 2007, según EFE.
La ley tenía una vigencia temporal para pedir la nacionalidad española de dos años, que se prorrogó uno adicional, de manera que el plazo se cerró en octubre de 2025, no así la tramitación que continúa.
Según el ministerio, la llamada ley de nietos se está cumpliendo con un proceso garantista que es de justicia para los descendientes de quienes, por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación sexual o por razones económicas, perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española.
Ha acusado además al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "frivoliza y manosea" la memoria democrática y los derechos adquiridos por las víctimas, reduciendo a una cuestión electoralista un asunto que es "de justicia", porque se les devuelve la nacionalidad a descendientes de personas que la perdieron al huir de España.
Consideran que el PP "está poniendo palos en las ruedas" a otorgar la nacionalidad a quienes tienen derecho "a ser igual de españoles que ellos", e insisten en que no se trata de un privilegio, sino de una medida extraordinaria de reparación histórica.
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