Justo el día en que acaba el plazo para solicitar la regularización extraordinaria en España de los inmigrantes que llevan residiendo en nuestro país desde el año pasado, el Supremo plantea llevar ante la Justicia europea este tema por si colisiona con el derecho comunitario. Ese fue uno de los argumentos del primer partido de la oposición en contra de una regularización que ha sobrepasado los cálculos iniciales de 500.000 personas, dado que lo han solicitado más de 1,3 millones de personas, peticiones que debe tramitar ahora el Ejecutivo.
El alto tribunal ha cambiado de criterio, pues hace tan sólo unos meses avaló este proceso de regularización. La diferencia es que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo entró en vigor definitivamente hace apenas dos semanas, en concreto el 12 de junio, por lo que el TS entiende ahora que la regularización masiva pactada con Podemos, sí puede puede colisionar. Se trata de una batalla ganada, al menos parcialmente y a la espera de ver sus efectos reales, por el PP. Gobiernos autonómicos como el aragonés y el valenciano, interpusieron recursos contra la regularización masiva, bajo el argumento de que toda regularización debía ser persona a persona, tesis defendida por los propios socialistas antes del pacto con los morados.
Feijóo ya trasladó sus dudas a sus socios europeos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado estas dudas a sus socios comunitarios en distintas ocasiones con motivo de las reuniones del PPE previas a la cumbres del Consejo Europeo, incluso vinculándolo al terrorismo yihadista. Alertó del, a su juicio, "efecto llamada", habló de "temeridad" y ha venido defendiendo que "Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones". Feijóo ha sacado pecho por haber abierto esa vía ante el Supremo al tiempo que ha inistido en su tesis respecto a la "ingeniería electoral" que pretende, dice, el gobierno de coalición y sus socios.
Mientras se conocía la decisión del Supremo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta mañana una partida de 500 millones de euros para lo que ha denominado Plan de Integración y Ciudadanía. Su objetivo es facilitar el acceso a la formación, al empleo y al aprendizaje del idioma de los inmigrantes regularizados, mientras que la líder de Podemos, Ione Belarra, apuesta por ampliar el plazo de regularización al tiempo que acusa a la Administración de ir "a la caza dle inmigrante" y facilitar "vuelos colectivos de deportación".
Reivindica la líder morada la autonomía de cada estado para desarrollar su propia politica de inmigración, diga lo que diga el Supremo. "La realidad es que cada país es soberano para aplicar la política migratoria que considera. En último término, cada país tiene soberanía para llevar adelante las medidas que considera más efectivas", ha defendido esta mañana en una rueda de prensa en el Congreso.
El PP lanza sombras de sospechas sobre la regularización y la "ley de nietos"
Las palabras de Belarra contrastan con el análisis que hace Vox, en su caso por boca del secretario general del Grupo en el Congreso, José María Figaredo. Apela a que la propia Comisión Europea y organismos de la Unión "que no son precisamente simpatizantes de Vox, han manifestado su sorpresa. Piensen ustedes que todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea".
Las comunidades autónomas recurrentes tienen ahora la posibilidad de pronunciarse sobre si creen que debe plantearse una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde Génova ponen el acento en la gravedad de que "el Supremo tenga dudas de la legalidad de una decisión del Gobierno". Reivindican que sus dudas en el ámbito político "tienen continuidad con las dudas del TS en el ámbito judicial". Para los populares no hay duda de que la regularización masiva "es contraria a las doctrinas fijadas en el marco de la Comisión Europea y del Consejo Europeo".
Las críticas del PP se extienden también a la llamada "ley de nietos", un proceso acelerado de nacionalizaciones a los descendientes de aquellos que abandonaron el país entre 1936 y 1955 por persecución política en la postguerra y parte del franquismo.
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