El partido de Santiago Abascal ya no formulará una nueva petición y sí recurrirá la decisión de la Junta Electoral Central del viernes pasado, 16 de julio, en la que afirmó no tener "competencias" para poner fin a lo que Vox determina un "fraude o ilegalidad" en el censo derivado de las nacionalizaciones que vienen de la coloquialmente denominada 'ley de nietos'. En concreto, el partido, entre otros, reclamaron a la JEC suspender cautelarmente la elaboración del Censo de Electores de Residentes Ausentes (CERA) y el voto por correo. El organismo indicó que la Constitución protege el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero y "no puede sustituir el criterio del legislador", que estableció por ley "las condiciones y el procedimiento" para ese voto de emigrados. "No es posible acceder a este tipo de solicitudes. La administración electoral debe aplicar a todos los procedimientos dispuestos en la administración mientras sigan vigentes".
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Incidiendo en esa ausencia de "competencias", la JEC recordó a Vox y al resto de reclamantes que podían plantear sus demandas ante el Tribunal Constitucional o la jurisdicción contencioso-administrativa si lo veían necesario. Por otro lado, la JEC reclamó justificar los motivos por los que el voto exterior se hacía en una determinada provincia ante las dudas de todos los que acojan a la nacionalización de 'nietos' recogida en la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que una instrucción de Justicia por parte de Sofía Puente amplió más allá de los descendientes de exiliados en la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, a la segunda mitad del siglo XIX.

Este recurso ante el Tribual Supremo supone un paso más de los de Abascal en estos términos. En enero de 2023, Vox recurrió la norma de Memoria en su totalidad y presentó un recurso de inconstitucionalidad que aún está pendiente de respuesta. Este año se han registrado preguntas y solicitudes de información aún no contestadas por el Gobierno, indican fuentes del partido. Vox empieza a dar relevancia mayor al asunto coincidiendo con la aplicación de la regularización extraordinaria de inmigrantes ya presentes en España. Abascal, en el monográfico por corrupción en el que compareció el presidente del Gobierno, acusó incluso a Sánchez de querer "maniobrar para alterar las generales".

A finales de junio Vox solicitó a la Secretaría de Estado de Justicia que declarase nula de pleno derecho la instrucción de Puente de octubre de 2022 y se suspenda cautelarmente, acotando el asunto a esos descendientes de exiliados. Desde el partido aseguran no tener constancias aún sobre el tema y esperan que lo acepten y eso derive en un pronunciamiento del Consejo de Estado para determinar si es legal o no. A una nueva batería de preguntas a principios de julio e el Congreso se une el 2 de julio la denuncia ante la Comisión Europea del asunto y se pide abrir un procedimiento de infracción contra el Gobierno. Creen que hay precedentes con un caso maltés, donde el Ejecutivo vinculó nacionalidad a inversiones económicas sin necesidad de vínculo, lo que conllevó que se elevara el asunto a instancias judiciales. Y ahora señalan que si se aplica esa nacionalización al grueso de solicitudes, más de 2,5 millones, puede haber un efecto en los servicios pero también a nivel europeo al entregar con la nacionalidad española un pasaporte europeo. "Su concentración masiva, sin vínculo genuino, ni control de seguridad vulnera el Derecho de la Unión", aseguran fuentes de Vox.

Al paso jurídico que se anuncia este martes tras el pronunciamiento de la JEC le sigue otro relacionado con las empresas contratadas por España en el extranjero para la gestión de esos procedimientos electorales del voto CERA. La JEC apenas se refirió en esa respuesta a Vox a otra de las exigencias, la revisión de los contratos con las empresas mexicana NEORIS y la cubana PALCO. Ahora Vox pide directamente al órgano de contratación que los revise y los anule. Si no se hace, también acudirán a los tribunales.

En su cruzada europea contra este asunto, Vox ha fijado un encuentro con Ana Gallego el próximo 25 de agosto. Es la directora general de Justicia y Consumo de la Comisión Europea. Acudirá el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé en representación del partido. Se le quiere trasladar que "hay un fundamento" para intentar paralizar esa nacionalización ampliada a los descendientes de españoles en el extranjero y reclamarle que a su vez el Gobierno dé explicaciones sobre "un procedimiento que creemos que es ilegal", aseguran desde la formación.