La ampliación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 en Congreso, conocido ese apartado coloquialmente como 'Ley de Nietos' y la extensión, a través de una instrucción, de exclusivamente descendientes de exiliados por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y los primeros años del Franquismo a todos los emigrados desde finales del siglo XIX, ha generado un debate más político que técnico y sembrado de dudas todo un proceso consolidado en España como es el electoral. La opacidad del Ejecutivo, que no ilegalidad, ha dado combustible a la oposición para trasladar incertidumbre sobre las intenciones de Pedro Sánchez y el PSOE en un momento de cuestionamiento generalizado, por la falta de apoyos parlamentarios, un desgaste político claro y un asedio judicial por, entre otros motivos el de corrupción, en diferentes causas de figuras que han estado ligadas al partido, como Ábalos, o se han relacionado con él.

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Antes de entrar en el por qué del debate, conviene despejar la duda. ¿A quién beneficia el voto CERA? Este es el voto de los españoles residentes en el extranjero –cuyos descendientes obtienen esa nacionalidad por derecho de sangre–, desplazados por cualquier motivo en su vida o que han conseguido la nacionalidad desde el exterior por uno de las aspectos recogidos en la legislación. Objetivamente, sobre los resultados, en las generales desde que se concede este tipo de voto, el PSOE sale favorecido en ocho de los trece comicios celebrados a nivel nacional, pero desde que los socialistas gobiernan en estas últimas tres legislaturas, se está produciendo un vuelco en el que es el PP el que sale beneficiado.

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Generalmente, el voto exterior ha ido de la mano con los cambios políticos. El desgaste del PSOE en los noventa y el ascenso de José María Aznar, la inversa con José Luis Rodríguez Zapatero y un descontento con la crisis económica que impulsa al PP pero que a la vez reduce a mínimos una ya participación muy baja. La caída de Mariano Rajoy y el ascenso de Sánchez también se refleja, así como su desgaste al frente del Ejecutivo y un sorpasso con notable impulso de los de Alberto Núñez Feijóo mientras que el voto al PSOE se estabilizó en las últimas generales de 2023. En vista a esa tendencia y al comportamiento electoral vinculado al desgaste, el voto CERA podría volver a aventajar a los populares en la siguiente convocatoria.

El PP, el único beneficiado por el CERA en 2019 y 2023

De hecho, solo hay dos precedentes recientes, desde que el sistema político es multipartidista, en el que un partido político haya salido favorecido por el voto CERA en las generales. En las últimas generales influyó en los escaños por la Comunidad de Madrid, de circunscripción única, quitando uno al PSOE y dándoselo al PP de Feijóo. En noviembre de 2019, el PP también arrebató un escaño al PNV por Vizcaya con ese voto exterior.

En Génova no están tan convencidos. Ven una tendencia clara en el último ciclo de votaciones que les hace desconfiar de Sánchez dentro de ese debate generado. Esta semana Feijóo habló de "ingeniería electoral" y desató las alarmas en torno al partido, que en los últimos días ha intentado rebajar cualquier atisbo de duda sobre la limpieza del sistema mientras que se extiende una actitud de alerta, de vigilancia previa ante un Gobierno, dicen, que nada en corrupción. Fuentes populares señalan a Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y a que en todos esos procesos el PSOE ganó a diferencia del voto ejercido en el territorio físicamente o por correo.

No apuntan ningún motivo o valoración al respecto, sin autocrítica, y lo achacan en una parte a la labor exterior de los socialistas en enclaves como Argentina, donde hay un importante grueso electoral, aunque allí el PP obtiene buenos resultados. Se deja caer que Paco Salazar, exasesor de Sánchez y acusado de acoso sexual a compañeras, que en verano de 2025 se trasladó a Buenos Aires, está pudiendo hacer una labor electoralista más allá de su oficio de consultor político. No especifican el qué. Sobre esas autonómicas comentadas, aunque hay una amplia diferencia, hay que tener en cuenta que son territorios donde la izquierda tradicionalmente ha estado fuerte. Además, el PSOE suele concentrar el voto de otras formaciones progresistas menores, mientras que la competencia PP-Vox ha perjudicado la capacidad de voto en la derecha. Pese a todo, ese voto CERA no ha alterado los resultados y se ha caracterizado por una participación menor que en las generales.

La competencia PP-Vox ha mermado a los populares en el voto CERA, mientras el PSOE absorbe a toda la izquierda en un momento de crisis de los partidos alternativos

En el caso extremeño votaron solo el 5,71% de los registrados, con 629 votos para el PSOE, 482 para María Guardiola, del PP y poco más de 300 para Vox y Unidas por Extremadura. En Aragón fue del 9,71% y el PSOE ganó con una diferencia de 544 votos sobre el PP. 1.022 de diferencia sacó el PSOE al PP en Castilla y León con una participación del 6,7%, y en Andalucía, por 404 votos con una participación del 7,17%. Esta tendencia se repitió ya en el ciclo de municipales y autonómicas previo a las generales de 2023, con esa legislación de nietos y la instrucción de Justicia aplicada, sin que hubiese más cuestionamiento electoral que por los acontecimientos anecdóticos de la compra de votos por correo en Melilla. De hecho, en esos mismos enclaves, ya ganó el PSOE antes de que Sánchez anticipase generales, salvo en Andalucía, donde lo hizo por la mínima Juanma Moreno, lo que certifica que cualquier incremento puede o no beneficiar a uno u otro.

Si se amplía la mirada, en el penúltimo ciclo PP el fue el más votado por el CERA en Galicia consiguiendo la mitad de los 29.300 gallegos en la diáspora, principalmente argentinos. Tampoco se generó distorsión en las vascas o las catalanas, con similitudes con los resultados definitivos con PNV y EH Bildu como los más apoyados, o con Junts y el PSC en las circunscripciones designadas a esos más y menos independentistas. Sí que se ve una tendencia ligada al origen, con apoyo a corrientes de izquierda en entornos socioculturales más progresistas, o a PP y Vox en los históricamente más conservadores. Independentistas, en su caso, en Euskadi y Cataluña.

En el plano autonómico, hay que remontarse a 2020 en Euskadi para atender al caso de la coalición PP+Cs, que arrebató con el voto CERA un escaño a EH Bildu para el Parlamento por Vizcaya. La vigencia desde 2011 del voto rogado, que dificultaba la participación –se suprimió en 2022– impidió vuelcos anteriores. Eso ahora podría cambiar, sobre todo en los grandes núcleos y con amplio listado de registrados, caso de Madrid, más al ser uniprovincial. De ahí pronunciamientos como el de Isabel Díaz Ayuso, que a las palabras de Feijóo ha sumado la consideración de que el Gobierno "está fabricando votantes socialistas". Alfonso Rueda ha mostrado preocupación por lo que pueda pasar en Galicia. Todo, pese a que en ambos casos, el voto exterior ha dado alas a la derecha. Vox ganó en 2023 uno a Ayuso, y este voto le brindó la victoria a ella. También en 2021. De hecho, mientras en el PP comentan la actividad del PSOE en el extranjero para fidelizar voto, hay que recordar que Ayuso impulsó una oficina para fidelizar el voto exterior.

¿Las nacionalizaciones de nietos cambian el censo y benefician a Sánchez?

Objetivamente, a mayor nacionalización de residentes en el exterior, mayor número de votantes CERA, por lo que proporcionalmente se produce una ampliación del censo, que no modificación a la carta. De hecho, la legislación de 2022, que ha permitido hasta el 31 de diciembre de 2025 solicitar esa nacionalidad por vía de 'nietos', ha sido abierta, y no selectiva desde el punto de vista territorial o bajo criterios de zonas en las que se puede dar un voto tradicionalmente más progresista. De hecho, el 90% de solicitudes se están dando en América Latina, en enclaves salvo Cuba o México donde la derecha radical y el nacionalpopulismo está haciéndose con los gobiernos.

En ese periodo abierto por el Gobierno, se han producido algo más de 2,6 solicitudes por vía de 'nietos'. De ellas, cerca de 400.000 se han aprobado, otras tantas están revisándose con una tasa muy baja de rechazo, pero de cara a las siguientes generales, en el primer o segundo trimestre de 2027, y al ritmo en el que se están tramitándose, muy lento, los expertos estiman que podría haber en torno a 600.000 nuevos electores CERA que podrán participar si acuden a los respectivos consulados. Para hacernos una idea de lo que supone, en 2023, ese censo CERA era de 2,3 millones para las generales. En junio de 2026 ha aumentado a 2,7 millones, y para los comicios alcanzaría los 2,93 millones con esas cifras previstas. Se estima que proporcionalmente, al aumentar la base, podría aumentar la participación, pero en esos procesos estaría primando más la obtención de un reconocimiento arrebatado a segundas o terceras generaciones, más que una intención de participación en las decisiones nacionales que ya de por sí es baja generalmente.

Desde 2022, aprobada la Ley de Memoria y la posterior instrucción de Justicia por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y secretaria general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, hasta las generales de 2023, hubo unas 69.000 nuevas nacionalizaciones. En entre los comicios de 2019, caracterizados por un periodo de saturación política y sucesivas convocatorias, y 2023, esa participación creció solo tres puntos. El censo CERA aumentó en total a 300.000 votantes principalmente por personas que emigraron de España a terceros países.

Las estimaciones de algunos sociólogos, como Ignacio Urquizu, apuntan en el caso más extremo que el bloque de la derecha puede salir beneficiada

Esta semana en el programa Más de Uno, de Onda Cero, el sociólogo y consultor externo de Metroscopia, Ignacio Urquizu, trasladaba los resultados de una estimación basada en los datos de numerosos sondeos previos, teniendo en cuenta que se concediesen y votasen esos más de dos millones y medio de demandantes de la nacionalidad de acuerdo a la ley de nietos, atendiendo a las nacionalidades de origen donde más se han hecho esas solicitudes, y al comportamiento de los electores residentes en España procedentes de esos lugares para intentar aproximar cómo de radical sería el escenario electoral de unas generales. Según trasladó, el PSOE sería el partido que sacaría mayor rédito, con unos 500.000 electores. Le seguiría el PP con 400.000, casi en empate técnico con Vox, y Sumar, o las izquierdas alternativas, se llevarían 70.000. Esto dejaría al bloque de la derecha con una diferencia de 150.000-200.000 votos a su favor.

Si se tiene en cuenta el lugar desde donde se ha solicitado acogerse a la legislación de nietos, Argentina acumula el 40% de las demandas, en torno a 1,2 de 2,6 millones, con más de 640.000 solicitudes en Buenos Aires. De acuerdo a las aproximaciones de Urquizu, y al comportamiento del voto argentino nacional, cree que el PP saldría muy beneficiado, así como por el voto desde EEUU, Uruguay y Venezuela, muy secundario en esas peticiones de nacionalización. El PSOE saldría ganador en Cuba, que representa el 25-30% de esas solicitudes, y también en México, entre el 5-8%, así como de otros enclaves menores como Brasil o Chile. En el caso de Vox, también saca sus mejores resultados entre Buenos Aires y La Habana.

Madrid concentra el voto CERA por las personas que han salido, pero los nacionalizados desde el extranjero priorizan otras autonomías por vínculo familiar

Una de las mayores críticas lanzadas estos días es que hay una modificación clara del censo cuando esos nietos al no conocer el origen de sus antecesores, donde procedería el registro, eligen a la carta la provincia, y por lo tanto la circunscripción, a la que estarán asociados. Lo cierto es que por defecto, si alguien lo desconoce pasa directamente a integrar la de Madrid, como epicentro de la Administración. Urquizu señalo que no es lo cotidiano y que en procesos de nacionalización anteriores, como el derivado de la Ley de Nietos de 2007 de Zapatero. En ese y otros casos las zonas más afectadas han sido Galicia, Asturias, Canarias, algunas provincias de Castilla y León, de Euskadi y de la Andalucía oriental, lugares que han experimentado más esa emigración. Con una estimación centrada en indicios y aproximaciones, Urquizu no prevé un gran impacto electoral y ve una cierta ventaja para la derecha.

"Nadie puede elegir dónde votar antes de las elecciones"

El sociólogo y presidente de GAD3, Narciso Michavila, también intervino estos días atrás en diversos programas informativos. Una de las conclusiones trasladadas en Cuatro, en En boca de todos, es que un ciudadano no residente que se suscriba a la Ley de Nietos, no puede elegir libremente donde vota. Y aunque pudiera, durante estos procesos en marcha, no podría saber con antelación si en una provincia u otra puede haber un escaño "que baila". Aleja las dudas arrojadas contra un sistema que cree "garantista", aunque no niega que en las máximas del Gobierno pueden estar aprovechar todos los resquicios posibles a su disposición para influir. Igualmente, alabó los cambios realizados estos años, especialmente sobre la retirada del voto rogado que ha permitido elevar algo esa participación.

Michavila invitó también a separar lo que es una regularización extraordinaria respecto de la Ley de Nietos. La primera no otorga la nacionalidad, solo regulariza la legalidad de residencia y capacidad laboral y de cotización. Sí consideró necesario un debate profundo sobre si esas nacionalizaciones de 'nietos' y esa integración en España de varios millones de ciudadanos en unos cuantos años es compatible con la capacidad de adaptación de los servicios públicos conforme están planteados hoy en día. El mismo caso con el parque de vivienda. O el debate que eso genera en Europa, por la libertad de tránsito en terceros países que adquieren los nacionalizados o los residentes, al menos durante 90 días si es por turismo. Por otro lado, en lo electoral, si entiende necesario plantear si la incapacidad de voto de esos residentes en España tiene sentido cuando en la distribución de cuántos escaños aporta cada provincia se mide únicamente por el total de población y no de votantes, por ejemplo.

Para Michavila, sí que puede haber un debate de fondo sobre si el sistema y los servicios públicos o el parque de viviendas están preparados actualmente para asumir esas nacionalizaciones extra, en el caso de que se trasladen por determinadas circunstancias a nuestro país, o directamente las regularizaciones extraordinarias, que no implican nacionalidad ni voto, solo residencia legal. Algo que Europa ve con reticencia, dado que al obtener el pasaporte, también es la comunidad europea. Y, además, considera necesario repensar el modelo, dado que mientras que esos inmigrantes regulares que llegan no pueden votar, sí condicionan el número de escaños a repartir por provincias según el total de población, por ejemplo.

Una polémica fraguada entre estrategia y opacidad

La situación del Gobierno en todas sus vertientes ha hecho que esa ampliación de exiliados republicanos a también descendientes de emigrantes desde finales del siglo XIX, sea leído bajo sospecha por la oposición. Todo pese a que de por medio se han pasado todos esos procesos electorales intermedios desde 2022 a 2026 sin que se alzase la voz. Desde el PP se defiende esa necesidad de estar alerta en todos los aspectos de oposición, pero por otra parte, hay un claro 'efecto Vox'. El Gobierno les acusa de lanzar bulos y a Feijóo de "irresponsabilidad mayúscula".

Y que en estos días atrás, los de Santiago Abascal han alentado la idea de "pucherazo" incluso en un pleno parlamentario, como antes lo hicieron socios internacionales como Trump, para allanar la carrera a las generales, generar dudas sobre las garantías del sistema y apelar a una democracia superior mientras Sánchez decide agotar la legislatura pese al bloqueo legislativo. Todo, mientras se insiste en la necesidad de elecciones pese a alentar en esa falta de garantías, y se está demostrando, por las propias investigaciones judiciales, el funcionamiento de las instituciones y los poderes públicos. Más teniendo en cuenta la fortaleza del sistema y el paraguas de la UE. Hay precedentes recientes, como Rumanía, donde las dudas sobre la limpieza de los comicios presidenciales llevó a su suspensión en 2024 y repetición meses después.

El PP, para no dejar que se les gane por la derecha con un relato duro, busca una posición intermedia. Cree que incluso los votantes socialistas están preocupados, no por lo electoral, sino por el impacto de esas nacionalizaciones en los servicios. Se pone la lupa sobre los refuerzos a través de empresas privadas en los consulados para agilizar los procesos mientras se evitan, dicen, transferir mayores recursos a otros servicios como el sanitario o el del transporte. Se habla de INECO, vinculada al 'caso Koldo' por utilizarse para colocar a Jessica Rodríguez, la novia de Ábalos, y se pone la lupa en otra empresa estatal cubana Palco. Y se duda porque oficialmente el Gobierno no ha comunicado estos contratos, pero sí el senador César Mongo en una publicación de El Socialista.

Con todo, de fondo el PP defiende la necesidad de nacionalizar a esos nietos, lo dijo Feijóo en Argentina en 2007, antes de ser presidente de la Xunta. Lo volvió a hacer en 2022, al llegar a la presidencia nacional del PP. La diferencia es que los populares lo quieren a través de una ley de nacionalidad que englobe todos los aspectos para conseguirla, desde a la vía por residencia prolongada como a esa reparación que ven adecuada tras la Guerra Civil, pero acotada y consensuado todo en el Congreso, no mediante una instrucción que ven nula de pleno derecho por generar discrepancia con lo recogido en Memoria Democrática. Todo con transparencia.

Recientemente, en estas páginas, el juez Manuel García Castellón reflexionaba sobre este asunto. Hacía referencia a los atrasos de la administración española en consulados como el de La Habana, que ha provocado largas colas y esperas a los demandantes desde 2022. Una deuda de largo tiempo. Pero a la vez reflejaba que esa opacidad de por sí ya contribuye a generar dudas sobre un proceso sin que haya necesidad de que haya pucherazo. Y plantea una cuestión: los motivos de no imitar a otros países con este tipo de precedente y exigir un mínimo de residencia en el territorio para poder ejercer el voto y no desvincularlo al principio de esa obtención de nacionalidad.