La relación policial que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) [una unidad poco conocida de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional] hace entre la crisis de Ceuta y la implicación de Marruecos ha dejado tocado a los socios minoritarios del Gobierno, a Sumar. Dentro de la confluencia, en pleno proceso de refundación del que aún no se conocen novedades en casi diez meses, la indignación es clara. Sobre todo, después de que el PSOE se haya mantenido firme en determinar a Rabat como "socio fiable" y "colaborador" en la gestión migratoria. La semana pasada, incluso, los socialistas se quedaron solos frente a todos los grupos del Congreso, desde la izquierda estatal y soberanista, hasta la derecha nacional e independentista. Todos concluyeron que el Gobierno rebaja el papel de país vecino en la crisis.
Una de las dudas que se dejaron caer es si el PSOE teme una posible filtración de datos robados con Pegasus, aunque el propio ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, descargó responsabilidades y apuntó que la Audiencia Nacional archivó la causa ante la falta de pruebas para señalar a un responsable. Ahora, sobre la mesa, queda conocer si realmente el Gobierno desechó información de inteligencia y si mintió en las comparecencias de la semana pasada. Especialmente, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que hizo esa defensa clara de Rabat y negó la versión de la titular de Defensa, Margarita Robles, que defendió la actuación del CNI y CIFAS y el traslado de información y rápidamente fue desmentida por Marlaska. Sin negar la recepción de informes de nuevas entradas o un mayor tránsito, el Gobierno sí negó que reflejase una magnitud como la que se dio finalmente. Según el informe del CENIF al que ha tenido acceso El Independiente, hubo hasta nueve avisos a Interior de intentos de entrada masiva.
Mientras los socios externos muestran reticencia contra el Gobierno, Sumar asume el rol más complicado de la crisis, el de determinar qué consecuencias debe tener este nuevo episodio con Sánchez. Hace tan solo un mes, el PSOE rompía una de las promesas del programa de Gobierno firmado en octubre de 2023, el de no prolongar la vida de las centrales nucleares, en este caso Almaraz. A Sumar, en esta legislatura le ha costado determinar reacciones, siendo el momento más grave cuando desde IU se barajó incluso que la confluencia abandonase el Gobierno ante las posiciones sobre Israel, Palestina y ante las demandas de rearme internacional. Ahora los izquierdistas vuelven a ofrecer la versión más dura.
Los de Antonio Maíllo han sido junto al representante de Compromís dentro de la alianza, Alberto Ibáñez, los socios que mayor pronunciamiento han tenido durante la crisis de Ceuta y el periodo estival de descanso en agosto. Ahora que el debate interno es determinar el tono contra el PSOE, en un momento de mínimos electorales –según las encuestas– para la izquierda y sin proyecto sólido autónomo para las próximas generales, es IU quien como el año pasado vuelve a contemplar la actuación más contundente. Si bien no se plantea por ahora salir del Gobierno, sí se atiende ya a una posible exigencia de dimisiones, la del ministro Marlaska y de otros cargos del ministerio o de los cuerpos en su defecto. Este asunto ya fue una demanda a finales del año pasado, junto a Robles y la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, cuando Yolanda Díaz reclamaba a Sánchez una crisis de Gobierno y relevos para relanzar la coalición. Se desatendió.
Este miércoles, desde el Parlamento Andaluz, Maíllo se refirió al informe solicitado por la jueza María Tardón a la Policía. Aludió el asunto, así como la información adelantada por El Español en el que se asegura que la jueza habría pedido confidencialidad y no elevar el asunto a cargos superiores. "Si se confirma que la Policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la Policía, y si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esa información y no la transmitió, pues tendrá que asumir la responsabilidad el ministro". De hecho, tras esta contundencia, el portavoz de IU y diputado en el Congreso, Enrique Santiago, pidió por escrito al Ministerio que confirme si la jueza "ordenó a la Policía no trasladar a la cúpula de Interior los informes sobre Ceuta".
Para IU, si se demuestra que Interior tenía información similar a la que refleja ese informe, ya público, el ministro debe dimitir
El propio Ministerio agravó en la tarde de este miércoles el asunto, a horas de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, para la que presionaron socios y oposición. Después de conocerse la existencia de ese informe, Interior trasladó que el director general de la Policía, Francisco Pardo, les transmitió que ese documento no acusaba directamente a Marruecos, todo pese a que el informe indica "planificación previa", el "guiado activo de las Fuerzas de seguridad" dentro del territorio marroquí de esos más de 72.000 migrantes que irrumpieron entre el 30 y 31 de julio, y una situación "fuera del alcance" de las mafias. Se habla de agentes encubiertos entre la multitud interviniendo en las entradas.
La postura de Marlaska y su gabinete es la de desconocimiento por las instrucciones de la jueza, de hecho reclamó por carta explicaciones a Pardo. Dentro de Sumar y de IU no descartan "deslealtades" entre algunos mandos del cuerpo y el Gobierno, algo que quieren dilucidar, que se investigue. Pero, independientemente del asunto, los izquierdistas inciden en que llevan denunciando todo agosto la implicación marroquí de una forma u otra. "No se mueve una hoja en Marruecos sin que lo sepa su Gobierno; no se mueven entre 70.000 y 80.000 personas yendo a la frontera de Ceuta en camiones, andando de manera masiva sin que se detecte", determinó Maíllo, muy en la línea de Podemos, o de la oposición, de partidos como el PP, que sí pidieron explícitamente la dimisión.
La claridad de Maíllo, en todo caso, contrasta con la del resto de partidos de Sumar. Dentro, algunas voces de la confluencia invitan a ser "prudentes" y a esperar a las explicaciones que este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga en su comparecencia parlamentaria. "La cosa no pinta bien, pero sin ver el informe es precipitado" valorar, determinan en todo fuentes parlamentarias. A esa prudencia se suscriben desde Movimiento Sumar a Comuns, Más Madrid e incluso Compromís.
Sumar pone el foco en el ámbito policial y judicial
La formación creada por Díaz, a través de la colíder Verónica Martínez Barbero, también diputada en el Congreso, determinó que "resulta cada vez más difícil" que Sánchez y los suyos sigan negando la implicación de Marruecos. El presidente fue el último que lo hizo durante su entrevista el lunes en Cadena SER. Pero lejos de hablar de dimisiones, fue más cauta. Reclamó "claridad y transparencia" respecto al informe y "depurar responsabilidades", pero poniendo el foco en los que no trasladaron esa información al ministro, todo pese a decretarse el secreto por parte de la jueza. "De acreditarse el contenido del informe", añadió, ven necesario esa convocatoria de urgencia de la embajadora marroquí en España.
El portavoz de Movimiento Sumar, militante de los comunes y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, vio "evidente" que existe "algún tipo de responsabilidad por acción u omisión" de Marruecos, pero se mantuvo "prudente" como invitan otras fuentes en la formación. Catalunya en Comú no publicó ni dio ninguna valoración del asunto. Tampoco ante las consultas de El Independiente.
Socios como Más Madrid y Compromís cuestionan que se hable de privacidad con los superiores y al mismo tiempo se permitan las filtraciones
Dentro de Más Madrid la ministra Mónica García sigue esa línea de Urtasun, de mayor contención dentro del Consejo de Ministros, pero otras voces del grupo, vinculadas a la fuerza madrileña como Tesh Sidi, se han posicionado para cuestionar a algunos mandos policiales. "¿No compartas el informe con tu superior, pero sí se permite una filtración?". "Las filtraciones se van a llevar por delante toda la credibilidad de la judicatura y la democracia", compartió en X Sidi. A nivel de partido, no ha habido más alusiones al asunto.
Sí desde Compromís. El único diputado de la marca dentro de Sumar, Ibáñez, valoró como "muy grave" la situación. Habló de dos situaciones, o que la Policía oculte información "al mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" o que Marlaska mienta. "En cualquiera de los dos casos, deben asumirse responsabilidades y actuar". No aclara cuáles. Tras las matizaciones de Interior, negando que el informe vincule una actuación directa de Marruecos, algo que queda desmentido por el informe, Ibáñez comentó en X que en Compromís "seremos prudentes por el contexto de golpe blando al Gobierno, de ataques híbridos, bots, IA, y campañas coordinadas por potencias extranjeras, pero mañana Sánchez debe aportar transparencia, datos, institucionalidad y respuestas concretas y contundentes". El diputado, incluso ha reclamado por escrito a la Mesa de la Cámara que se le facilite el documento.
Sánchez apunta a mantener el argumentario previo al informe
El criterio general es el expuesto por Ibáñez: esperan que Sánchez no quiera pasar de puntillas por la crisis y creen que debe aprovechar la oportunidad. El contenido del informe es trascendente en la crisis. Lo cierto es que estas novedades debilitan la posición del presidente, pero las fuentes de Moncloa consultadas por este diario no dan a intuir que el asunto vaya a trastocar los planes de Sánchez en la intervención. Previsiblemente mantendrá argumentario.
La exigencia de explicaciones es compartida entre el resto de socios externos. El PNV espera como el grueso de Sumar a la comparecencia para posicionarse. ERC ve necesario que Sánchez aclare el asunto, mientras que Podemos es muy contundente. Su portavoz y secretario de Organización, Pablo Fernández, cargó contra unas "fuerzas dentro del Estado profundo dispuestas a hacer de todo para desestabilizar un Gobierno" a la vez que señaló como "incuestionable que Marlaska no puede seguir ni un minuto más al frente de Interior". Los morados incluso exigen romper relaciones con Marruecos y piden dar solución inmediata a la "crisis humanitaria". Otros partidos como EH Bildu y el BNG no se han posicionado.
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