Marlaska se escuda en que no conocía el informe judicial de Ceuta cuando él podría haber pedido uno de oficio

Fernando Grande-Marlaska ha encontrado este miércoles un argumento para explicar por qué no conocía el informe policial sobre la entrada masiva de Ceuta: el documento estaba vinculado a unas actuaciones judicializadas. Pero la explicación de Interior ha quedado atravesada por una nueva circunstancia. Después de que el ministro pidiera explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, y de que éste negara la existencia de un informe de los investigadores que señalara a las fuerzas de seguridad marroquíes, el documento ha salido a la luz.

La secuencia de las últimas horas es determinante para entender la controversia. A primera hora del miércoles, el ministro del Interior reclamó a Pardo que le informara sobre el supuesto informe policial cuyo contenido había trascendido y que apuntaba a la participación o actuación de agentes marroquíes durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

El problema, tal y como adelantó El Independiente y más tarde confirmó el propio ministerio de Interior, es que el documento al que se refería la información estaba elaborado en el marco de unas actuaciones judicializadas. Marlaska no podía, por tanto, reclamar sin más la incorporación a su despacho de un informe que formaba parte de una causa sometida al conocimiento de la autoridad judicial.

"El informe no existía"

Pero la respuesta que recibió del director general de la Policía fue otra cuestión. Según la versión ofrecida posteriormente por Interior, Francisco Pardo trasladó al ministro que no existía un informe de los investigadores policiales que atribuyera a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la responsabilidad de lo ocurrido en Ceuta.

Esa fue la posición con la que Interior salió públicamente a responder a la información. El argumento era doble: Marlaska no conocía el supuesto informe y, además, el director general de la Policía negaba que existiera un documento de sus investigadores con las conclusiones que se habían atribuido a la Policía Nacional. Horas después, sin embargo, salió a la luz el informe.

El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso El Independiente, analiza de forma exhaustiva la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio y contiene, precisamente, referencias expresas a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes.

La entrada masiva como un "proceso"

El informe no presenta lo ocurrido como un episodio aislado o espontáneo. En sus conclusiones, los investigadores sostienen que la entrada masiva debe analizarse como un «PROCESO» con una fase previa, otra durante los acontecimientos y una posterior. "No se trata de algo incidental cuya generación pueda asociarse a un factor ocasional o espontáneo", concluye el documento.

El análisis incorpora también las alertas previas emitidas por los propios servicios policiales. Entre ellas figura una alerta del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras del 29 de julio, dirigida a través del Centro de Coordinación de Puestos Fronterizos a Ceuta y Melilla, en la que se advertía del riesgo potencial de entradas irregulares al día siguiente. El informe incluye además otras alertas emitidas durante la crisis.

Pero uno de los aspectos más sensibles del documento es el análisis de lo ocurrido al otro lado de la frontera. Los investigadores señalan que una parte de las entradas por la zona del Espigón de El Tarajal se produjo también como consecuencia de las "indicaciones recibidas por los inmigrantes por parte de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos", que, en algunos casos", participaron "guiando el cruce a través del agua" y derivando a las personas hacia la playa.

Los "sujetos activos"

El documento va más allá en su análisis de los denominados "sujetos activos" de la entrada masiva. Los investigadores consideran incompatible el movimiento de decenas de miles de personas hacia Ceuta, sin bloqueos relevantes en las vías de acceso ni en los medios de transporte, con un fenómeno completamente espontáneo y sin organización sobre el terreno.

A partir del material recopilado en fuentes abiertas —vídeos, fotografías y otras imágenes—, el informe identifica dos tipos de sujetos activos. El primero son las «Fuerzas de Seguridad de Marruecos - Uniformados». Según el documento, se compartieron públicamente imágenes en las que miembros uniformados daban indicaciones a las personas que cruzaban irregularmente la frontera para superar obstáculos y organizaban el acceso de vehículos de gran tonelaje con grandes cantidades de inmigrantes.

El informe no individualiza, sin embargo, a un autor intelectual concreto de todo el proceso. Reconoce expresamente que, en el momento de su elaboración, no había sido posible determinar quién o quiénes integraban el nivel superior de responsabilidad. Pero sí concluye que los hechos no responden a un acontecimiento espontáneo o incidental y que existió un proceso que requería capacidad de planificación y coordinación.

55 páginas de informe

La aparición del documento cambia así los términos de la defensa de Interior. El argumento de que Marlaska no conocía el informe porque estaba judicializado puede explicar por qué el ministro no tuvo acceso directo a ese documento concreto. Pero no resuelve la contradicción surgida después de que el propio Marlaska pidiera explicaciones a Pardo y, según la versión trasladada por Interior, recibiera como respuesta que no existía un informe policial en los términos publicados.

Ahora resulta que sí existía un documento elaborado por una unidad de la Policía Nacional dedicada específicamente a inmigración y fronteras. Y que en ese documento figuran análisis sobre la actuación de fuerzas de seguridad marroquíes durante la entrada masiva.

A partir de ahí surge una segunda cuestión que trasciende incluso al informe judicial. Marlaska no podía reclamar para sí, sin más, un documento incorporado a unas actuaciones judicializadas. Pero, como ministro responsable del departamento del que depende la Policía Nacional, sí podía haber solicitado de oficio información y análisis sobre lo ocurrido a sus propios servicios.