Peinado pone broche final al 'caso Begoña' y deja la causa lista para enviarla a juicio con jurado

Culmina la instrucción del 'caso Begoña Gómez'. El juez Juan Carlos Peinado ha puesto broche final este martes a la investigación que empezó hace ya más de dos años a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vista se ha extendido durante poco más de media hora y ha concluido con la ratificación de todas las partes en sus escritos, sin acordar medidas cautelares y a la espera del auto que acuerde la apertura de juicio oral, según han precisado fuentes jurídicas a El Independiente.

El juez Peinado citó el lunes a Gómez y su exasesora para la audiencia preliminar para las 18.00 horas de este martes. Se trata de un trámite previo al juicio en el que la mujer de Pedro Sánchez se sentará ante un jurado popular por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. No obstante, la vista comenzó pasadas las 19.15 debido a que la representación legal de Begoña Gómez tuviera que reprogramar un viaje.

A última hora de la tarde del lunes, la defensa de Gómez —ejercida por el abogado Jaime Campaner— presentó un escrito al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pidiendo el aplazamiento de la cita, ya que el letrado tenía previsto un viaje laboral a Barcelona y no podría estar presente, según han confirmado fuentes cercanas a la defensa de la mujer de Sánchez a El Independiente. Por su parte, Cristina Álvarez se encuentra de viaje y no regresaría a España hasta el 28 de septiembre, un día después de la jubilación del magistrado, según avanzó el diario El Periódico. Su abogado, José María de Pablo, ha acudido a la vista.

Las defensas de Gómez y Álvarez han reclamado su absolución al entender que no han cometido ningún delito. La esposa del presidente del Gobierno mantiene que no actuó "en ningún momento" con "ánimo de enriquecerse", y niega haberse apropiado del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), uno de los elementos centrales de la investigación. 

Álvarez, por su parte, asegura que no intervino en el registro, contratación, transferencia o disposición sobre el software de la UCM y que actuó "siempre siguiendo instrucciones" de Gómez, convencida de que no estaba haciendo nada ilegal. Frente a ambas, la acusación popular que ejerce Hazte Oír mantiene su petición de 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez por presunta malversación. La Fiscalía, en cambio, es partidaria de que las dos sean absueltas.

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