Al juez Juan Carlos Peinado le quedan 19 días al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El magistrado se jubila el próximo 27 de septiembre y deja atrás una plaza que ha estado en el foco político y mediático durante los últimos dos años por la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Pero, antes de retirarse definitivamente de Plaza de Castilla, Peinado afronta este martes su tercera —y última— audiencia preliminar del 'caso Begoña', un trámite previo al juicio en el que la mujer de Pedro Sánchez se sentará ante un jurado popular por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
La vista está fijada para las 18.00 horas y tendrá lugar —como es habitual— en los juzgados de Plaza de Castilla. Gómez deberá comparecer personalmente ante el instructor, al igual que la que fuera su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada en la causa. Ambas han presentado ya sus escritos de defensa y reclaman su absolución al entender que no han cometido ningún delito.
Peinado llega a esta cita con la causa ya prácticamente fuera de sus manos. A medados de julio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su decisión de enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado, aunque corrigió parcialmente el criterio del instructor al archivar dos de los delitos y ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre la esposa de Sánchez. En concreto, Peinado había acordado la retirada de su pasaporte, le había prohibido salir del país y le había impuesto comparecencias quincenales en sede judicial.
La resolución de la Audiencia dejó así la causa reducida a las acusaciones por tráfico de influencias y malversación y sacó del procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés, además de levantar las cautelares. Sin embargo, el tribunal avaló que la condición de esposa del presidente del Gobierno pudiera constituir, en determinadas circunstancias, una "presión moral eficiente" a efectos del delito de tráfico de influencias.
La vista de este martes será, por tanto, uno de los últimos pasos de Peinado antes de abandonar el juzgado el próximo 27 de septiembre. Después de dos años al frente de una investigación que ha colocado su nombre en el centro de la batalla política, el magistrado afronta su recta final con el procedimiento ya encarrilado hacia el juicio.
Dos años en el foco por el 'caso Begoña'
El 'caso Begoña' comenzó el 16 de abril de 2024, cuando Peinado abrió diligencias previas después de recibir una denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente. Desde entonces, el instructor ha convertido su juzgado en una de las paradas habituales de la agenda política: ha interrogado a Gómez en varias ocasiones, ha citado como testigos a miembros del Gobierno y de su entorno y ha investigado las actividades profesionales que desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid.
Su instrucción también ha generado numerosos recursos y enfrentamientos con las partes. Las decisiones de Peinado han sido recurridas de forma reiterada por la defensa y por la Fiscalía, mientras que las acusaciones populares han mantenido una posición mucho más beligerante a favor de la continuidad de la investigación.
Una de las polémicas protagonizadas por Peinado más sonadas de este último año giró alrededor de sus afirmaciones sobre los escoltas de Begoña Gómez. En concreto, sugirió que los agentes encargados de su seguridad podrían colaborar para facilitar una eventual fuga de la investigada, lo que llevó al Sindicato Unificado de Policía (SUP) a denunciarle ante el Consejo General del Poder Judicial. La comisión permanente del órgano de Gobierno de los jueces acabó acordando delegar la decisión en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha terminado archivando las diligencias al considerar que las expresiones de Peinado no constituyen una falta disciplinaria, aunque calificó la redacción empleada por el magistrado de "indudablemente desacertada" y "poco delicada" respecto al desempeño de los agentes.
El último trámite antes del juicio
Ahora, el procedimiento entra en su fase final. La audiencia preliminar de este martes se celebra después de que Gómez y Álvarez hayan presentado sus escritos de defensa, en los que solicitan su absolución. Por su parte, Gómez sostiene que "en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse" y niega haberse apropiado del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), uno de los elementos centrales de la investigación. También recuerda que colaboraba con la universidad desde 2012, antes de que su marido llegara a la Presidencia del Gobierno, y rechaza haber utilizado su condición de esposa del presidente para influir en autoridades o funcionarios.
Álvarez, por su parte, asegura que no intervino en el registro, contratación, transferencia o disposición sobre el software de la UCM y que actuó "siempre siguiendo instrucciones" de Gómez, convencida de que no estaba haciendo nada ilegal. Frente a ambas, la acusación popular que ejerce Hazte Oír mantiene su petición de 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez por presunta malversación. La Fiscalía, en cambio, es partidaria de que las dos sean absueltas.
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