Marruecos no sólo ha negado cualquier responsabilidad en la crisis migratoria de Ceuta. También ha cuestionado las investigaciones abiertas en España, carga contra los partidos de la oposición, señala a los medios de comunicación y pone en duda iniciativas de las instituciones legislativas y judiciales. Todo ello en una carta difundida este jueves por su Ministerio de Exteriores a la que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene previsto, por ahora, responder.
Fuentes de Exteriores consultadas por El Independiente, no confirman que vaya a producirse ninguna respuesta por parte del Ejecutivo y tampoco especifican cómo ha sentado el comunicado marroquí, en el que Rabat cuestiona abiertamente algunas de las principales instituciones democráticas españolas. El silencio llega cuando todavía permanecen abiertas las dudas sobre lo ocurrido en Ceuta a finales de julio y cuando el Gobierno acaba de desclasificar documentación relacionada con aquella crisis.
El Ministerio de Exteriores marroquí reclama en su escrito que España deje de señalar a Rabat por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. “¿Por qué mantener la acusación contra Marruecos cuando ningún dato, hecho o informe demuestra implicación alguna por parte de las autoridades marroquíes?”, plantea. Y responde que las explicaciones no deben buscarse al otro lado de la frontera: “La respuesta a estas preguntas no se encuentra en Marruecos, sino en los actores españoles pertinentes”.
El CNI y el CENIF por los suelos
La declaración llega después de semanas en las que el papel de Marruecos durante la crisis de Ceuta se ha convertido precisamente en uno de los elementos de discusión. Los informes del CNI y del CENIF, las comunicaciones manejadas por los distintos organismos del Estado y la actuación de la Guardia Civil forman parte de la documentación que el Gobierno ha tenido que desclasificar para tratar de reconstruir qué ocurrió antes y durante la entrada masiva.
Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han defendido durante este tiempo que el CNI no avisó “en absoluto” de la posibilidad de una entrada masiva. Sin embargo, la aparición de nuevos documentos ha vuelto a poner el foco en las alertas que circularon antes del 30 de julio y en qué información llegó a Interior y a las autoridades de Ceuta.
También el CENIF ha adquirido protagonismo en la investigación. La documentación conocida sobre sus conclusiones apunta a elementos que deberán ser esclarecidos sobre la preparación y el desarrollo de los movimientos migratorios y sobre el papel desempeñado por las autoridades marroquíes. La cuestión ha llegado además al ámbito judicial, con informes y diligencias destinadas a determinar qué ocurrió durante aquellas jornadas.
Marruecos quiere pasar página
La Guardia Civil, mientras tanto, tuvo que hacer frente a una situación extraordinaria en la frontera y en el litoral de Ceuta. Los agentes asumieron tareas de contención, canalización, rescate, filiación, custodia y traslado de los inmigrantes. Las asociaciones profesionales reclamaron refuerzos y denunciaron las condiciones en las que tuvieron que afrontar el dispositivo.
Es precisamente sobre este escenario sobre el que Marruecos pide ahora pasar página. Rabat sostiene que la cooperación migratoria con España “siempre ha sido coordinada y eficaz” y reivindica los acuerdos entre ambos países. Asegura además que las autoridades marroquíes se han comprometido a readmitir a los inmigrantes y reclama explicaciones sobre por qué no se producen las devoluciones y sobre la situación de los menores no acompañados.
Pero el comunicado no se limita a la política migratoria. El cuarto punto del escrito introduce directamente a las instituciones españolas en la disputa. Marruecos lamenta que “instituciones legislativas y judiciales” españolas se hayan visto afectadas por lo que califica de “iniciativas mal concebidas” que, según sostiene, “siembran la discordia”. Rabat acusa además a determinados sectores de sustituir el análisis objetivo por la acusación y el discernimiento por un “pensamiento simplista”.
"La retórica populista e irracional"
La referencia a los partidos políticos es igualmente explícita. Marruecos acusa a “partidos históricos” de haber caído en un “atolladero” en el que, a su juicio, se ha impuesto “la retórica populista e irracional”. Y denuncia que determinados círculos políticos y mediáticos españoles están instrumentalizando al reino “para sus propios fines”.
La prensa española queda así incluida en el mismo reproche que los partidos y las instituciones. Rabat considera que existe una estrategia de acusación contra Marruecos y sostiene que su país está siendo utilizado como “chivo expiatorio” de los ajustes de cuentas de la política española. El mensaje supone una intervención directa en un debate que hasta ahora se había desarrollado dentro de España. Marruecos no sólo defiende su actuación, sino que cuestiona a quienes están tratando de esclarecerla.
Y lo hace mientras el Gobierno español mantiene silencio. La situación contrasta con el papel central que Marruecos ocupa en la política exterior de Sánchez desde el giro de 2022. La declaración conjunta firmada el 7 de abril de aquel año abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales basada, según ambos gobiernos, en el “respeto mutuo”, la “confianza mutua”, el diálogo y una asociación beneficiosa para las dos partes.
Marruecos, una prioridad estratégica
Desde entonces, La Moncloa ha situado la relación con Rabat como una de sus prioridades estratégicas, especialmente en materia migratoria, económica y de seguridad. El propio comunicado marroquí recuerda ahora los resultados económicos de esa relación y reivindica la cooperación policial y antiterrorista entre ambos países.
La crisis de Ceuta ha introducido, sin embargo, un elemento incómodo en esa relación. Mientras España intenta determinar qué información manejaron sus organismos antes de la llegada masiva y qué ocurrió durante aquellas jornadas, Marruecos niega cualquier implicación y reclama que se deje de cuestionar su actuación.
La respuesta del Ejecutivo, de momento, no llega. Exteriores no confirma que vaya a contestar al comunicado ni ofrece una valoración sobre las acusaciones contenidas en él. El silencio resulta especialmente llamativo porque el Gobierno marroquí no se ha limitado a defender su posición sobre Ceuta. Ha entrado de lleno en el debate institucional español y ha descalificado iniciativas de sus instituciones legislativas y judiciales, además de acusar a partidos y medios de utilizar Marruecos con fines políticos.
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