La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, habló con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio y, según fuentes conocedoras de la declaración del presidente ceutí ante la Audiencia Nacional, le trasladó que los servicios jurídicos del ministerio del Interior no contemplaban actuar directamente ante la situación que estaba viviendo la ciudad y que el cauce para gestionar las peticiones de Ceuta debía ser la Delegación del Gobierno.
La conversación se produjo mientras Vivas trataba de conseguir un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la declaración de una emergencia y el establecimiento de un mando único días antes de la entrada masiva. Y mientras el presidente ceutí reclamaba una respuesta extraordinaria, los servicios jurídicos del Ministerio del Interior estaban evaluando precisamente una de esas peticiones, según el relato trasladado ahora ante la jueza María Tardón.
El dato adquiere relevancia por la posición que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo posteriormente sobre la información que había recibido su departamento antes de la entrada masiva. El 4 de agosto negó que los servicios secretos hubieran alertado de “nada parecido” a lo ocurrido en Ceuta. Semanas después, el 25 de agosto, insistió en que no había visto “ningún aviso” que alertara de una entrada de esas dimensiones.
La declaración de Vivas ante Tardón introduce ahora un elemento diferente ya que Interior sí estaba tratando las peticiones de Ceuta antes de la entrada masiva, hasta el punto de que sus servicios jurídicos estudiaban la cobertura de las medidas que reclamaba el Gobierno autonómico, aunque finalmente Aina Calvo acabó por explicarle a Vivas que desconocía "el encaje jurídico" que podían tener sus peticiones, por lo que se rechazaron.
Calvo remitió a Vivas a la Delegación
Vivas ha explicado que durante los días 27, 28 y 29 de julio trató de ponerse en contacto reiteradamente con el Gobierno central. A su salida de la Audiencia Nacional, cifró en diez los intentos de comunicarse con Pedro Sánchez mediante llamadas y mensajes. Tres de ellos tuvieron respuesta, a través del director del Gabinete del presidente.
Según su relato, en las primeras comunicaciones se le trasladó que el asunto estaba siendo trabajado con los ministerios competentes y que se necesitaba más tiempo. Finalmente, se le indicó que el cauce de comunicación debía ser la Delegación del Gobierno.
Ese mismo esquema aparece en lo ocurrido con Interior. Vivas solicitó hablar con el ministro Marlaska, pero se le comunicó que se encontraba ocupado con la situación provocada por los incendios forestales. La petición pasó entonces a la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Aina Calvo.
La cronología
La cronología adelantada por El Independiente, ya recogía que el martes 28 se había solicitado a la secretaria de Estado un incremento de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la activación de la emergencia nacional y el nombramiento de un mando único. Según ese documento, la respuesta fue que la emergencia y el mando único debían ser estudiados jurídicamente.
El miércoles 29, Aina Calvo volvió a hablar con Vivas. Según las fuentes conocedoras de la declaración, fue entonces cuando le trasladó que Interior no contemplaba actuar directamente y le remitió al delegado del Gobierno para las cuestiones urgentes.
Para entonces, Vivas ya había comunicado públicamente que la situación era de extrema gravedad. El día anterior había advertido de que el sistema de menores estaba colapsado y el CETI desbordado. El miércoles elevó a más de 1.500 las entradas y reclamó una respuesta “inmediata e inaplazable”, además de refuerzos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los servicios jurídicos sí estaban evaluando la situación
Uno de los extremos que Vivas ha trasladado ante Tardón es precisamente la respuesta que recibió a su petición de declarar la emergencia y establecer un mando único. Según fuentes jurídicas, desde Interior se hizo saber al presidente ceutí que los servicios jurídicos del Ministerio estaban estudiando la petición y que la conclusión era que no se daban los supuestos necesarios para aplicar la medida planteada.
La versión coincide con lo que Vivas ya había explicado públicamente antes de su declaración judicial. El presidente de Ceuta relató días atrás que Interior le comunicó que los servicios jurídicos consideraban que no se daban las condiciones para declarar la emergencia y que el mando operativo correspondía al delegado del Gobierno.
Interior conocía las alertas de Vivas
Es decir, antes del 30 de julio el Ministerio del Interior no estaba al margen de las reclamaciones de Ceuta. Al contrario, ya que una de las peticiones centrales de Vivas estaba siendo analizada jurídicamente dentro del propio departamento. Y es precisamente aquí donde aparece el contraste con las declaraciones posteriores de Marlaska.
El ministro ha mantenido desde los primeros días posteriores a la crisis que no recibió ningún aviso que permitiera anticipar una entrada de semejante magnitud. Su posición pública fue que no existió ningún informe que “atisbara” lo ocurrido y que, de haber existido una previsión de esas dimensiones, se habrían adoptado las medidas excepcionales correspondientes.
Pero el relato aportado ahora por Vivas ante la Audiencia Nacional sitúa a la Secretaría de Estado de Seguridad —la segunda autoridad de Interior— en conversaciones con el Gobierno de Ceuta antes de la entrada masiva, mientras los servicios jurídicos del Ministerio analizaban las medidas solicitadas por Vivas.
La diferencia permite separar dos cuestiones que hasta ahora habían aparecido mezcladas. Una cosa es que Marlaska asegure que él no recibió ningún informe que anticipara una entrada de 80.000 personas y otra que el Ministerio del Interior no estuviera informado de la situación que denunciaba Ceuta o que no estuviera tomando decisiones sobre las medidas reclamadas por Vivas.
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