El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves ante sus homólogos europeos que la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio tuvo un “impacto cero” en el resto de la Unión Europea. Según ha asegurado durante el Consejo de Ministros de Interior celebrado en Luxemburgo, ninguno de los migrantes que accedieron a la ciudad autónoma ha llegado posteriormente a otro país comunitario.
Marlaska ha utilizado la crisis de Ceuta para reivindicar ante sus socios la eficacia del control fronterizo español y reclamar una mayor implicación de los Estados miembros en la gestión de las crisis migratorias. “La falta de solidaridad debilita y fragmenta a la UE”, ha advertido el ministro, que ha reclamado “solidaridad operativa, financiera y política”.
114,7 millones de Europa
Su intervención se produce después de que la propia Comisión Europea haya aprobado una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros para España destinada a gestionar la situación provocada por las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio. Bruselas ha calificado los hechos de “cruces ilegales de frontera a gran escala” y ha activado además el refuerzo operativo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).
El dinero procederá de dos fondos comunitarios: 82,7 millones del Fondo de Asilo, Migración e Integración y otros 32 millones del Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados. La financiación permitirá reforzar la vigilancia y protección de la frontera, mejorar las infraestructuras de seguridad y desplegar personal y equipamiento adicional. Entre las actuaciones previstas figuran cámaras térmicas, tecnología de observación, sistemas de boyas flotantes y drones submarinos, según el comunicado de la Unión Europa.
También se utilizará para poner en marcha instalaciones de control y triaje de migrantes, apoyar los retornos de quienes permanezcan en Ceuta en situación irregular y reforzar la capacidad de acogida, especialmente para los menores no acompañados. Interior ha precisado que entre las actuaciones solicitadas se incluyen obras en los espigones de Benzú y El Tarajal y nuevos centros de atención temporal de extranjeros.
Frontex, Europol y la Agencia de Asilo
La respuesta europea no se limita al dinero. La Comisión ha coordinado la movilización de las agencias comunitarias después de que España solicitara formalmente apoyo operativo.
Frontex está dispuesto a ampliar en 2027 los planes operativos que ya mantiene en España. La operación Minerva continuará desplegando agentes del cuerpo permanente de Frontex en Ceuta y la agencia contempla además aportar medios marítimos, aumentar el intercambio de información a través de Eurosur, colaborar en los retornos y prestar apoyo a la cooperación con Marruecos.
Europol, por su parte, mantendrá la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, especialmente en las investigaciones sobre las redes de tráfico de migrantes y en el análisis estratégico. La Agencia de Asilo de la UE prestará apoyo en entrevistas e interpretación.
La Comisión y las agencias comunitarias han acordado además crear un grupo de trabajo conjunto con las autoridades españolas para coordinar la respuesta y el desembolso de la ayuda. La primera reunión está prevista esta semana, coincidiendo con una nueva visita técnica a Ceuta.
España pidió ayuda el 24 de agosto
La ayuda económica responde a una petición presentada por España el 24 de agosto, casi un mes después de la entrada masiva. La Comisión asegura que trató la solicitud como prioritaria y que mantuvo contacto estrecho y continuo con las autoridades españolas desde el inicio de la crisis. Una vez firmado el acuerdo de financiación, Bruselas podrá desembolsar hasta el 80% de la cantidad aprobada en un plazo de 30 días. Además, las ayudas podrán financiar actuaciones elegibles realizadas de forma retroactiva desde el comienzo de la situación de emergencia.
España solicitó posteriormente, el 28 de agosto, asistencia adicional de las agencias comunitarias, a la que Bruselas ha respondido ahora con el refuerzo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo.
Marlaska pone el foco en el resto de Europa
Ante sus homólogos, Marlaska ha optado por presentar el episodio desde la perspectiva de sus consecuencias para el espacio Schengen. “El impacto ha sido cero”, ha afirmado, al explicar que el doble control fronterizo de Ceuta y Melilla y el trabajo desarrollado posteriormente impidieron que los migrantes llegados a la ciudad autónoma pudieran continuar su recorrido hacia otros países de la Unión, con apoyo de Frontex.
El ministro ha defendido que España ha demostrado la “solidez” de su control fronterizo y ha situado la crisis de Ceuta dentro de una fotografía más amplia de los flujos migratorios hacia España.
Según los datos que ha trasladado al Consejo, las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental representan el 17% de las llegadas irregulares a la UE, mientras que la ruta de Ceuta supone el 0,7% del total. También ha destacado el descenso de las llegadas irregulares a España, del 46%, y del 74% en el caso de Canarias, que Interior presenta como la ruta con mayor descenso de toda la UE.
Marlaska ha utilizado asimismo los datos de retornos para defender la actuación española: entre 2021 y 2025 España fue, según ha señalado, el segundo país de la UE en número de decisiones de retorno.
El mensaje que el ministro ha trasladado a sus homólogos europeos es, por tanto, que la crisis de Ceuta quedó contenida dentro de la ciudad autónoma y no se convirtió en un problema de movimientos secundarios hacia otros Estados miembros. De ahí su apelación a la solidaridad comunitaria.
Una crisis que España trasladó a Bruselas
El contraste está en la propia magnitud de la respuesta comunitaria. La Comisión ha aprobado 114,7 millones de euros específicamente para gestionar las consecuencias de los acontecimientos del 30 y 31 de julio y ha movilizado a tres agencias europeas para reforzar sobre el terreno la respuesta española.
Bruselas ha incluido entre las necesidades que deben cubrirse no solo la protección de la frontera, sino también los retornos, el triaje, la acogida y la atención a los menores no acompañados. Es decir, una respuesta que abarca tanto la dimensión policial y fronteriza como las consecuencias humanitarias y de gestión derivadas de la entrada masiva.
La Comisión ya había reaccionado desde los primeros días de la crisis. El 31 de julio, la presidenta Ursula von der Leyen afirmó que las entradas y los cruces peligrosos debían cesar inmediatamente y anunció el refuerzo del apoyo operativo a España, especialmente a través de Frontex.
La reconstrucción de los días previos
Todo ello ocurre mientras en España continúa la reconstrucción de los días previos a la entrada masiva y el debate sobre la información que manejaban las distintas administraciones antes del 30 de julio.
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, había comenzado a reclamar refuerzos y medidas extraordinarias desde el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva. Las comunicaciones con Moncloa, Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad forman parte ahora de la cronología que se está reconstruyendo en la Audiencia Nacional.
El 29 de julio, un día antes de que comenzara la entrada masiva, la situación ya había escalado en Ceuta y Vivas había trasladado nuevas peticiones a Interior. Ese mismo día existían además documentos policiales que contemplaban distintos escenarios de entrada irregular, incluida la vía marítima, aunque ninguno anticipaba una cifra concreta de decenas de miles de personas.
Marlaska ha mantenido que el Gobierno no recibió ningún aviso que permitiera anticipar una entrada de las dimensiones que finalmente se produjo. La cuestión que sigue bajo análisis es, por tanto, qué información recibió cada organismo, qué dimensión se atribuía entonces al riesgo y qué decisiones se adoptaron antes del 30 de julio.
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