El PP arranca campaña pidiendo a la Audiencia la imputación del PSOE por financiación ilegal y blanqueo

El Partido Popular ha registrado esta mañana un escrito en la Audiencia Nacional solicitando la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal. Los populares están personados en la causa que se sigue en la Audiencia por presunta financiación irregular de Ferraz, imputación que no pide la Fiscalía. De hecho, con la convocatoria electoral del 29-N se daba por hecho ese pacto no escrito por el cual la Justicia no interfiere en los procesos electorales. Suponía que la más que previsible imputación de Ferraz por financiación ilegal, que lleva el juez que investiga las cloacas socialistas, Santiago Pedraz, esperaría a la celebración de las elecciones.

El PP sostiene su acusación en el "amplio catálogo de actuaciones delictivas" puestas en marcha, a su juicio, por la dirección del Partido Socialista después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, con el objetivo de "proteger los intereses del Gobierno y del PSOE" frente a investigaciones judiciales en marcha.

Todo ello, agregan los representantes legales del PP, bajo una "organización criminal" liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la propia sede del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid. El PSOE "puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba" el imputado Santos Cerdán, quien también contaba con la "colaboración" de la imputada Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE, también imputada.

Petición basada en los informes de la UCO

El Partido Popular, que basa su petición de imputación en los informes de la UCO, también recuerda en una nota, que la "organización criminal" liderada por Cerdán intentó también "torcer la voluntad" de fiscales como José Grinda o Ignacio Stampa, así como del comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba. Todo ello, presuntamente, valiéndose de la relación "personal y reiterada" que mantenía Leire Díez con Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil, con el objetivo de "perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO".

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