El juez Santiago Pedraz pone el foco en las actuaciones de la cúpula de la Guardia Civil que afectaron a la Unidad Central Operativa (UCO) y reclama al instituto armado información para reconstruir quién ordenó, cuándo y por qué se abrieron distintas investigaciones sobre sus agentes. En una nueva providencia a la que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado pide tanto los detalles de las tres informaciones reservadas que constan en la causa como la identificación de los mandos que acordaron los expedientes disciplinarios abiertos a miembros de la UCO.
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Estas nuevas diligencias se enmarcan dentro de las presuntas presiones que la directora de la Guardia Civil junto con el DAO Manuel Llamas podrían haber ejercido contra miembros de la UCO. En el caso de las informaciones reservadas, quiere conocer si su apertura y resolución fueron comunicadas a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Y, respecto de los expedientes disciplinarios, pretende saber quién los acordó, en qué fecha, qué falta o delito se imputaba a los agentes y, sobre todo, si los hechos estaban relacionados con investigaciones judiciales en las que esos guardias civiles actuaban como policía judicial.

Información reservada o expediente disciplinario

Cabe señalar que una información reservada no es un expediente disciplinario. La primera constituye una actuación previa destinada a esclarecer unos hechos y determinar si existe algún tipo de responsabilidad que pueda justificar actuaciones posteriores. El expediente disciplinario, en cambio, es ya un procedimiento formal dirigido a depurar una eventual responsabilidad disciplinaria. Pedraz quiere ahora poner nombre, fecha y motivo a ambos tipos de actuaciones para comprobar cómo se utilizaron dentro de la cadena de mando.

La providencia llega después de que la instrucción haya recopilado documentación sobre tres informaciones reservadas abiertas en unidades distintas de la UCO. El juez las describe como tres actuaciones que constan como incoadas por el DAO, Manuel Llamas, y reclama a la Dirección Adjunta Operativa los oficios mediante los que se comunicó, en su caso, tanto su apertura como su resolución a Mercedes González.

IR 1/25 firmada por la directora general

Aquí existe, además, un elemento a tener en cuenta. La providencia agrupa esas tres informaciones como incoadas por el DAO, pero la documentación de la propia UCO incorporada a la causa señala que la IR 1/25, abierta en septiembre de 2025, se la ordenó directamente Mercedes González al general jefe del Estado Mayor. El documento aparece firmado digitalmente por la directora general el 30 de agosto de 2025. En esa información se investigaban las posibles filtraciones de una noticia que cuestionaba la actuación de Llamas y apuntaba a una situación de "enorme tensión" en la UCO. En este sentido hay que destacar que la directora de la Guardia Civil declaró ante Pedraz, tal y como informó este periódico, que fue el propio DAO quien le pidió abrir esa información y que la firmase ella ya que lo que quería investigar recaía sobre él.

La primera de las tres, la IR 1/24, se remonta a diciembre de 2024 y tuvo su origen en una información publicada sobre la investigación judicial de David Sánchez. La documentación de la UCO recoge que el instructor terminó la actuación sin identificar responsabilidad disciplinaria, aunque reclamó al jefe de la UCO que amonestase verbalmente a un analista que había realizado, como miembro de Policía Judicial, un análisis de correos por orden de la autoridad judicial. El DAO informó posteriormente a la directora general de esas conclusiones y las hizo suyas.

Leire Díez y Mercedes González

La segunda se sitúa en mayo de 2025, después de la publicación de mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. La propia documentación de la UCO recoge que el 11 de mayo Llamas convocó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) y le comunicó que tenía intención de abrir una información reservada por una noticia relacionada con la investigación de Ábalos y Koldo García. Le preguntó además si tenía algún inconveniente en asumir su instrucción.

Esta secuencia resulta especialmente relevante porque la UCO había detectado previamente los movimientos de Leire Díez alrededor de la directora general. En abril de 2025, después de reunirse con Mercedes González, Díez escribió a su abogado que la reunión "no estuvo mal" y que iba a intentar "seguir aumentando esa vía". En sus notas manuscritas había dejado antes por escrito su intención de "armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo" y de promover una "investigación interna G.C. para filtraciones". La Fiscalía ha interpretado estos elementos como indicios de que Díez trató de utilizar su relación con la directora general para promover actuaciones administrativas dentro de la Guardia Civil.

El episodio de mayo encaja además en una cronología que Pedraz ya conoce: el 9 de mayo, ante una información sobre las filtraciones, Leire llegó a decir que se había jugado "una comida con Mercedes" a que las filtraciones procedían de la UCO. Al día siguiente se publicaron los WhatsApp de Sánchez y Ábalos y el 11 de mayo Llamas activó la maquinaria para abrir una información reservada.

Ningún expediente contra la UCO

El contraste con la etapa anterior también es significativo. Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, declaró ante Pedraz que durante su mandato había abierto una sola información reservada y que se refería a un asunto completamente ajeno a los hechos investigados en esta causa. Explicó que, ante hechos que debían investigarse, era más partidario de abrir directamente un expediente y aseguró que no recordaba haber abierto ninguno contra la UCO.

Preguntado expresamente por los expedientes disciplinarios, Marcos respondió que no recordaba el número de los que se abrieron durante su etapa, pero que no recordaba ninguno contra funcionarios de la UCO. También señaló que las filtraciones eran un motivo de preocupación, aunque aseguró que su relación con la unidad se mantenía a través de la cadena de mando.

Es precisamente esa diferencia entre una información reservada y un expediente disciplinario la que ahora quiere despejar Pedraz. El juez dispone ya de una relación de expedientes disciplinarios abiertos a agentes de la UCO y reclama a la Guardia Civil que identifique el mando que acordó cada uno, la fecha, la conducta que se imputaba y si los hechos tenían relación con investigaciones judiciales en las que esos agentes estaban actuando como policía judicial.

La instrucción trata así de reconstruir una cadena mucho más amplia que la mera existencia de tres informaciones reservadas. Pedraz quiere saber quién puso en marcha cada actuación interna, contra quién se dirigió, qué responsabilidad se buscaba determinar, quién estaba informado y si alguno de esos procedimientos afectó a agentes que, al mismo tiempo, estaban investigando causas judiciales sensibles.