El instructor del caso Plus Ultra, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, interroga este viernes a partir de las 9 de la mañana horas al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven. Señalado por los investigadores como el presunto cerebro económico del entramado internacional de blanqueo vinculado a la aerolínea, su comparecencia supone un paso decisivo en la macrocausa en la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto cabecilla de una supuesta red de tráfico de influencias para la concesión del rescate público de 53 millones de euros.
Verhoeven comparece en sede judicial tras acogerse a su derecho a no declarar a finales de septiembre, cuando fue entregado a España por las autoridades alemanas e ingresó en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real. Tras pasar a disposición del magistrado, su defensa alegó falta de tiempo para estudiar el sumario y Calama acordó su puesta en libertad bajo medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado cada dos días.
El financiero está investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Su arresto se produjo el pasado 21 de agosto en el aeropuerto de Fráncfort (Alemania), adonde voló tras haber pasado parte de las vacaciones de verano en su residencia familiar de Mallorca, pese a que sobre él pesaba una orden internacional de busca y captura dictada por la justicia española desde febrero y reiterada por la Audiencia Nacional en marzo.
El hombre de los préstamos puente
La comparecencia de Verhoeven resulta clave para esclarecer el mecanismo financiero que rodeó el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en marzo de 2021. Las pesquisas de la UDEF, coordinadas con las fiscalías de Francia y Suiza, describen la red de Verhoeven y el empresario peruano Luis Felipe Baca, detenido en la isla caribeña de Aruba, como un "pseudobanco" transnacional que mezclaba dinero ilícito, lo invertía y lo devolvía blanqueado a sus clientes.
En el epicentro de las sospechas se sitúan los cinco préstamos puente por un importe conjunto cercano a los 2,3 millones de euros que Plus Ultra recibió entre octubre de 2020 y febrero de 2021, en plena asfixia financiera previa a la concesión de la ayuda pública. Tres de las sociedades prestamistas (Wailea Investment, Allpa Wira Trading UK y Valerian Corporation) están directamente controladas por Verhoeven, como él mismo admitió en sede judicial ante la Fiscalía de Ginebra. La cuarta mercantil, Panacorp, se vincula al accionista de facto de la compañía aérea, Rodolfo Reyes, actualmente en paradero desconocido.
Uno de los principales indicios que maneja el juez Calama para sustentar la tesis del blanqueo es la ausencia total de garantías exigidas a la aerolínea para asegurar la devolución de esos fondos. En la causa no consta documentación ni análisis de solvencia que justifique el riesgo asumido por los prestamistas, lo que apunta a que los créditos habrían servido como mera cobertura contractual para justificar movimientos de capital.
Un desvío de casi 16 millones de euros
La Fiscalía y la UDEF sostienen que las ayudas públicas se emplearon de forma prioritaria para transferir dinero a la red opaca. Tan pronto como el Consejo de Ministros aprobó el rescate y la compañía ingresó el primer tramo de 19 millones de euros en marzo de 2021, las devoluciones a las mercantiles de Verhoeven y Panacorp se ejecutaron de manera inmediata hacia cuentas bancarias situadas en Gibraltar, Puerto Rico o Isla Mauricio (esta última tras intentos fallidos previos en Suiza y Montenegro).
En total, el sumario cifra en casi 16 millones de euros el montante público que presuntamente terminó en sociedades vinculadas al entramado: alrededor de 5,9 millones entre marzo y agosto de 2021, y otros 10 millones tras el segundo desembolso del rescate en agosto de ese año. El juez sitúa a Verhoeven como la pieza clave encargada de confeccionar facturas falsas y canalizar el dinero a través de jurisdicciones opacas en el Reino Unido, Suiza y Montenegro.
Las comisiones rogatorias cursadas desde Francia y Suiza ubican el presunto origen de estos fondos en operativas fraudulentas desarrolladas en Venezuela, vinculadas al desvío de recursos de los programas estatales de alimentos (CLAP) y al tráfico irregular de oro del banco central de ese país. De hecho, en octubre de 2024 la UDEF registró la vivienda de Verhoeven en Mallorca, donde los agentes incautaron dos lingotes de oro macizo, ordenadores y una colección de relojes de lujo, al tiempo que se investiga una factura sospechosa de Allpa Wira fechada en 2021 por una supuesta venta de oro a Dubái por 30 millones de euros.
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