Calama ve clave para acreditar el blanqueo de Plus Ultra que sus prestamistas no pidieran garantías del retorno del dinero

Las sociedades que prestaron dinero a Plus Ultra poco antes de su rescate no exigieron a la aerolínea garantías de que fuera a devolverlo. Esta es una de las principales claves que hace sospechar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que esos préstamos puente formaban parte de una operativa internacional de blanqueo a la que Plus Ultra habría desviado parte del rescate público de 53 millones de euros que le fue concedido en 2021 por el Gobierno, según apuntan fuentes conocedoras de la investigación a El Independiente.

No consta en la causa ninguna documentación que acredite que los prestamistas exigieran garantías para asegurarse de que la aerolínea les devolvería el dinero, y tampoco figura informe alguno elaborado por Plus Ultra sobre su capacidad para el retorno de estos préstamos, según aseguran las citadas fuentes. Y precisamente esta ausencia alimenta las sospechas sobre la verdadera naturaleza de los créditos, ya que en una operación de este tipo, la solvencia del prestatario y las condiciones para recuperar el dinero son elementos que permiten valorar el riesgo asumido por quien presta.

Fuentes expertas en delitos económicos consultadas por este periódico señalan que este hecho no sería un indicio por sí solo. Pero la concurrencia del resto de factores que Calama analiza desde marzo contribuye a apuntalar la hipótesis de que la aerolínea desvió parte del rescate a una red transnacional dedicada al blanqueo de capitales. El juez la describe como una especie de "pseudobanco" que mezclaba dinero de origen ilícito, lo invertía y lo devolvía aparentemente limpio a sus clientes, y cuyas alertas llegaron a España desde las Fiscalías de Francia y Suiza.

Los cinco préstamos puente

Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, cuando la compañía atravesaba una situación financiera crítica y el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) todavía no estaba aprobado, Plus Ultra recibió cinco préstamos puente de cuatro sociedades extranjeras: Wailea Investment, Allpa Wira Trading UK, Valerian Corporation y Panacorp. Según la versión de la cúpula directiva de la aerolínea, fueron un millón de dólares y 1,35 millones de euros, con un interés del 9% anual. Unos 2,3 millones de euros en total.

Las tres primeras sociedades están vinculadas al financiero holandés Simon Leendert Verhoeven, que reconoció ante la Fiscalía de Ginebra que eran suyas. Las autoridades suizas y francesas lo sitúan, junto al empresario peruano Luis Felipe Baca, al frente de una supuesta red que movía fondos de origen ilícito y les daba apariencia legal. Panacorp, la cuarta, está ligada al accionista de facto de Plus Ultra, Rodolfo Reyes.

El Consejo de Ministros aprobó el rescate de Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. La compañía recibió el primer tramo, de 19 millones, el 18 de marzo. A partir de ahí las devoluciones fueron inmediatas: casi 921.000 euros a Valerian el 24 de marzo, en dos transferencias a una cuenta de Gibraltar; ese mismo día, 545.200 dólares a Panacorp, en Puerto Rico; al día siguiente, 522.400 dólares a Wailea; y el 4 de mayo, 519.983 dólares a Allpa Wira. Según Plus Ultra, esa última devolución tuvo varios intentos fallidos, primero hacia cuentas en Suiza y luego en Montenegro, hasta que se completó en Mauricio.

La UDEF sostiene que las sociedades prestamistas a las que la aerolínea derivó esa partida inicial del rescate formaban parte de esa estructura internacional de blanqueo de Verhoeven y Baca. Los investigadores examinan si las devoluciones efectuadas por Plus Ultra sirvieron para canalizar fondos hacia cuentas controladas por la presunta red y si los préstamos respondían a una necesidad real de financiación o se utilizaron para dar cobertura a esos movimientos. El recorrido del dinero, a través de cuentas en Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro y Mauricio, es otro de los elementos que hizo saltar las alarmas.

Por su parte, la defensa de los antiguos responsables de la aerolínea sostiene que los créditos fueron reales y que su devolución se correspondió con las obligaciones asumidas antes de que el Gobierno aprobara el rescate. En sus escritos ante Calama, el expresidente Julio Martínez Solá y el exconsejero delegado Roberto Roselli atribuyen a Rodolfo Reyes la búsqueda y negociación de parte de la financiación. Según su versión, Reyes les ocultó quién estaba detrás de algunas de las sociedades prestamistas. Como respaldo, los directivos aportaron una conversación de WhatsApp del 24 de agosto de 2020 en la que Reyes, al enumerar varias entidades relacionadas con una emisión de la compañía, escribió: "Valerian soy yo". También sostienen que algunos documentos remitidos desde Suiza sobre los préstamos no son auténticos y que se habrían manipulado las firmas de Martínez Solá.

Verhoeven, por su parte, reconoció ante la Fiscalía de Ginebra que era propietario de Wailea Investment, Allpa Wira y Valerian Corporation y que había firmado los contratos de préstamo con Plus Ultra. Sin embargo, cuando compareció ante Calama tras haber sido detenido en Alemania, se acogió a su derecho a no declarar y alegó que necesitaba más tiempo para preparar su defensa. Acudirá de nuevo a la Audiencia Nacional para comparecer como investigado el próximo 16 de octubre.

El rastro del dinero

Los investigadores sostienen que el rescate sirvió para pagar a una red, y no solo para devolver préstamos. La fiscal a cargo del caso, Elena Lorente, describe un "presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero público limpio" que se destinó a "sociedades instrumentales de la red de blanqueo" de la que formaba parte el accionista Rodolfo Reyes, según un escrito consultado por este periódico. En total, el sumario cifra en casi 16 millones de euros lo que habría salido de Plus Ultra hacia sociedades vinculadas a la red: unos 5,9 millones entre marzo y agosto de 2021 y otros 10 tras el segundo desembolso de la ayuda, el 10 de agosto.

A Reyes le atribuyen, además, un vínculo directo con uno de los cabecillas. Según uno de los autos del sumario, existen indicios de que recibió cantidades en efectivo de Baca, que habría utilizado "con fines espurios" en fechas coincidentes con los trámites del rescate. Un informe policial analiza una entrega de 20.000 euros que el abogado Miguel Palomero hizo a Reyes por indicación de Baca en enero de 2021, dos meses antes de que el Consejo de Ministros aprobara la ayuda.

El origen de ese dinero estaría en Venezuela. Las comisiones rogatorias de Francia y Suiza hablan del presunto desvío de los programas de alimentos CLAP y de operaciones con oro del Banco Central, y la Fiscalía de Ginebra alertó a España en 2024 de los negocios de Plus Ultra con Allpa Wira, a la que vincula con el tráfico de oro.

La SEPI conocía las deudas

La documentación que el exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha entregado al juzgado incluye comunicaciones con el entonces director de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, sobre las deudas de la aerolínea antes de la concesión del rescate. A finales de noviembre de 2020, Partearroyo pidió a Roselli información sobre los principales acreedores con "deudas relevantes que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal", para valorar posibles conflictos de interés.

Roselli respondió con un listado de proveedores que cobrarían una vez se desembolsara el primer tramo de la ayuda, encabezado por casi 4,7 millones de euros con la petrolera venezolana PDVSA. El detalle de la deuda cuyo pago aprobó finalmente la SEPI incluía los préstamos puente concedidos por las sociedades vinculadas a Verhoeven. De ser así, el organismo conocía de antemano que parte de los fondos del rescate se destinaría a saldar esas obligaciones con las empresas prestamistas.

No era el único contacto. Los correos, que abarcan de diciembre de 2020 a abril de 2022, muestran que Partearroyo trasladó a la aerolínea recomendaciones sobre el plan de viabilidad, la estructura de los préstamos y sus previsiones económicas. Según explican fuentes conocedoras de estos trámites a El Independiente, se trataba de un seguimiento previo "habitual".

La UDEF ya dejó constancia, en un informe de abril de 2026, de que había quedado "patente" que existió un flujo de comunicación entre los directivos de la aerolínea y Partearroyo durante la fase de concesión, y de que parte de esas comunicaciones no se habían incorporado al expediente. El juez Calama ha citado a Partearroyo como testigo el 19 de noviembre.