El primer desembolso del rescate de Plus Ultra apenas permaneció unos días en las cuentas de la aerolínea. Tras recibir el 18 de marzo de 2021 el primer tramo de la ayuda de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la compañía comenzó a devolver de inmediato los denominados "préstamos puente" que había contratado durante los meses anteriores para "sobrevivir" mientras esperaba la resolución del expediente. Pero también para abonar la comisión del 1% acordada con el empresario Julio Martínez Martínez por sus supuestas gestiones para conseguir el rescate.

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Así consta en la documentación que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el consejero delegado, Roberto Roselli, han entregado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y a la que ha tenido acceso El Independiente. Los escritos permiten reconstruir parte del recorrido que siguió ese dinero. Y aunque no detallan euro a euro el destino completo de los primeros 19 millones, sí identifican las principales operaciones que la compañía asegura haber atendido con la ayuda y el plan que tenía previsto para utilizar el conjunto del rescate.

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Las primeras salidas: devolución de préstamos

La principal transferencia se dirigió a Valerian Corporation Limited. Según la documentación aportada por Plus Ultra, la sociedad británica había concedido dos préstamos de 450.000 euros cada uno durante enero y febrero de 2021. Apenas seis días después de recibir el primer tramo del rescate, la aerolínea ordenó dos transferencias por un importe conjunto de casi 921.000 euros hacia una cuenta de Bank Money Corp, en Gibraltar. Esa cantidad incluía el principal, los intereses pactados, la comisión de apertura y la correspondiente retención fiscal.

Ese mismo 24 de marzo la compañía abonó también 545.200 dólares a Panacorp Casa de Valores, con destino a una cuenta de Andcapital Bank International Corp en Puerto Rico, para cancelar otro préstamo recibido semanas antes. Esta devolución se habría hecho en dólares a petición del prestamista, por lo que la aerolínea tuvo que adquirir esa divisa con el contravalor en euros, según explican. Al día siguiente, Plus Ultra devolvió otros 522.400 dólares a Wailea Investment Limited, sociedad radicada en Reino Unido que había financiado a la compañía con 500.000 dólares en octubre de 2020.

La última devolución correspondió a Allpa Wira Trading UK Limited. Después de cuatro intentos fallidos de transferencia —primero a cuentas en Suiza y posteriormente en Montenegro, todos ellos devueltos por los bancos destinatarios— la operación terminó ejecutándose el 4 de mayo mediante un pago de 519.983 dólares desde una cuenta del BBVA con destino a SBM Bank Mauritius, en la isla de Mauricio.

En total, la aerolínea sostiene que destinó alrededor de 2,3 millones de euros a devolver estos préstamos una vez recibió la financiación pública. Pero la explicación de la compañía choca con la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que considera que varias de estas sociedades formaban parte de la estructura internacional de blanqueo que ahora investiga la Audiencia Nacional.

La comisión del 1%

Los escritos también reconstruyen cómo se materializó el pago de la comisión pactada con el empresario Julio Martínez por las gestiones realizadas durante la tramitación del rescate. Según la versión de los directivos de Plus Ultra, esa remuneración equivalía al 1% de los 53 millones concedidos por la SEPI —unos 530.000 euros— y terminó ascendiendo a 527.400 euros, distribuidos entre facturas emitidas por tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez y distintos pagos en especie.

Antes incluso de negociarse esa comisión, la aerolínea mantenía desde julio de 2020 un contrato de asesoramiento con Análisis Relevante, por el que abonaba 5.000 euros mensuales más IVA. Meses después, en enero de 2021, ambas partes negociaron un nuevo contrato, esta vez a través de Idella Consulenza Estratégica, que vinculaba expresamente la remuneración al éxito del rescate y fijaba esa comisión en el 1% de la ayuda. Ese contrato, sin embargo, nunca llegó a ejecutarse y el pago terminó articulándose a través de distintas sociedades vinculadas a 'Julito'.

La mayor parte del importe se canalizó a través de Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe, mercantiles que emitieron facturas por un total de 458.417 euros bajo conceptos como "Honorarios mensuales, elaboración de informe", "Servicios de gestión de vuelos Madrid-Caracas" o "Gestión vuelos operado por SACSA". A ello se añadieron otros 69.000 euros correspondientes a 46 billetes de avión en clase business que Martínez Martínez solicitó y utilizó sin abonarlos. La UDEF sostiene, por el contrario, que esas facturas respondían a conceptos ficticios o carentes de contenido real y que sirvieron para encubrir el pago de una supuesta 'mordida'.

Aunque Plus Ultra ya venía abonando las facturas correspondientes al contrato de asesoramiento suscrito con Análisis Relevante desde finales de 2020, la documentación sitúa el inicio de la segunda fase de esos pagos inmediatamente después de la llegada del rescate. Apenas cuatro días después del desembolso de los primeros 19 millones, el 22 de marzo de 2021, Voli Analítica comenzó a emitir sus primeras facturas a la aerolínea. El 31 de marzo Análisis Relevante giró la última factura correspondiente al primer contrato y, posteriormente, se incorporaron el resto de sociedades y los vuelos en clase business que Plus Ultra computa como parte de la comisión global.

El plan para los 53 millones

Más allá de esas primeras transferencias, la documentación incorpora el plan de viabilidad elaborado por PwC en agosto de 2020 sobre el que se calculó la cuantía del rescate solicitado a la SEPI. Según ese informe, la aerolínea necesitaba mantener una caja mínima de seguridad de entre ocho y diez millones de euros para garantizar su funcionamiento ordinario. A esa cifra se sumaban las pérdidas previstas para 2021 y una partida de contingencia de 12 millones destinada a afrontar los posibles reembolsos de billetes cancelados durante la pandemia, hasta alcanzar los 53 millones finalmente concedidos por el Gobierno.

Además de mantener esa liquidez mínima, el plan contemplaba destinar parte de la financiación a saldar unos 13 millones de euros en deudas acumuladas con proveedores desde el inicio de la crisis sanitaria, regularizar los pagos pendientes con el proveedor venezolano de combustible PDVSA —para lo que se preveía un primer desembolso de cinco millones de dólares—, cubrir el mantenimiento de la flota y garantizar los gastos corrientes de explotación.

Entre las operaciones posteriores figura también un traspaso de 5,25 millones de dólares a una cuenta del Commonwealth Bank, donde permanecieron cerca de once meses antes de destinarse, según la compañía, al pago de arrendadores de aeronaves (lessors) y combustible en Venezuela.