La relación de España con Marruecos en la frontera de Ceuta está condicionada por una realidad que, en la práctica, otorga a Rabat una posición determinante por lo menos en el ámbito de los organismos de la Seguridad y la Defensa. Esto se debe a que aunque España puede acordar una devolución, es Marruecos quien decide si acepta a la persona que pretende ser retornada. "Ellos deciden si aceptan a los suyos o no", explican a El Independiente fuentes policiales vinculadas a la investigación judicial sobre la crisis migratoria de Ceuta.
Estas fuentes resumen la situación de forma más amplia: "Las relaciones las controla Marruecos". No porque Rabat tenga competencias sobre las autoridades españolas, sino porque buena parte de la gestión de una frontera como la de Ceuta depende de la cooperación del país vecino. La entrega de personas devueltas, el intercambio de información o la coordinación de los servicios que operan a ambos lados de la frontera requieren una interlocución con las autoridades marroquíes.
La posición de Rabat sobre esa cooperación es la que ahora la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón intenta reconstruir para saber qué ocurrió al otro lado de la frontera antes y durante la entrada masiva del 30 de julio. La jueza ha solicitado las comunicaciones mantenidas entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de inteligencia marroquíes para conocer qué información se intercambió entre ambos países y, sobre todo, cuál fue la respuesta de Marruecos a las comunicaciones españolas.
Tardón investiga al CNI y la respuesta de Rabat
La diligencia permitirá comprobar si hubo peticiones concretas por parte de España, cuándo se realizaron, quién respondió desde Marruecos y qué información se trasladó. También puede servir para determinar hasta qué punto existió una colaboración efectiva de los servicios marroquíes en los momentos previos y posteriores a la entrada masiva en Ceuta.
La investigación de Tardón ha ido reconstruyendo durante las últimas semanas las advertencias que manejaban las autoridades españolas antes de la crisis y las decisiones adoptadas posteriormente. La documentación desclasificada hasta ahora ha permitido conocer comunicaciones e informes de los servicios de información españoles sobre el riesgo existente, mientras que las declaraciones de mandos policiales y de la Guardia Civil han situado el foco en la respuesta operativa y en la cadena de decisiones.
La frontera y los informes
Ahora la magistrada incorpora una pieza que hasta el momento no había quedado completamente reconstruida, aunque el Gobierno tiene claro que Marruecos es un "socio fiable", la magistrada quiere saber cuál fue la interlocución con Marruecos durante este pasado verano por parte de ambos servicios de Inteligencia. Para ello, el Consejo de Ministros tendrá que aceptar que se desclasifiquen esos informes.
La cuestión es especialmente relevante porque la frontera de Ceuta no puede analizarse únicamente desde el lado español. Marruecos controla el territorio inmediatamente anterior a la frontera y sus fuerzas de seguridad tienen un papel fundamental en los movimientos hacia los pasos fronterizos. Al mismo tiempo, cualquier devolución hacia territorio marroquí necesita que las autoridades del país vecino acepten la entrega.
Es precisamente esa dependencia operativa la que, según las fuentes consultadas, explica el peso que tiene Rabat en la relación fronteriza. Una decisión adoptada por España no garantiza por sí misma que pueda ejecutarse al otro lado de la frontera. Para determinadas actuaciones es imprescindible que Marruecos coopere.
La petición de Tardón al CNI permitirá comprobar cómo funcionó esa cooperación durante los días que rodearon la crisis. La cuestión no es únicamente si existió contacto entre los servicios de ambos países, sino qué contenido tuvieron esas comunicaciones. Es decir, si España trasladó advertencias o solicitudes a sus interlocutores marroquíes, si obtuvo respuesta y qué posición mantuvo Rabat ante las peticiones españolas.
Marruecos está ahora modo "perfil bajo"
En la práctica, España puede identificar a una persona que pretende devolver y activar los mecanismos correspondientes, pero la devolución requiere la aceptación de Marruecos. De ahí que la cooperación policial y de inteligencia con Rabat tenga una importancia que va mucho más allá de la mera coordinación entre dos países vecinos.
La situación actual, además, es descrita por las fuentes consultadas como de "perfil bajo" por parte de Marruecos. Rabat mantiene en estos momentos una posición discreta en sus relaciones operativas con España, según estas fuentes, pese a que la cooperación marroquí continúa siendo esencial para la gestión de la frontera. "Hace años, que el Rey hubiera ido a Ceuta nos hubiera costando un conflicto diplomático. Ahora hay silencio y un par de periódicos marroquíes quejándose".
Los avisos sobre quién sabía qué
Hasta ahora, buena parte del debate se ha centrado en si España recibió suficientes avisos y en quién conocía el riesgo de una entrada masiva. La documentación desclasificada y las declaraciones ante Tardón han permitido avanzar en esa reconstrucción. El análisis de las comunicaciones con Marruecos puede aportar ahora otra perspectiva sobre qué estaba ocurriendo al otro lado de la frontera y cuál fue la respuesta de Rabat ante las advertencias y solicitudes españolas.
Las fuentes policiales consultadas consideran que este punto es esencial para entender la gestión de la frontera. Marruecos no tiene competencias para decidir cómo actúan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles en Ceuta, pero sí puede condicionar de forma decisiva lo que sucede después, especialmente cuando España necesita que el país vecino acepte a una persona que pretende ser devuelta.
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