El martes, al término de cuatro horas de comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, Óscar Puente consultó el teléfono, apartó los papeles de su defensa y desplegó una carpeta roja con el texto de su dimisión como ministro de Transportes y como candidato del PSOE para el 29 de noviembre. Minutos antes, el portavoz socialista, Patxi López, había cerrado filas en su favor con una pregunta retórica: «¿Por qué tiene que dimitir? ¿Por dar la cara? ¿Por estar en el centro de control en lugar de en un restaurante?». La renuncia ya estaba escrita en esa carpeta desde el comienzo de la sesión.
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Durante los seis días que siguieron al accidente de Urda —69 muertos, el segundo choque de alta velocidad en nueve meses después de Adamuz y sus 46 fallecidos—, Puente descartó dimitir una y otra vez. Aún esa misma mañana, tras el Consejo de Ministros, recalcó que conservaba las ganas de completar el mandato y presentó un plan extraordinario de refuerzo de la seguridad ferroviaria. «Yo no he tomado ninguna decisión que haya contribuido a causar este daño», sostuvo, «y he respondido dando la cara, sin esconderme». Horas más tarde, en su último turno de palabra, aseguró que la decisión sobre su futuro la había tomado «en los primeros minutos» tras conocer la tragedia. La hemeroteca lo contradice: entre el mediodía y la noche de ese martes no cambió ninguna explicación técnica; cambió el sondeo.

El PSOE había llegado a la precampaña con una remontada sostenida: 28,2 % de media en las encuestas publicadas desde la convocatoria electoral del 5 de octubre. El primer barómetro con todo su trabajo de campo posterior al siniestro, el de Sigma Dos para El Mundo (29 y 30 de octubre), le dejó en el 24,6 %, su peor registro de la legislatura: unos 450.000 votos menos en setenta y dos horas y entre 97 y 103 escaños. PP y Vox sumaban de 196 a 208 actas. La defensa cerrada del ministro dejó de ser útil el día en que la demoscopia la convirtió en carga; bastó cruzar ese umbral para que el relato cambiara de signo sin el menor rubor.

Esa remontada la daba por hecha el propio Sánchez. Once días después de firmar la convocatoria, en la rueda de prensa institucional que cerró el Consejo Europeo de Bruselas, se mostró «optimista» y «animado», seguro de que gobernaría «de una manera u otra», y se apoyó en que «conoce bien» a la sociedad española. La Junta Electoral Central le advirtió de que aquellas declaraciones, pronunciadas con medios públicos desde el foro europeo, rozaban «el límite de lo admisible» de la neutralidad institucional. Después de tantas mentiras, la deducción es fácil: conocer bien al pueblo español es saber hasta dónde se le puede engañar sin consecuencias.

En la Moncloa contemporánea, el límite moral lo fija la última encuesta electoral o el mero interés personal —«son las cinco y no he comido»— de alguien que nunca debió hacerse cargo del Estado.

El episodio ejemplifica un cambio de paradigma en la cultura política del Partido Socialista. Históricamente, el PSOE —con sus aciertos y sus graves errores de gestión o de corrupción— operaba dentro de los consensos de la socialdemocracia europea y del respeto formal a los pilares del Estado. La etapa actual funciona con otra doctrina: la mentira táctica, de raíz leninista. No es una etiqueta polémica. Ante el III Congreso del Komsomol, en 1920, Lenin lo formuló sin rodeos: «nuestra moral está enteramente subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado»; es moral lo que sirve para destruir la antigua sociedad explotadora. Trasladada al Estado, esa regla convierte la verdad en un instrumento: afirmar una cosa y ejecutar la contraria carece de coste de conciencia mientras garantice el control del poder o proporcione un rédito en las urnas. La palabra dada se vuelve maniobra de distracción mientras se mide en el tracking el efecto de cada mensaje.

La paradoja final roza el sarcasmo. El partido que sostuvo a Puente hasta el último turno de palabra presentó la dimisión, al día siguiente, como una «lección de dignidad», prueba de que «ni todos los partidos ni todos los políticos somos iguales». Lo que la salida de Puente certifica es otra cosa: ni un despertar ético ni una repentina empatía con los 115 muertos ferroviarios del año, sino el predominio del instinto de supervivencia.

Esta ha sido solo la última de las innumerables mentiras encabezadas por el presidente del Gobierno. Entre todas han demolido la ética que Pablo Iglesias forjó desde la fundación del partido, en 1879, y sostenía aún en los primeros años del siglo XX; han vuelto irreconocible al PSOE. Cuando el principal partido de gobierno renuncia a la veracidad básica, la confianza en las instituciones se erosiona de forma irreparable. La dimisión de Puente no restaura la dignidad de la gestión pública. En ocho años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demolido, uno tras otro, los servicios públicos y las infraestructuras del Estado. Estos son los resultados que el 29 de noviembre se presentan al pueblo español: 115 muertos en las vías en nueve meses, pleitos de incapacidad señalados para 2030, 232 víctimas de la DANA, la frontera sur invadida por decenas de miles de personas, una televisión pública convertida en plató. En la Moncloa contemporánea, el límite moral lo fija la última encuesta electoral o el mero interés personal —«son las cinco y no he comido»— de alguien que nunca debió hacerse cargo del Estado.