El programa electoral de un partido que lleva ocho años en el gobierno es, necesariamente, mucho más que un documento de intenciones que se redacta para no cumplirlo, que diría un cínico –o el viejo profesor Tierno Galván–. Cuando se lleva a cabo el ejercicio de cotejarlo con los programas precedentes, para averiguar qué se ha cumplido, qué se ha quedado por el camino y por qué, puede funcionar como una suerte de informe forense. Comparar el programa con el que el PSOE concurre a las próximas elecciones generales del 29-N, dado a conocer este domingo, con los dos anteriores (correspondientes a los comicios de 2019 y 2023), además del documento de 35 compromisos sociales que acompañó al de 2019, ayuda a dibujar un retrato preciso de las intenciones, los logros, los fracasos y las limitaciones de los sucesivos Gobiernos presididos por Pedro Sánchez, y del alcance de las promesas socialistas en estos nuevos comicios.

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Entre 2023 y 2026, durante una XV legislatura marcada por la fragmentación del bloque de investidura, el Gobierno ha cerrado su mandato sin aprobar Presupuestos, gobernando tres ejercicios consecutivos con las cuentas prorrogadas de 2023. Con el respaldo de sus socios parlamentarios logró sacar adelante un puñado de reformas incluidas en su ideario, como la Ley de Representación Paritaria, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la ampliación de los permisos de nacimiento a 19 semanas o la actualización de las leyes de discapacidad y dependencia. Otras, como la reforma del artículo 49 de la Constitución, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la Ley ELA, salieron adelante gracias al acuerdo con el Partido Popular. Sin embargo, la frágil aritmética parlamentaria acabó poniéndose de manifiesto en el Congreso con catorce reales decretos-ley derogados y más de cuarenta votaciones perdidas –además de la incapacidad fundamental para aprobar Presupuestos–. Ante esa parálisis ordinaria de las Cortes, el Ejecutivo ha convertido el decreto-ley, concebido constitucionalmente para casos de extraordinaria y urgente necesidad, en su herramienta regular de gobierno: suma 67 aprobados en el mandato (60 hasta la disolución de las Cámaras el 6 de octubre y otros siete dictados ya en precampaña, hasta el 10 de noviembre), superando ampliamente el número de leyes sacadas adelante por el trámite parlamentario ordinario.

La brecha entre lo prometido y lo legislado no solo define la legislatura que concluye, sino que ayuda a explicar cuatro rasgos fundamentales del programa del PSOE para el 29-N: el autoplagio de compromisos encallados desde 2019, el aplazamiento recurrente de metas ya vencidas, el borrado silencioso de cuestiones incómodas como la relación con Marruecos y la inclusión de medidas reactivas al calor de los últimos sobresaltos de la legislatura como la crisis de Ceuta, la cuestión de la vivienda o la tragedia ferroviaria de Urda, junto a una batería de medidas simbólicas de difícil encaje jurídico, competencial o aritmético.

Un ‘copia y pega’ de siete años

Un rastreo textual por las 114 páginas del programa de 2026 demuestra que buena parte de sus 500 compromisos son reutilizaciones casi palabra por palabra de promesas formuladas en 2019 y repetidas en 2023, muchas de ellas fracasadas en sede parlamentaria durante los últimos tres años.

  • La abolición de la prostitución, tres veces en el escaparate. En octubre de 2019, el PSOE prometió impulsar una ley para "sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena". En julio de 2023 repitió: "Aboliremos la prostitución. Desarrollaremos una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas". En mayo de 2024, el Congreso tumbó la proposición de ley socialista con 184 votos en contra, incluidos los de sus socios de Sumar, ERC, Junts, PNV y EH Bildu. Pese a esa derrota, y a los escándalos vinculados al uso de la prostitución que han tenido lugar en el seno del partido, el compromiso 342 de 2026 vuelve a prometer exactamente lo mismo: "Aprobar una Ley Orgánica contra la Trata de Seres Humanos, y una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, prohibiendo el proxenetismo en todas sus formas".
  • La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, encallada desde 2019. Prometida en los 35 compromisos sociales de 2019 ("crearemos una autoridad administrativa de protección que reúna y refuerce las funciones de reclamación actuales en el ámbito de entidades de crédito, de inversión y seguros", punto 22), volvió en 2023 con la promesa de aprobarla "definitivamente". Tampoco ha salido en la legislatura 2023-2026 y regresa en el compromiso 97 del programa de 2026.
  • El ‘pack’ de normas eternamente pendientes. Se repiten por tercera cita electoral consecutiva la Ley de Usos del Tiempo y Racionalización Horaria, el Estatuto del Becario, la Ley de Familias –caducada tras dos años atascada en fase de enmiendas en el Congreso–, la Ley de Servicios Sociales, la Oficina Española de Derechos de Autor y la universalización gratuita de la educación de 0 a 3 años.
  • La ‘Ley Mordaza’. Prometida su derogación en 2019 ("aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la 'Ley mordaza'", p. 33), desapareció del programa de 2023 tras encallar su reforma en las Cortes y reaparece ahora en el compromiso 431 tras volver a fracasar su tramitación en 2025.
  • Los calcos literales de 2023. De hace tres años se copian casi sin cambios el compromiso de garantizar el desalojo de okupas en 48 horas (2023, p. 244; 2026, p. 101), el fin de la cita previa obligatoria en la Administración del Estado y el plazo máximo de 30 días para resolver prestaciones sociales (2023, p. 233; 2026, compromiso 439), la Ley de Lobbies (2023, p. 236; 2026, comp. 446) y la regulación por ley del informe de autoevaluación gubernamental Cumpliendo (2023, p. 239; 2026, comp. 447).

Metas caducadas y brindis al sol

Contrastar los compromisos de 2019 y 2023 con la labor de gobierno y el nuevo programa aflora una serie de objetivos incumplidos que ahora el PSOE opta por aplazar, rebajar o directamente eliminar.

  • Financiación autonómica en un año. En 2023 se comprometió a aprobar el nuevo modelo "en el plazo máximo de un año" (p. 227). Ahora, después de que el proyecto de ley orgánica de condonación de 83.252 millones de deuda autonómica pasara diez meses congelado en el Congreso y decayera definitivamente con la disolución de las Cortes, vuelve a prometer impulsar la reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la quita de deuda (compromisos 229 y 231).
  • El 5% del PIB en Educación que nunca llegó. En 2019, el PSOE fijó un compromiso taxativo: "la inversión educativa en España alcanzará el 5% del PIB en el año 2025" (p. 23). Superado ese año sin alcanzar el objetivo, el programa de 2026 evita comprometerse con ese u otro, manteniendo únicamente la referencia del 7% del PIB para Sanidad en el compromiso número 136.
  • Moviendo el listón del abandono escolar. En 2019 prometió que al final de aquella legislatura (2023) "al menos el 90% de los jóvenes cuente con estudios postobligatorios" –es decir, bajar la tasa de abandono escolar temprano del 10%– (p. 25). Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación, España registró en 2025 su mínimo histórico (12,8%, dos décimas menos que en 2024), pero sigue 2,8 puntos por encima del listón prometido para 2023 y más de tres puntos por encima de la media de la Unión Europea (9,4%). Lejos de admitir el retraso, el compromiso 160 de 2026 vuelve a fijar la misma meta aplazada a 2030: "Reducir la tasa de abandono escolar temprano por debajo del 10% antes de 2030".
  • La I+D+i menguante. En 2019 el compromiso era alcanzar una inversión total en I+D+i del 2% del PIB al final de la legislatura (2023) (p. 43). Según la última estadística cerrada por el INE –a la espera de la publicación de los datos de 2025–, el gasto total en I+D en España alcanzó un récord de 23.931 millones de euros, pero apenas representa el 1,50% del PIB, lejos del 2% prometido para 2023 y de la media comunitaria (2,24%). En 2023 el PSOE ya rebajó su objetivo para centrarlo solo en la inversión pública (1,25% del PIB en 2030, p. 114); en 2026 vuelve a correr la portería hasta el 1,5% del PIB público en 2035 (compromiso 8).
  • Sanidad y dependencia. En 2019 prometió reducir en "al menos un 75% las listas de espera" de la dependencia (p. 29); en 2023 subió la apuesta a "acabar con la lista de espera" y fijar un tope de 30 días para recibir la ayuda (p. 170). En 2026, el propio texto reconoce en su diagnóstico que "la ayuda a la dependencia tarda meses en llegar" (p. 46) y se limita a prometer "seguir reduciendo las listas de espera" sin plazos ni porcentajes (compromiso 205). En Sanidad, el programa de 2026 promete "acabar con las listas de espera" (compromiso 136) y fijar un plazo máximo de 30 días para la primera consulta psicológica pública (compromiso 143), aunque borra los topes máximos por ley que prometió en 2023 –120 días para cirugía, 60 para consultas externas y 30 para pruebas diagnósticas (p. 195)–. Estas promesas tienen mucho de brindis al sol: la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, a las que el propio preámbulo del programa de 2026 responsabiliza del colapso.
  • Rebajas en permisos, universidad y transporte. En 2023 prometió ampliar los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas para cada progenitor (p. 138); tras dejarlos en 19 semanas esta legislatura, en 2026 renuncia a las 20 semanas lineales y ofrece una semana adicional solo si ambos progenitores disfrutan el permiso de forma no solapada, junto a cuatro semanas retribuidas del permiso parental hasta los 8 años (compromiso 105). En la Universidad, la promesa de 2023 de hacer gratuitos todos los créditos aprobados a la primera en grado y FP superior (p. 112) se recorta en 2026 a la matrícula del primer curso de grado (compromiso 179). Y en transporte el tijeretazo es doble: el capítulo de Juventud de 2026 borra directamente el epígrafe propio sobre Movilidad que sí figuraba en 2023, y la promesa de implantar la "gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta los 24 años" (p. 75) desaparece para quedar reducida, fuera ya de ese bloque, a mantener los descuentos juveniles únicamente "durante los periodos vacacionales y de ocio" –el modelo Verano Joven– (compromiso 281), mientras que el resto de bonificaciones pasan a depender de la renta a través de un futuro bono social único (compromiso 93).

El borrado de Marruecos, el Sáhara y la Iglesia

Si reveladoras son las propuestas que se repiten, también las que desaparecen. Es el caso de Marruecos o la cuestión del Sáhara Occidental, de los que no hay ni rastro en todo el bloque internacional (pp. 106-114). El documento se detiene en Gaza, Ucrania, Irán, América Latina, Asia o África genéricamente, el acuerdo sobre Gibraltar para eliminar la Verja (compromiso 475) o la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera europea (compromiso 474), pero Marruecos, el leal vecino que presuntamente espía y lanza ataques híbridos contra la integridad territorial española en la frontera sur, brilla por su ausencia. En 2023, un año después de que el Gobierno rompiera con una causa secular de la izquierda española y apoyara la propuesta marroquí para la autonomía del territorio, el programa socialista sacaba pecho de la sintonía con Rabat dedicando un epígrafe específico a celebrar la "nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos, en la que hemos firmado una veintena de acuerdos" (p. 256), al tiempo que intentaba mantener las apariencias en el apartado siguiente apoyando al enviado de la ONU para el Sáhara Occidental y la ayuda humanitaria a los campamentos saharauis (p. 257). Tres años después, tres meses y medio después del asalto a Ceuta, el partido opta por el silencio absoluto en su programa y evita reabrir la herida del Sáhara con sus socios de la izquierda.

Otro borrado selectivo: en noviembre de 2019, el PSOE llevaba un compromiso frontal: "Denunciaremos los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953 [...] Recuperaremos los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia" (p. 33). En 2023 ya eliminó tanto la denuncia del Concordato como las inmatriculaciones, sustituyéndolas por un apartado de Laicidad donde pedía trabajar con la Iglesia hacia su autofinanciación y equiparar su fiscalidad a la de las ONG (pp. 246-247). Ahora, en 2026, el bloque de laicidad desaparece por completo: ni una sola línea sobre la Iglesia católica, la autofinanciación o la neutralidad religiosa. Algunos hechos para contextualizar este movimiento: en 2025, el Gobierno renunció a la hasta entonces "irrenunciable" expulsión de los benedictinos de la Basílica del Valle de los Caídos a cambio de desbloquear la resignificación de Cuelgamuros, el proyecto estrella de su conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco. Este mes de junio, selló la armonía en sus relaciones con el Vaticano durante la visita del papa León XIV a España.

¿Más promesas caídas en combate? Se esfuman también del programa la semana laboral de cuatro días que centró buena parte del relato de conciliación en 2023 (pp. 31, 138 y 140), sustituida por completar la reducción a 37,5 horas tras el rechazo del Congreso en septiembre de 2025 (compromiso 108), los debates electorales obligatorios por ley (2023, p. 240), el delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos (2023, p. 239), el voto municipal de extranjeros sin reciprocidad (2019, p. 34), la cuenta ahorro vivienda exenta en IRPF hasta 30.000 euros (2023, p. 220), la exención de tasas de la EBAU (2023, p. 105), el cine a 2 euros para mayores de 65 años (2023, p. 123, relevado por un abono de 15 euros al mes para menores de 25, compromiso 453) y el cannabis terapéutico (2023, p. 198). O el epígrafe específico dedicado en 2023 al sector cinegético (p. 68), en el que el PSOE reivindicaba la caza como parte de la sostenibilidad rural y prometía desplegar una Estrategia Nacional, elaborar censos de fauna junto a investigadores y ecologistas y controlar las poblaciones de especies para asegurar la convivencia en el campo. Sí se mantiene intacto el apartado de protección y bienestar animal (p. 74).

Giros en impuestos, vivienda y defensa (y el tren)

Convertida en la gran bandera electoral del PSOE tras el rechazo parlamentario de octubre al decreto antidesahucios que precipitó el adelanto electoral, el programa de 2026 erige la vivienda asequible en "la principal prioridad de la legislatura" (compromiso 38, p. 28) e incorpora el grueso de aquellas medidas, como la ampliación de la duración de los contratos, la congelación temporal de los alquileres que superen los índices de referencia (compromisos 61 y 62, p. 31) y la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional, asumiendo la Administración la compensación al pequeño propietario (compromisos 84 y 85, p. 34). La protección blindada al inquilino convive con la promesa rescatada de 2023 de garantizar el "desalojo de viviendas ocupadas en 48 horas" (p. 101). Al mismo tiempo, la meta de construir o movilizar 183.000 viviendas públicas fijada hace tres años (2023, p. 216) se reajusta en 2026 a constituir un parque estatal de 100.000 viviendas a través de la nueva empresa pública CASA 47 (compromiso 42, p. 29).

En 2019 el PSOE se presentó "con el compromiso de no subir impuestos a las clases medias y trabajadoras" (p. 15), y en 2023 prometió elevar ingresos "sin aumentar, con carácter general, los impuestos" (p. 22). En 2026 despliega un paquete de nuevos gravámenes y recargos, aunque focalizados en "las grandes fortunas" y las corporaciones para no romper su compromiso de proteger a las rentas medias y bajas (a las que promete seguir exonerando en el SMI y ofrecer un crédito fiscal reembolsable por hijo): eleva al 35% el IRPF del ahorro desde 300.000 euros (comp. 130), duplica la tasa Tobin del 0,2% al 0,4% (comp. 135), crea un impuesto progresivo contra fondos buitre y grandes tenedores por pisos vacíos, turísticos o con rentas abusivas (comp. 70 y 72), grava solares ociosos (comp. 53), recarga en Sociedades a las cotizadas donde el primer ejecutivo cobre más de 100 veces la mediana salarial de su plantilla (comp. 133), impone una tasa a megayates, jets privados y billetes en clase business consumidos por el "0,1% más rico" (comp. 132) y crea un tributo adicional sobre grandes tecnológicas e inteligencia artificial (comp. 131).

En su programa de 2023, el PSOE presumía de haber "doblado el presupuesto que la derecha destinaba a la Defensa" y prometía seguir aumentándolo para cumplir "los compromisos internacionales asumidos por España" (p. 262). En 2026 vira el discurso para hacer bandera de su negativa a elevar "el gasto militar al 5% del PIB, pues ello pondría en riesgo nuestro Estado del bienestar. Somos aliados, no vasallos" (p. 106) de Estados Unidos, proclama el programa en una clave anti Trump muy querida para Sánchez, rescatando además el eslogan "no a la guerra" frente al conflicto con Irán (p. 107).

Algo similar ocurre con el ferrocarril. Mientras que en 2019 y 2023 el tren apenas aparecía para prometer nuevas infraestructuras –como los corredores Atlántico y Mediterráneo– o el impulso a las mercancías sin una sola referencia a la seguridad operacional, en 2026 irrumpe de urgencia al calor de las tragedias de Adamuz y sobre todo de Urda, que forzó la dimisión del ministro Óscar Puente. El paquete ferroviario del programa funciona como una enmienda implícita a su propia etapa al frente de Transportes: tras años de nombramientos políticos y sindicales en los gestores públicos, el PSOE promete ahora consolidar "una dirección de perfil técnico en Adif y Renfe", reforzar las plantillas de circulación y mantenimiento, blindar 19.000 millones de euros hasta 2030 para conservar las vías, desplegar el sistema ERTMS 2 en la línea Madrid-Sevilla y promover un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria previa redacción en dos meses de un Libro Blanco –incluyendo la creación de un Defensor de Víctimas de Accidentes Colectivos que el Consejo de Ministros ya ha aprobado por decreto en plena precampaña–.

De cara a la galería

En su esfuerzo por compensar el desgaste de la mala gestión, el programa del PSOE para el 29-N incorpora un catálogo de propuestas de alto impacto comunicativo cuya viabilidad choca con la aritmética parlamentaria o las competencias reales.

  • Ocho reformas constitucionales sin mayoría. El PSOE propone modificar la Carta Magna por dos vías distintas, ambas inviables sin el concurso del PP. Por el procedimiento ordinario (artículo 167 de la Constitución, que exige una mayoría cualificada de tres quintos en ambas Cámaras), plantea reformar el Senado para que sus circunscripciones coincidan con las comunidades autónomas y no con las provincias (comp. 382), además de blindar las pensiones con el IPC (comp. 100 y 365), el aborto en el artículo 43 (comp. 327), el matrimonio igualitario (comp. 368), el derecho a la seguridad climática y al agua potable (comp. 261 y 367) y una nueva vuelta al artículo 49 sobre discapacidad (comp. 369). Aún más complejo es su compromiso de elevar la vivienda y la salud a derechos fundamentales (comp. 37 y 366) –junto con la eutanasia (comp. 368) si se vincula al artículo 15–, lo que obligaría a activar el procedimiento agravado del artículo 168: mayoría de dos tercios, disolución inmediata de las Cortes, elecciones generales, ratificación por dos tercios y referéndum nacional.
  • Nuevas figuras simbólicas y civiles. El texto plantea incluir en el Código Civil la "unión de amistad" para otorgar amparo legal y beneficios a personas unidas por amistad o compañerismo que asuman un compromiso mutuo de cuidados ("porque también es familia la que elegimos", compromiso 370); crear un "escaño ciudadano" sin voto en Congreso y Senado para que la sociedad civil formule preguntas y enmiendas (compromiso 371); instituir un Defensor de las Generaciones Futuras vinculado al Consejo de la Juventud (compromisos 375 y 444); y rebajar la edad de voto a los 16 años (compromisos 372 y 374).
  • Cheques universales y tasas simbólicas. A ello se suma la creación de una "Cuenta de Futuro" de 1.000 euros al nacer invertida en fondos públicos y rescatable a los 18 años (compromiso 193), una prestación estatal universal por crianza (compromiso 192) y tributos de fuerte carga simbólica pero compleja gestión y dudosa capacidad recaudatoria, como el impuesto sobre los tokens que consumen los modelos de inteligencia artificial (compromiso 458) o las tasas ya mencionadas a las empresas cotizadas cuyos directivos ganen más de 100 veces la mediana salarial de su plantilla y a megayates y jets privados.

Las prisas del adelanto electoral del 29-N se dejan notar también en las costuras formales de un programa corto de 114 páginas escrito al galope, presentado tarde y sin tiempo aparente para una última lectura de pruebas. El copia y pega no es solo programático, sino literal dentro del propio texto: la ampliación de los permisos parentales, por ejemplo, se repite dos veces seguidas en los puntos 325 y 326 (así que en puridad los 500 compromisos son 499, y eso sin purgar otros que son redundantes). A una maquetación apresurada se suma la más pura lengua de madera de la burocracia partidista: una prosa plomiza y evasiva, sostenida sobre una cadena de infinitivos rutinarios (impulsar, reforzar, garantizar, desplegar, blindar), perífrasis dilatorias (seguir avanzando en, culminar) y fetiches de gabinete (gobernanza, resiliencia, hoja de ruta) diseñados para demostrar acción sin comprometer ni plazos ni financiación. El retrato fiel de una legislatura cerrada a contrarreloj y de un proyecto político con muchas fisuras.