El Govern catalán ha aprobado este martes la transferencia de 10 millones de euros al ICF para dotar el nuevo Fondo de Compensación de Riesgos de la Generalitat. Un fondo que debe servir para avalar las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a los responsables de la promoción exterior del procés durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, incluidos los dos presidentes. Los 10 millones han salido de la partida DD10 del capítulo 2 de los presupuestos de la Generalitat, creada en enero para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados del Covid-19.

De hecho, esta partida tiene dos líneas. La primera, destinada exclusivamente a los gastos derivados de la pandemia y dotada con 500 millones de euros del Fondo Covid creado por el Gobierno para financiar a las comunidades. La segunda, correspondiente a la ampliación del techo de deuda del 0,2% al 1,1% del PIB, que supuso una ampliación de 1.800 millones del presupuesto de la Generalitat para este ejercicio. Es de esta partida, que se ha utilizado también para programas de apoyo a las víctimas de violencia de género o a las ayudas a la administración local, destacan desde Economía, de la que se han transferido los 10 millones.

El pasado octubre el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó la ampliación del techo de déficit de las comunidades autónomas hasta el 1,1%. El Gobierno relajaba así el control financiero sobre la deuda de las autonomías para permitir que hicieran frente a los costes sociales derivados de la pandemia. Y cubría ese aumento del endeudamiento con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Apoyo del FLA

La Generalitat acordó en enero crear una nueva partida en los presupuestos prorrogados de 2020, la DD10, de 1.800 millones de euros con cargo al FLA. En mayo, cuando el nuevo Govern de Pere Aragonés cogió las riendas de la Generalitat, se habían transferido más de 900 millones de ese fondo a los distintos departamentos.

Así, la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales había recibido 557 millones para diversos programas de ayudas a trabajadores y familias. El departamento de Empresa otros 275 millones para ayudas a pymes y autónomos de los sectores cerrados por la pandemia, 71 millones fueron a Educación y otros 21 a Cultura.

De esta misma partida saldrán ahora los 10 millones destinados a la póliza de crédito para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a más de una treintena de ex cargos de la Generalitat por la acción exterior en favor de la independencia de Cataluña. El Consell Executiu ha aprobado un Decreto ley por el que se crea una póliza de 10 millones de euros destinada a «cubrir las responsabilidades contables» de funcionarios y altos cargos de la Generalitat que no se encuentren cubiertos por otras pólizas de seguros ya contratados por la administración catalana.

Sin banco que avale

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, aseguró que esta partida sale de «fondos extraordinarios no relacionados con Covid» que gestionará el Instituto Catalán de Finanzas «de forma transitoria». Sin embargo, el informe mensual de gasto del Departamento de Economía de la Generalitat recoge que «a partir del 2021 se crea un nuevo servcio presupuestario para atender a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia del Covid-19 (DD10)».

Plaja reconoció, además, que el Govern no ha encontrado todavía a la entidad bancaria que debe formalizar el aval a los investigados por el Tribunal de Cuentas. La maniobra orquestada por la Generalitat pasa por que sea un banco el que formalice el aval, que a su vez recibirá un contra aval de la administración autonómica a cargo de ese Fondo de Compensación de Riesgos.

Pero si no se llega a un acuerdo con ninguna entidad, será el propio ICF el que avale «temporalmente» las fianzas, según recoge la disposición adicional del Decreto Ley. El Tribunal de Cuentas dio de plazo hasta el 21 de julio para consignar las fianzas por un total de 5,4 millones de euros. Unas fianzas que afectan a Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y una treintena de ex altos cargos de la Generalitat.