Los empleados públicos vuelven a estar en la diana del independentismo en la campaña electoral para el 12M. En la de ERC, cuyo Govern ha aprobado este martes uan oferta pública de 9.000 plazas y mejoras para diversos cuerpos públicos. Y en el de Junts, que quiere controlar la selección y formación de los empleados de la administración local, como ya hace con la Generalitat.

Convergencia, el partido originario de Carles Puigdemont, Jordi Turull y buena parte de la cúpula de Junts, construyó a lo largo de más de dos décadas una administración autonómica que hoy en día cuenta con un total de 243.762 empleados públicos. De ellos, 104.608 son funcionarios, 68.470 interinos y 69.695 laborales indefinidos y temporales. Durante los años del procés, los empleados públicos fueron un apoyo clave tanto en la organización del referéndum como en las expresiones de protesta posteriores.

Las administraciones locales tienen otros 103.206 empleados públicos en Cataluña, de los que 32.506 son funcionarios, otros 15.302 son interinos y 54.078 laborales indefinidos y temporales, según los datos de Idescat para 2022, los últimos disponibles.

Represión del Estado

En su programa, Junts aboga por una reforma de la administración para reducir la burocracia. Y en este contexto argumenta que "es urgente proteger a nuestros servidores públicos de la pulsión represora del Estado y de los partidos que los quieren utilizar para el combate político". Una protección que pasa, argumentan, porque sea la Generalitat y no el Gobierno la responsable de la "convocatoria de plazas, formación y selección de funcionarlos tanto de la administración local como de la Generalitat".

En el punto de mira de Junts están los funcionarios de la administración local y autonómica con Habilitación de Carácter Nacional. Esto es, interventores, secretarios y tesoreros de los ayuntamientos. Los responsables de auditar y validar las cuentas públicas.

Ambición compartida con el PNV

Durante la pasada legislatura Junts ya planteó la transferencia a la Generalitat de la competencias sobre los funcionarios de la administración local, que los de Puigdemont rebautizaron como "de habilitación de carácter estatal". Una transferencia que sí obtuvo el PNV para el País Vasco, en el marco de los Presupuestos Generales de 2022. La medida, sin embargo, fue tumbada por el Tribunal Constitucional, tras recurso del PP en una decisión conocida hace una semana.

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Enrique Arnaldo, considera que esa disposición desborda el contenido posible de una ley de presupuestos y vulnera, en consecuencia, los arts. 66.2 y 134.2 de la Constitución. "Se trata de una norma en materia de función pública, que no guarda conexión con el régimen retributivo de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional ni tiene incidencia económica directa con los ingresos o los gastos" advertía el Constitucional.

ERC agasaja a los funcionarios

Esquerra, por su parte, ha saldado en la penúltima reunión del Govern antes dela cita con las urnas todas sus cuestiones pendientes con los funcionarios de la Generalitat. El Consell Executiu aprobó este martes el preacuerdo que mejora las condiciones laborales de los trabajadores de la administración de Justicia; las nuevas condiciones de trabajo del personal de prisiones; y la reversión de todos los recortes en los sueldos del personal docente.

Mejoras que, junto a la oferta de 9.000 nuevas plazas para diversos cuerpos de la Generalitat, tendrán un coste de 150 millones de euros, que el Govern asegura que puede pagar en situación de prórroga presupuestaria.

De las nuevas plazas de función pública 4.400 corresponden a docentes, el cuerpo de funcionarios que ha protagonizado más enfrentamientos con el Govern de Pere Aragonès durante sus tres años de presidencia. Otras 1.600 plazas corresponden al Instituto Catalán de la Salud (ICS) y 1.500 más a administración y servicios. La oferta pública incluye 900 nuevos mossos d'esquadra, 300 nuevos funcionarios de prisiones, y 142 bomberos y agentes rurales.

Unos acuerdos que según la portavoz del Govern, Patricia Plaja, no guardan relación con la convocatoria de elecciones. "No tienen ningún tipo de motivación electoral" aseguraba la portavoz, quien explicó que las negociaciones se han acelerado a indicación de Pere Aragonès, "pero no se han ultimado en los últimos días", sino que llevan meses cocinándose. Plaja ha insistido en que el Govern seguirá tomando decisiones y se ha preguntado "qué pasaría si hubiera una repetición electoral" para argumentar que no se pueden dejar congeladas "medidas imprescindibles para el conjunto de la ciudadanía y de los trabajadores de la función pública".