El secretario general de Junts, Jordi Turull, anunció la mañana de este martes que su grupo en el Congreso se abstendría en la votación del proyecto de ley para regular el alquiler de temporada y los pisos turísticos. Minutos antes de la votación, cuando el PSOE y Sumar habían amarrado el voto a favor del PNV, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, anunciaba a Íñigo Errejón que votarían en contra de la admisión a trámite del proyecto. Junts evidenciaba así, una vez más, la debilidad del Gobierno del PSOE, como les han recordado este miércoles en la sesión de control en el Congreso. Pero abría también una inesperada fractura con la ANC, su mejor aliada en el bloque independentista catalán.
"Es gravísimo" advertía este miércoles la ANC en un mensaje en sus redes sociales. La entidad presidida por Lluís Llach recuerda a los de Puigdemont que hace apenas una semana, se manifestaban convocados por la Asamblea con la reivindicación del derecho a la vivienda como lema en Barcelona para afearles que se sumen al PP para frenar un proyecto impulsado por entidades sociales entre las que se encuentran las que apoyaron la manifestación de la Diada.
"El pasado 11 de septiembre Barcelona reclamó el derecho a una vivienda digna" recordaba el mensaje de la ANC. Añade la Asamblea que los alquileres de temporada "encarecen el precio" de la vivienda y "agravan el problema". Por ello, "que Junts se oponga con el PP a limitar el precio es un hecho gravísimo" advierten, recordando que uno de sus argumentos para la independencia es "definir nuestro modelo de país". Un modelo en el que esta votación muestra claras divergencias entre Junts y las entidades independentistas.
Giro estratégico de Junts
De hecho, el voto de Junts, junto a PP y Vox, en contra de una regulación impulsada por el Sindicato de Arrendatarios va en línea del giro ideológico emprendido por el partido de Carles Puigdemont. El mismo que explica su discurso sobre la inmigración, asociándola en ocasiones a la inseguridad, o la defensa de las grandes infraestructuras. Lejos de los tiempos en los que compartía proyecto con ERC y la CUP cuando un consejero de Junts, Damià Calvet, impulsó la Ley de vivienda catalana que imponía a los propietarios la obligación de ofrecer un alquiler social a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, incluidos okupas sin titulo habilitante.
No es la primera vez que Junts suma sus votos a los de PP y Vox para evidenciar la debilidad del Gobierno. Pero esta vez la formación independentista está teniendo más dificultades para explicar su cambio de opinión en el último minuto, que ya ha llevado a grupos independentistas como Arran a sumarse al Sindicato de Arrendatarios y en la convocatoria de concentraciones de protesta ante las sedes de Junts en Barcelona y Girona.
Aviso de Puigdemont
Una reacción que explica que el propio Puigdemont se haya arremangado este miércoles para defender el voto de su partido. Lo ha hecho con un largo mensaje en redes sociales en el que vuelve a utilizar al Gobierno como diana para rechazar las críticas a su formación. Puigdemont olvida el objeto de la votación, la regulación de la vivienda, y advierte a Pedro Sánchez que "presentar como un problema" el que los grupos parlamentarios ejerzan el control sobre el Gobierno "da alas a los discursos populistas que pregonan gobiernos fuertes".
Puigdemont insiste además en "el Gobierno no debe olvidar que no tiene mayoría absoluta. No la tienen en España, no la tiene en Cataluña y no la tiene en Barcelona". Estas eran las reglas del juego "desde el primer día" añade; "¿no se negocia un decreto, una ley, un nombramiento? entonces nuestro voto no lo pueden dar por descontado".
El cambio de voto de última hora para tumbar el proyecto de ley de vivienda ha provocado además que pase desapercibido otro proyecto clave para Junts: la reforma del Código Penal para luchar contra multirreincidencia. Un proyecto legislativo en el que Junts ha centrado muchos esfuerzos por la incidencia que la multirreincidencia tiene en algunos de los municipios gobernados por alcaldes neoconvergentes. Junts había liderado el proyecto de reforma, al que se sumaron tanto el PSOE como el PP, cuyos alcaldes se encuentran igualmente concernidos por la sensación de inseguridad que provocan los delincuentes multirreincidentes.
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