País Vasco

Del 'mayor golpe al tráfico' de armas a tener que devolver las 11.000 piezas incautadas al considerarlo "coleccionismo"

Un juez obliga a devolver el arsenal incautado a una mayorista del comercio de armas para coleccionistas de Getxo hace cuatro años. Los propietarios fueron detenidos y acusados de formar parte de una trama organizada.

Arsenal de armas incautado por la Policía Nacional

Arsenal de armas incautado por la Policía Nacional

Se vendió como la mayor operación jamás llevada a cabo contra el tráfico de armas en España y una de las más importantes en Europa. Ocurrió el 12 de enero de 2017. Cuatro años después, la Justicia ha resuelto que todo era legal, que las armas estaban en regla y que deben ser devueltas a la armería de Getxo de donde fueron incautadas ya que su fin era en realidad el «coleccionismo». La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con Europol, fue divulgada ampliamente por el ministerio del Interior del entonces Gobierno de Mariano Rajoy.

Durante los próximos dos meses les serán devueltas las algo más de 11.000 armas que les fueron incautadas y que que se exhibieron semanas después, tras hacer el inventario, como muestra del «mayor golpe» jamás propinado al tráfico de armas. La armería vizcaína se dedica desde hace casi veinte años a la venta de armas para coleccionistas, museos, comercio minorista o incluso para su utilización como atrezzo en películas.

Amaya Prieto, responsable junto a su padre de la armería «Cantábrico Militaria», asegura a ‘El Independiente’ que la resolución judicial se ha adoptado después de que comprobar «que todo estaba en orden y era legal». Afirma que por ahora no les han devuelto todo el material, «lo irán haciendo poco a poco durante los próximos dos meses». La familia propietaria de la armería esta dolida por el daño que esta operación ha causado en sus familias y en sus negocios.

Inspecciones en regla

La llamada ‘Operación Portu’ se desarrolló el 12 de enero de 2017 de manera conjunta en Getxo, Galdakao, Olot (Girona) y Liendo (Cantabria). En la misma, además de Amaia, fueron detenidos su padre y dos personas más. Las acusaciones que pesaron sobre ellos fueron muy graves inicialmente. Interior aseguró que formaban parte de un entramado dedicado al tráfico de armas y que se dedicaban a comercializar armas con grupos organizados y terroristas. También se apuntó que vendían armas inutilizadas pero también las piezas para reactivarlas y que disponían de un taller. La intervención se presentó como la más relevante llevada a cabo.

Sin embargo, apenas tres meses después, los detenidos fueron puestos en libertad sin cargos al no ver ni la Fiscalía ni el juez instructor indicios suficientes para mantener su arresto bajo las acusaciones de tenencia de armas, pertenencia a grupo criminal o falsificación de documentos.

Amaya aclaró poco después que su negocio era de venta de armas como mayorista del sector y que todas ellas le llegaban ya inutilizadas desde fábrica. Reiteró que periódicamente superaban las inspecciones del propio servicio de armas d la Guardia Civil, sin que hasta entonces se hubiera producido incidencia alguna. En abril de 2017 salieron en libertad y cuatro años después recuperarán todo el material incautado.

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