El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirigía José Luis Escrivá supo ya en junio de 2023 que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando a la familia de Koldo García. El Ministerio Público requirió información sobre la vida laboral de 19 personas, varias de ellas, con los mismos apellidos que quien fuera asesor de José Luis Ábalos y pieza fundamental de la causa abierta en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de mordidas de contratos millonarios por mascarillas en plena pandemia.

Anticorrupción seguía la pista desde 2022 de la empresa Soluciones de Gestión que había sido adjudicataria de más de 53 millones de euros en 2020 por contratos de material sanitario. El fiscal Luis Pastor y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron con sigilo todas las diligencias que fueron practicando, pero alguien dio un chivatazo, puesto que a finales de 2023 los involucrados se sabían investigados.

Tanto Koldo García, como su hermano Joseba verbalizaron que la Benemérita estaba siguiendo a unas "27 personas" y los empresarios en el centro de la trama --Íñigo Rotaeche, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, entre otros-- también supieron que había unas pesquisas contra ellos. Así lo demuestran las escuchas realizadas por los agentes.

Lo cierto es que durante el tiempo que la instrucción estuvo bajo secreto, la Fiscalía fue haciendo algunas peticiones a distintos organismos. Entre ellas, consta en el sumario --al que ha tenido acceso El Independiente-- un oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social, que pertenece al Ministerio de Migraciones y Seguridad Social con fecha del 30 de mayo. Ese día, cuando el Ministerio Público todavía no había judicializado el asunto, requirió información sobre la vida laboral de varios hermanos de Koldo García. Entre ellos, Andoni García Izaguirre.

El departamento que por esa fecha dirigía Escrivá contestó en junio de ese año con 46 hojas detallando todos los trabajos de cada una de las personas.

Finalmente, el pasado 21 de febrero la 'operación Delorme' cristalizó y la UCO detuvo a un total de 20 personas y realizó unos 26 registros y requerimientos. Arrestaron a Koldo y a su hermano Joseba García. El juez ha embargado todos los pisos que estaban a su nombre.

Fiscalía Europea

Por esas mismas fechas, el 8 de junio de 2023, Anticorrupción remitió la documentación de varios contratos a la Fiscalía Europea porque sus pagos se abonaron con fondos comunitarios. Junto este lunes el organismo con sede en Luxemburgo ha confirmado que había iniciado dos investigaciones contra las adjudicaciones que hicieron las comunidades de Baleares y Canarias cuando los dirigían Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, respectivamente.

En concreto, se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.