La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, tiene ya sobre la mesa la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid por presuntos delitos contra Hacienda del empresario Alberto González, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia, en los próximos días tendrá que decidir si abre un procedimiento contra él por delitos fiscales y falsedad documental.

La denuncia de la Fiscalía tiene fecha del 17 de febrero, pero no ha sido hasta esta misma mañana cuando la magistrada ha tenido físicamente el asunto en sus manos. Lo "lógico", indican fuentes jurídicas, es que un procedimiento de este tipo se abra para aclarar hasta dónde llega el fraude al fisco, toda vez que la Fiscalía ya ha realizado el análisis previo y considera que hay mimbres de delito. Será entonces cuando, si procede, podrá llamar a declarar a González para que dé una explicación a si, como afirma el Ministerio Público, realizó facturas falsas para defraudar al fisco.

La magistrada Iglesias es, junto a otros dos juzgados más de Plaza de Castilla, la encargada del control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) de la Comunidad, como explican citadas fuentes. Es, además, la que batuta la investigación sobre el fallecimiento de tres mujeres en una residencia de ancianos de Aravaca que el pasado mes de febrero sufrió un incendio.

Esta magistrada se hizo cargo igualmente de la denuncia que el exalcalde de Madrid , Alberto Ruiz-Gallardón, interpuso contra el periodista en ese momento de Cope Federico Jiménez Losantos por un delito de injurias graves con publicidad contra él. La magistarda condenó en 2008 al informador a una multa de 100 euros al día durante 12 meses. En total, Inmaculada Iglesias, impuso la pena de 36.000 euros al periodista por poner "en boca de Ruiz-Gallardón cosas que no ha dicho" relacionadas con el asunto del 11-M.

También fue esta togada la que abrió unas pesquisas tras la denuncia de un particular por las declaraciones que el que fuera líder del PP Pablo Casado realizó en Cope en plena polémica por la comisión que el hermano de Ayuso había cobrado de un contrato en pandemia. Casado dio datos sobre los negocios de Tomás Díaz Ayuso y fue denunciado por revelación de secretos, si bien el juzgado archivó el procedimiento por falta de legitimación del particular para denunciar.