El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya ha analizado los informes que los Mossos d’Esquadra y el Ministerio del Interior le enviaron a finales del pasado mes de agosto sobre los detalles del despliegue policial fallido para detener a Carles Puigdemont en su visita fugaz a Barcelona. El juez no excluye que haya existido delito por parte de los responsables, pero dice que la competencia para investigarlo son los juzgados catalanes por lo que este jueves ha remitido allí los documentos.

En concreto, el magistrado de la Sala de lo Penal e instructor del procés apunta a los delitos 408 y 451.3.b del Código Penal, que castigan la omisión del deber de perseguir delitos y el encubrimiento cometido por parte de funcionarios. El dosier firmado por el ya exjefe de Mossos Eduard Sallent reconocía errores internos y que únicamente barajaron la posibilidad de que Puigdemont acudiera al Parlament aquel 8 de agosto cuando se celebraba el debate de investidura del President.

Tal y como recogió este medio, los agentes catalanes detallaron que los sistemas de comunicación fallaron y el único mosso que vio cómo el líder de Junts se marchaba en un coche blanco no pudo contárselo a sus superiores hasta tiempo más tarde, cuando ya la fuga se había producido.

Pero Llarena pone el foco en otros ingredientes, como que en el momento anterior a que Puigdemont se subiera al escenario donde dio un pequeño discurso de minutos no se hizo ningún intento de esposarlo. "Pese a expresarse en el informe autonómico la dificultad de abordar la detención del procesado en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó, y pese a indicar la posible participación de tres individuos en la fuga, los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional", refleja el escrito del juez.

El togado remite el informe "a los efectos oportunos", pero en su forma de explicar que no se descartan delitos infiere que los juzgados catalanes deberían investigar. Así las cosas, existe también una querella interpuesta por Vox y otra por HazteOír en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) por los mismos hechos que aún está pendiente de resolver si se admite a trámite o no.