Al menos otros dos investigados en la Audiencia Nacional por asuntos sobre hidrocarburos han recibido "ofertas" para enmarañar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de parte de abogados que decían poder conseguir beneficios para ellos con la Fiscalía o con la Abogacía del Estado. Según cuatro fuentes distintas, a sendos investigados les pedían material para actuar en contra de agentes como el ex capitán del Instituto Armado Juan Vicente Bonilla que, actualmente, trabaja para la Comunidad de Madrid.

El periódico 'El Confidencial' desvelaba este lunes un audio sobre una reunión entre María Leire Díez Castro --a la que llaman "fontanera" del PSOE--, el empresario Javier Pérez Dolset --procesado por fraude en subvenciones-- y una serie de abogados que conversaban con Alejandro Hamlyn, un empresario de los hidrocarburos cuyo juicio comenzaba ayer. La charla giraba sobre el papel de la Guardia Civil en las diligencias y ellos pedían información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, que es el jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.

"Y puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero... Decidme qué es lo que quieren de mí", pidió Hamlyn. La conversación que se produjo en febrero de este año evidencia el interés de los presentes de desacreditar la unidad de élite que actualmente lleva investigaciones tan delicadas como el 'caso Koldo', las diligencias sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Independiente conoce al menos otros dos casos de empresarios implicados en el fraude del fuel e imputados en la Audiencia Nacional que en primera persona confirman haber recibido peticiones de reuniones de este tipo para intentar "embarrar" el trabajo de la UCO. Ambos prefieren permanecer en el anonimato por el momento, pero aseguran que las personas que se les acercaron lo hacían con el ofrecimiento de "inmunidad" judicial y sus abogados corroboran sendas versiones.

"Quieren llegar a acuerdos a cambio de declarar que todos son malos", indica una de estas fuentes. Con este implicado, los emisarios contactaron el pasado mes de diciembre y pedían, concretamente, información sobre el excapitán Bonilla. Este agente trabajaba bajo el pseudónimo de Roberto Alcázar y estaba encargado de la rama de la UCO que se dedica al trabajo con las fuentes. Él fue una de las primeras personas que dejó por escrito en un informe de inteligencia el nombre de Koldo García, el asesor del exministro de Transportes actualmente implicado en el 'caso Koldo'.

"Buenos días. Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado pq sería gozoso un achuchon de este tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando y yo creo que es el momento idóneo (sic)", le dijo este ex capitán de la UCO al primer empresario que le habló de Koldo García, según un informe que consta en una investigación de la Audiencia Nacional.

Bonilla dejó el cuerpo y en octubre de 2023 fue nombrado por la Comunidad de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud. Las voces consultadas explican que estos emisarios especiales buscaban información para "enfangar" el germen del 'caso Koldo' vinculando esta actuación de Bonilla a la denuncia que posteriormente puso el secretario general del PP de Madrid Alfonso Serrano en la Fiscalía Anticorrupción y que dio lugar al procedimiento que indaga en la compra de mascarillas del exministro José Luis Ábalos y de Koldo García.

"El hilo es que presentó Alfonso Serrano la querella contra las mascarillas coincidente en el tiempo con que Bonilla llegó a la Comunidad", indican estas fuentes. La finalidad era demostrar que el capitán había sacado información confidencial de su paso por el Ministerio del Interior para dársela al PP y provocar así la nulidad del procedimiento, aseguran.

En uno de los audios que ha publicado el citado digital se escucha cómo, efectivamente, además de al teniente coronel Antonio Balas nombran a Bonilla. "Aquí hay que ir al origen del problema... por eso yo recalcaba antes Balas, Bonilla", señala Pérez Dolset.

El segundo de los testimonios de empresarios con el que cuenta este medio es un implicado no sólo en uno, sino en varios procedimientos de hidrocarburos y al que sugirieron que enrolara a más afectados descontentos con la gestión de sus casos en la justicia. "A mí me han ofrecido que yo reclutara a compañeros para que dijeran mentiras en Anticorrupción. El testimonio daba igual que fuera verdad o mentira, el tema era crear la duda", asegura. En su caso, querían información sobre cualquier agente de la UCO.

Ninguno de los dos aceptó el pacto, según confirman sus propios letrados. En ambos casos la desconfianza de que esa contraprestación por la que prometían hablar con la Fiscalía se llegara a cumplir fue más poderosa. Los consultados no han querido señalar directamente a sus interlocutores para estos "acuerdos", si bien han descartado que se tratara de Leire Díez, de quien Ferraz se desmarcó ayer. "Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación está en nómina en el PSOE y decir lo contrario solo busca un salto más en esta ofensiva diaria contra los socialistas".

Ella misma dijo, consultada por este medio, que lo que está haciendo es una "investigación periodística" sobre el tema de hidrocarburos y que no trabaja para el PSOE, a pesar de que 'El Confidencial' la fotografió entrando en la sede del partido.

En uno de los casos, sí han puntualizado que el interlocutor era una abogada que actualmente está personada en el 'caso Koldo', mientras que en el otro no han querido dar nombres por "no meter en un lío a esas personas". "A mí me lo tiene que firmar el fiscal general y con ese documento ante notario igual me creo algo", dice uno de los empresarios para explicar el porqué no aceptó ni siquiera sentarse a negociar. La idea, según refleja una de las defensas, era poner sobre la mesa tratos de favor de cara al procedimiento judicial que hay en curso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien orgánicamente depende la UCO, hizo también unas declaraciones este lunes para defender tímidamente la labor de los agentes. "No hay que olvidar que son funcionarios públicos todos ellos, que hacen labor de policía judicial y bajo las directrices bien de las autoridades judiciales o del Ministerio Público. Y siempre actuando bajo principios, que es lo que yo siempre exijo, de neutralidad y objetivadad".