El circuito urbano de F1 de Madrid ubicado en Ifema —bautizado como Madring— vivirá este sábado su primer gran acto promocional. El piloto Carlos Sainz, embajador del trazado, rodará con su monoplaza Williams en un recorrido preparado de 1,1 kilómetros. No obstante, el evento tendrá lugar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya admitido a trámite el recurso presentado por Más Madrid contra el Plan Especial que avala la construcción del circuito.

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Entre otras cuestiones, la formación política alega la ausencia de una evaluación ambiental estratégica ordinaria, la falta de una evaluación de impacto ambiental adecuada y la carencia de estudios de salud pública. Además, en su recurso, al que ha tenido acceso El Independiente, denuncian que el proceso se llevó a cabo sin notificación individual a los vecinos del entorno, contraviniendo la normativa urbanística.

Según informes de la Comunidad de Madrid que cita el partido político, el ruido del evento superará los valores límite legales, y las medidas correctoras previstas no garantizan la protección del entorno. Se estima que más de 700 árboles podrían ser talados, y el trazado afectaría directamente a zonas residenciales, colegios y centros sanitarios situados a menos de 100 metros. El recurso de la formación política se suma así al presentado por la Plataforma Ecologista Madrileña, también admitido a trámite la semana pasada por el Tribunal Superior, consolidando así un frente judicial contra el proyecto, respaldado por los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

Además del impacto sobre la calidad del aire y el entorno urbano, el recurso advierte de varias afecciones graves que derivarían de la ejecución del circuito. Entre ellas, la alteración del trazado de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros —de carácter permanente y no meramente temporal—, lo que exigiría una modificación sustancial del planeamiento y, por tanto, una evaluación ambiental ordinaria que no se ha llevado a cabo. También se denuncia la ocupación de suelos colindantes al arroyo Valdefuentes, situados en zonas inundables y sobre acuíferos vulnerables a la contaminación, sin que el proyecto haya respetado los criterios de protección establecidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

En cuanto al impacto acústico, el recurso sostiene que no se ha evaluado adecuadamente la exposición al ruido extremo que sufrirán las viviendas próximas al circuito, en algunos casos a menos de 50 metros del trazado. Documentos incluidos en el expediente reconocen que se superarán los valores límite de inmisión sonora, incluso teniendo en cuenta las medidas correctoras previstas. En zonas como la conocida como Las Cárcavas, los niveles estimados exceden los umbrales legales, según recoge el propio informe de la empresa diseñadora del circuito. Más Madrid advierte de que la actividad, prevista durante varios meses al año durante una década —el contrato se ha cerrado hasta 2035—, entraña riesgos para la salud pública.

Este martes, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, expresó su "plena tranquilidad" respecto al desarrollo del proyecto, asegurando que el Plan Especial "se ha tramitado con todas las garantías". Además, enmarco el recurso de Más Madrid en un contexto de contienda política: "La F1 es una gran y extraordinaria noticia para la ciudad de Madrid y cada vez que hay una buena noticia para la izquierda es mala y por eso recurre a los tribunales", aseveró, al mismo tiempo que les acusó de promover un "boicot": "A pesar del boicot, a pesar del palo de las ruedas de la izquierda, a pesar de las críticas y la movilización de la izquierda, la Fórmula 1 se va a celebrar".

La tradición de España con la F1 viene de lejos. Madrid ya acogió el Gran Premio de España en 10 ocasiones, entre los años 1967 y 1981, en el Circuito del Jarama. No obstante, no todo ha sido siempre una historia de éxito. El caso más recordado es el del circuito urbano de Valencia, que albergó el Gran Premio de Europa entre 2008 y 2012. Nacido bajo la promesa de no costar un euro a los ciudadanos, acabó generando un coste público de 300 millones de euros. A la falta de transparencia se sumaron una baja asistencia y una gestión deficitaria que llevaron al abandono del trazado, hoy convertido en un espacio degradado y sin uso.

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