Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un desistimiento de su recurso en el que pedía que se elevara la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desde los 150.000 euros hasta los 300.000. El juez instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, por su parte, rectificó este martes la cuantía total rebajándola hasta los 75.000 euros.

La fianza impuesta al fiscal general del Estado ha dado mucho que hablar en los últimos días y, aunque pueda parecer un lío de números, la cosa es más sencilla de lo que parece. Inicialmente, el magistrado impuso a García Ortiz la cuantía de 150.000 euros a modo de reserva para que lo consignara en el alto tribunal antes del juicio con dos objetivos: el primero, poder pagar la responsabilidad civil a González Amador y, segundo, hacer frente a la multa, en ambos casos, si se producía una hipotética condena.

Así las cosas, esta semana han ocurrido dos hechos relevantes que dieron pie a una modificación de la cifra. Por un lado, García Ortiz, que tiene previsto recurrir la fianza, entregó este lunes un aval hipotecario de un bien inmueble para corresponder al número que se le había pedido. Fuentes fiscales explicaron que como no disponía de 150.000 euros en metálico había presentado dicha reserva hipotecaria.

Por otro lado, ayer, el juez Hurtado corrigió un error que había cometido en el primer auto en el que se refería a la fianza que fue incluir en ella el concepto de la multa. Una doctrina del Tribunal Constitucional a raíz del caso de un particular en 2023 indicaba que no se puede meter en la fianza la multa porque, de alguna manera, supone condenar previamente al acusado. Esa reserva sólo se puede pedir para pagar las posibles responsabilidades civiles de daños morales que puedan derivarse.

De esta manera, el magistrado rebajó a la mitad la fianza hasta los 75.000 euros. Tomando como referencia la demanda al honor que González Amador interpuso contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por llamarlo "defraudador confeso" escogió la cantidad de 40.000 euros de indemnización que pedía por intromisión ilegítima al honor. Aunque la Sala Primera del Supremo desestimó esta demanda Hurtado cogió esta cifra y la elevó a 50.000 aduciendo que en el procedimiento penal los hechos que se investigaban eran más graves y por tanto estos 50.000 euros eran razonables. "Teniendo en cuenta tales consideraciones, pensar en nuestro caso en una indemnización por un montante de 50.000 euros sería procedente", indicó. A eso le añadió "intereses y costas y el tercio más al que permite llegar" la Ley y así llegó a los 75.000 euros.

González Amador, en cambio, pedía que el margen fuera de 300.000 euros. Explicaba en su recurso que la situación provocada por la filtración del correo en el marco de su procedimiento por un fraude a Hacienda había sido grave porque distintos miembros del Gobierno lo habían llamado "defraudador confeso". Defendía que su causa se convirtió en un arma política y que, por tanto, la indemnización que le corresponde es mucho mayor.

A última hora de esta tarde presentaba otro escrito desistiendo de este recurso. La razón es que como García Ortiz ha presentado la fianza hipotecaria que cubre el doble del importe de la fianza inicial (que eran 150.000 euros), en realidad, se está cubriendo la cuantía que él exigía, reza el escrito al que ha tenido acceso El Independiente. Cualquier disposición del inmueble que hiciera García Ortiz sería un delito de alzamiento de bienes y, por tanto, él renuncia a que el juez entre a determinar si eleva o no la cuantía en este momento. Fuentes jurídicas explican que, en cualquier caso e independientemente de la fianza, la multa y la indemnización que tendrá que afrontar el fiscal general si es condenado sólo se decidirán en sentencia firme.