Barcelona, Tarragona, Vizcaya, Guipúzcoa, Zaragoza, Valencia, Málaga y Granada registraron quejas contra el funcionamiento de las pulseras telemáticas en las reuniones de 2024 y 2025 de las comisiones de coordinación contra la violencia de Género que cada provincia organiza una o dos veces al año. Así lo revelan las actas de todas las reuniones, a las que ha tenido acceso El Independiente, que evidencian que el funcionamiento disfuncional de los dispositivos tras la entrada de una nueva empresa adjudicataria que designó el Ministerio de Igualdad. Desde el Observatorio de Violencia sobre la Mujer envían un mensaje de calma y explican que las pulseras no son el único medio de protección y que el sistema en su conjunto funciona.

A estas reuniones provinciales acuden el presidente o presidenta de la audiencia provincial de turno, los fiscales delegados de violencia de género, representantes del Ministerio de Igualdad, Interior y Justicia así como encargados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y delegados o subdelegados del Gobierno. Según todas las actas analizadas por este medio, en algunas provincias se sucedieron denuncias por parte de magistrados o fiscales sobre el funcionamiento del Centro Cometa (que gestiona este tipo de pulseras de protección para las víctimas) en dos sentidos: el primero, relacionado con las dificultades técnicas, por ejemplo, de saltos de alarmas que eran erróneas y, el segundo, respecto de la tardanza de los responsables de Cometa en colocar los dispositivos.

En Vizcaya, por ejemplo, la cita tuvo lugar el 13 de junio del pasado año. "El funcionamiento de la pulsera a distancias inferiores a 500 metros es prácticamente inmanejable porque el dispositivo se dispara todo el tiempo", indicó Leticia Badiola, magistrado del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Bilbao. En las localidades más pequeñas la queja es recurrente puesto que en sitios tan pequeños no es tan fácil colocar este dispositivo y que el agresor mantenga el espacio de seguridad impuesto judicialmente. De hecho, varias de las actas muestran cómo hay magistrados que tienen reticencias a colocar las pulseras por el número de fallos que producen en lugares tan pequeños y por la imposibilidad física que ocurre a veces para cumplir esta medida.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, Silvia Martín, indicó que estaba habiendo problemas de comunicación de Cometa con la Ertzaintza algo que confirma el propio agente que está presente: "Se han multiplicado últimamente el volumen de incidencias", dijo.

El cambio de adjudicataria --de Telefónica y Securitas Direct a Vodafone y Securitas-- conllevaba mejoras técnicas que desde el Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero se exploraron tales como que una misma víctima tuviera un sólo dispositivo para mantenerse alejada de varios agresores (en lugar de uno por cada agresor) o que existiera un botón de alarma directo. Pero esta migración ha provocado una cascada de quejas que se está analizando desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --de donde depende en parte el Observatorio de la Mujer-- y se pondrá sobre papel en un informe previsto para el próximo mes, según fuentes del mismo.

La reunión de coordinación provincial en Cáceres se produjo el 18 de noviembre de 2024 y revela que allí "se colocan pocas pulseras" por "la alta probabilidad de que se activen por error, dada la cercanía física en espacios pequeños". Los datos oficiales indican que de los 11.000 dispositivos que hay disponibles hay colocados cerca de 4.500. En esa reunión se recogieron igualmente lamentos sobre la gestión del nuevo equipo. "Con la nueva operadora (Vodafone) se ha perdido la rapidez en gestión de la colocación de la pulsera al denunciado, pues ahora tienen un plazo de hasta 24 horas", indica el acta del encuentro.

Algo que ocurre también en Zaragoza, según la reunión del 11 de julio de este mismo año: "En relación con las dilaciones que se producen entre la resolución judicial que acuerda una medida de control telemático (pulseras de control del alejamiento del agresor respecto de la víctima) y el control que se hace del dispositivo por parte de la empresa, Centro Cometa, se acordó que si es necesario se incremente la plantilla", reflejaron.

En la reunión del 19 de abril de 2024 de Tarragona se dejó por escrito que "los dispositivos de control telemático dan muchos problemas y no son una solución muy efectiva, de hecho a veces la víctima no quiere que se adopte este tipo de medida". Y en Valencia, el 4 de marzo de 2024, se expuso que los "múltiples avisos del servicio Cometa" podían "generar una victimización secundaria".

En la cita de Salamanca el 15 de marzo de este año, la vocal de violencia de género del Ilustre Colegio de Abogados salmantino, Sonsoles Prieto, propuso que se utilizaran más pulseras para proteger a las mujeres porque se estaba empleando un número muy bajo. Pero el representante de la Guardia Civil allí quiso dejar constancia de que "a veces el sistema cometa da problemas, unas veces por falta de cobertura y otras por el mal uso de las pulseras". De hecho, un miembro de la Policía Local presente informó de que se estaba llevando a cabo la utilización de perros adiestrados en lugar de las pulseras.

En Málaga, la reunión del pasado 13 de febrero recorrió un camino parecido. La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, María Carmen Gutiérrez, expresó que muchos dispositivos no funcionaban correctamente: "Las ubicaciones erróneas, apareciendo en ocasiones que el investigado se encuentra en la zona de exclusión [la vivienda o el trabajo de la víctima] cuando no es así. Así como la tardanza en la colocación de las pulseras y descoordinación, ocasionando la revictimización de la víctima".

Fuentes del Observatorio de Violencia sobre la Mujer explican que sólo recibieron dos quejas provenientes de Granada y Galicia y que las trasladaron a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, además de haber iniciado un estudio profundo de la situación del que darán cuenta el próximo mes de octubre. Desde el organismo quieren dar tranquilidad a las víctimas y explicar que el sistema en su conjunto funciona. No obstante, otras fuentes jurídicas advierten de que en todas estas reuniones hay representantes de los distintos ministerios que podrían haber enviado una señal de alarma previa sobre los fallos.