La Fiscalía rechaza que las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero en Bolivia queden fuera del 'caso Plus Ultra' y pide a la Audiencia Nacional que mantenga en la causa el informe de la UDEF que investiga los pagos de 200.000 euros que recibió el expresidente de la empresa peruana Focus Social Research. En un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, la fiscal Elena Lorente sostiene que esos pagos ya aparecían en un informe policial anterior y que las diligencias posteriores permitieron completar una línea de investigación que ya estaba abierta. "No puede ser que se encorsete la instrucción", argumenta.
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Zapatero había pedido al juez José Luis Calama que expulsara de la causa el informe de la UDEF sobre sus actividades en Bolivia al considerar que la Policía había abierto una investigación prospectiva sobre unos pagos que quedaban fuera del objeto de las diligencias, según alegaba su defensa. La representación del expresidente, ejercida por el penalista Víctor Moreno Catena, sostiene que ni el informe policial ni el auto que acordó su condición de investigado en el 'caso Plus Ultra' incluían indicios delictivos relacionados con esas transferencias, por lo que la UDEF se habría extralimitado al investigarlas. La fiscal rechaza esa interpretación y considera que la referencia de la defensa a una supuesta "patente de corso" para el instructor "sirve de excusa para encubrir su persistente deseo de limitar la actuación judicial".

El Ministerio Público recuerda en su escrito que las transferencias procedentes de Focus Social Research ya figuraban en el informe inicial de la UDEF —de 22 de abril—, antes de que se practicasen los registros del 19 de mayo. De hecho, el Ministerio Público subraya que Zapatero ya fue preguntado por su relación con la sociedad peruana durante su declaración ante Calama del pasado 18 de junio, precisamente porque esos pagos aparecían en aquel primer informe.

La fiscal Lorente rechaza también que la investigación pueda quedar limitada a los hechos concretos descritos en el auto que autorizó las entradas y registros en el despacho de Zapatero. A su juicio, la defensa está haciendo una interpretación "sesgada y limitativa" del objeto del procedimiento al considerar que, porque las transferencias de Focus no aparecían expresamente en aquel auto, la Policía no podía investigarlas posteriormente.

Además, establece una conexión directa entre la investigación sobre el rescate de Plus Ultra y la rama boliviana. En el primer caso, Zapatero está siendo investigado por su presunta influencia para favorecer la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea, con Análisis Relevante —la sociedad de su socio el empresario Julio Martínez Martínez— a modo de supuesta pantalla. En el segundo, los investigadores sostienen que el expresidente utilizó sus contactos políticos para intervenir en favor del Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano que mantenía un litigio millonario con el Estado de Bolivia, y que recibió 200.000 euros como mordida a través de la sociedad Focus Social Research.

Tal y como contó entonces este periódico, los agentes de la UDEF sostenían que el contrato de asesoría firmado con Focus Social Research era un mecanismo para canalizar los pagos y que el expresidente había realizado gestiones ante distintas autoridades del país, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, en favor de los intereses de Grupo Gloria.

Las pesquisas policiales sitúan esos pagos en el contexto de las gestiones realizadas por Zapatero ante distintas autoridades bolivianas en favor de los intereses de Grupo Gloria. Entre los dirigentes con los que mantuvo contactos aparecen el entonces presidente, Luis Arce; la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; el ministro de Economía, Marcelo Montenegro; el ministro de Justicia, César Siles, y el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

El conflicto empresarial enfrentaba a SOBOCE, filial cementera del Grupo Gloria, con FANCESA. La empresa peruana había sido condenada a pagar alrededor de 107 millones de dólares —744,3 millones de bolivianos— y el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó esa obligación en febrero de 2025. Según la investigación, las gestiones de Zapatero se intensificaron después de esa resolución.

Parte de esas gestiones fueron reconstruidas por la UDEF a partir de las conversaciones extraídas del teléfono de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar. El 4 de mayo de 2025, Zapatero le indicó que intentara contactar con Arce. Al día siguiente se produjo una llamada entre ambos y el 6 de mayo el entonces ministro de Justicia comunicó al expresidente que se habían dado las "indicaciones oportunas" al procurador general del Estado en relación con el recurso de amparo presentado por SOBOCE.

Veinticuatro días después, el 30 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz estimó el amparo de SOBOCE y dejó temporalmente en suspenso la resolución del Tribunal Supremo que obligaba al pago de los 744,3 millones de bolivianos. Zapatero se habría embolsado una mordida de 200.000 euros por la gestión.

Paralelamente, la posición de la Fiscalía coincide con una denuncia presentada en Bolivia contra el propio Zapatero por un supuesto delito de tráfico de influencias relacionado con el litigio entre la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA) y la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), del Grupo Gloria. El abogado del grupo, Cristian Pablo Mina, ha pedido a la Fiscalía General del Estado de Bolivia que reclame a España el informe de la UDEF sobre las gestiones del expresidente en el país y las conversaciones extraídas del teléfono de su secretaria, Gertrudis Alcázar. La Fiscalía boliviana ya ha confirmado la apertura de dos investigaciones preliminares sobre el denominado 'caso Zapatero' y asegura que ha solicitado cooperación judicial a España y Perú.