La UDEF acusa a Zapatero de cobrar una mordida de 200.000 euros por mediar a favor de una multinacional peruana

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha señalado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros del conglomerado empresarial peruano Grupo Gloria por mediar a su favor ante el Gobierno de Bolivia. Así consta en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que los investigadores sostienen que el exdirigente socialista utilizó su red de contactos políticos para intentar influir en varios litigios millonarios que afectaban a la multinacional.

Los agentes de la UDEF han remitido este nuevo informe en el marco del 'caso Plus Ultra', procedimiento en el que el expresidente socialista está siendo investigado por los presuntos delitos de blanqueo y tráfico de influencias. Zapatero compareció el jueves de la semana pasada ante el magistrado para detallar su implicación en la supuesta trama que habría operado para favorecer la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021.

Según la UDEF, los 200.000 euros fueron abonados a través de un contrato de asesoría que los investigadores consideran "simulado". El acuerdo fue suscrito el 10 de mayo de 2024 entre Zapatero y la mercantil peruana Focus Social Research SAC, una sociedad dedicada al marketing y la consultoría de comunicación que, según la Policía, "habría actuado como empresa interpuesta para canalizar los pagos". Los investigadores han identificado tres transferencias realizadas desde Perú a una cuenta personal de Zapatero: una primera de 100.000 euros el 2 de julio de 2024 y otras dos de 50.000 euros cada una los días 20 y 24 de junio de 2025.

Gestiones ante el presidente de Bolivia

Las pesquisas sostienen que los supuestos servicios de asesoramiento no estaban dirigidos realmente a dicha compañía, sino a defender los intereses del Grupo Gloria, uno de los mayores conglomerados empresariales de Perú, que mantenía un importante conflicto judicial con el Estado boliviano a través de su filial cementera SOBOCE. En concreto, esta filial había sido condenada a pagar alrededor de 107 millones de dólares a la empresa pública FANCESA por competencia desleal. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia en febrero de 2025.

De acuerdo con el informe, el expresidente español mantuvo contactos y reuniones con algunas de las principales autoridades del país, entre ellas el presidente de Bolivia, Luis Arce; la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; el ministro de Economía, Marcelo Montenegro; el ministro de Justicia, César Siles, y el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

La UDEF destaca especialmente un viaje realizado por Zapatero a Bolivia en septiembre de 2024. Durante esa visita, se reunió con Arce y con miembros de su Ejecutivo mientras seguía de cerca la evolución del litigio que afectaba a la multinacional peruana.

"Indicaciones oportunas"

Los investigadores sostienen que las gestiones se intensificaron después de que el Tribunal Supremo boliviano ratificara la condena contra SOBOCE. Según las conversaciones intervenidas a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar —también investigada en la causa—, el expresidente solicitó mantener contactos urgentes con el presidente boliviano y con el procurador general del Estado.

El informe recoge que, finalmente, fue el propio ministro de Justicia quien comunicó a Zapatero que ya se habían trasladado las "indicaciones oportunas" al procurador. Semanas después, el 30 de mayo de 2025, una Sala Constitucional de La Paz estimó un recurso de amparo presentado por SOBOCE y dejó temporalmente sin efecto la obligación de abonar los 107 millones de dólares.

La Policía destaca la proximidad temporal entre esa resolución favorable y el pago de los últimos 100.000 euros que recibió el expresidente.

Una presunta estructura de influencias

La UDEF concluye que existen indicios de una "dinámica de intermediación e influencias" encabezada por Zapatero, quien habría aprovechado su posición institucional y su capacidad de acceso a dirigentes extranjeros para favorecer intereses empresariales privados a cambio de contraprestaciones económicas.

El informe atribuye además un papel relevante a su secretaria, Gertrudis, encargada de coordinar reuniones, comunicaciones y documentación relacionada con las gestiones investigadas. Los agentes también señalan la participación de la exembajadora de Bolivia en España María del Carmen Almendras y de Ana María Ospina, directiva del Grupo Gloria, como enlaces en la articulación de los contactos y de los pagos.