Álvaro García Ortiz

Sánchez expresa su "total apoyo" al fiscal general aun si es imputado: "No tiene que dimitir"

El presidente subraya que el jefe del ministerio público se limitó a defender a los fiscales de Madrid frente al "bulo" propalado por el director de Gabinete de Ayuso | El 17 de julio presentará su plan de acción democrática, con un tope de financiación pública a los medios | No ve nada reprochable en la actividad de su mujer | Ve "mimbres" para un pacto que invista a Illa

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El líder del PP asegura que si ha cerrado la renovación ahora no ha sido para "ayudar" al presidente, sino para limitar "la voracidad del Gobierno", y enseguida se lanza a pedir la dimisión del fiscal general y regresa al 'caso Begoña Gómez' | El jefe del Ejecutivo pone en valor el acuerdo que pone fin al bloqueo de más de cinco años y medio y desea que este sea "el primero de otros muchos acuerdos"

Más información sobre Álvaro García Ortiz

Álvaro García Ortiz (nacido el 16 de diciembre de 1967 en Lumbrales, en la provincia de Salamanca, España) es un jurista y fiscal español que ha desarrollado una larga carrera dentro del Ministerio Fiscal. Se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid y ascendió progresivamente en la carrera fiscal, ocupando cargos relevantes como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado antes de ser nombrado Fiscal General del Estado en agosto de 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez.

García Ortiz ejerció como máximo responsable del Ministerio Público hasta finales de 2025, periodo en el que impulsó diversas actuaciones públicas y representó a la Fiscalía en asuntos de alto impacto político y social.

Su trayectoria se vio marcada en 2025 por un juicio histórico ante el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico confidencial en un caso fiscal que afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Supremo concluyó que García Ortiz o alguien de su entorno había divulgado información reservada sobre esa persona, imponiéndole dos años de inhabilitación, una multa y la obligación de pagar indemnización por daños. El fallo no fue unánime y generó un intenso debate jurídico y político sobre pruebas, presunción de inocencia y el papel de la Fiscalía. Ante este veredicto, Álvaro García Ortiz presentó su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado en noviembre de 2025, antes de que la sentencia se ejecutase plenamente, alegando respeto a las instituciones y subrayando su vocación de servicio público.

 

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