La Asociación de Fiscales acusa a García Ortiz de ser un "parapeto" del Gobierno: "¿Dónde vamos a parar?"
La Asociación de Fiscales ha emitido este lunes un comunicado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por […]
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No han sido buenos días para la tropa periodística progubernamental. Algunos de los últimos testigos que han declarado dentro del […]
González Amador envió al jefe de gabinete de Ayuso el correo que terminó apareciendo primero en los medios de comunicación
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El fiscal Salto niega que exista un protocolo de borrado de mensajes, como hizo el fiscal general García Ortiz
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Comienza su segundo año de legislatura de nuevo sobre el alambre por la precariedad de apoyos y las causas judiciales pero con la voluntad firme de no rendirse
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Álvaro García Ortiz (nacido el 16 de diciembre de 1967 en Lumbrales, en la provincia de Salamanca, España) es un jurista y fiscal español que ha desarrollado una larga carrera dentro del Ministerio Fiscal. Se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid y ascendió progresivamente en la carrera fiscal, ocupando cargos relevantes como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado antes de ser nombrado Fiscal General del Estado en agosto de 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez.
García Ortiz ejerció como máximo responsable del Ministerio Público hasta finales de 2025, periodo en el que impulsó diversas actuaciones públicas y representó a la Fiscalía en asuntos de alto impacto político y social.
Su trayectoria se vio marcada en 2025 por un juicio histórico ante el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico confidencial en un caso fiscal que afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Supremo concluyó que García Ortiz o alguien de su entorno había divulgado información reservada sobre esa persona, imponiéndole dos años de inhabilitación, una multa y la obligación de pagar indemnización por daños. El fallo no fue unánime y generó un intenso debate jurídico y político sobre pruebas, presunción de inocencia y el papel de la Fiscalía. Ante este veredicto, Álvaro García Ortiz presentó su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado en noviembre de 2025, antes de que la sentencia se ejecutase plenamente, alegando respeto a las instituciones y subrayando su vocación de servicio público.
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