El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado sigue tratando de desenmarañar qué ocurrió con el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y cuáles fueron sus comunicaciones en el mes de marzo cuando presuntamente ocurrió la filtración sobre la causa de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por eso, ha requerido a la Guardia Civil que investigue cómo se pueden recuperar los mensajes borrados de su terminal y ha solicitado a las compañías telefónicas el tráfico de llamadas en esas fechas.

En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el instructor del caso, se dirige a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado "para que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a los números" vinculados a García Ortiz.

La UCO halló "0 mensajes" en su móvil cuando realizó hace unos meses una entrada y registro en su despacho de la Fiscalía General del Estado. Ningún mensaje de ningún tipo, lo que llevó al juez a la conclusión de que habían sido borrados todos. Algo que, finalmente, fuentes del Ministerio Público terminaron reconociendo: el propio García Ortiz eliminó personalmente sus comunicaciones siguiendo una normativa de protección de datos.

Y no sólo eso, sino que la unidad de élite de la Guardia Civil concretó el pasado 3 de enero que la cabeza del Ministerio Público. Específicamente lo hizo el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo abriera la investigación contra él tras la denuncia presentada por el novio de Díaz Ayuso.

Sin embargo, el móvil de su subordinada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también está imputada en este asunto, sí arrojó mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, los días investigados por ser los clave de la presunta filtración. En esas fechas ella remitió al equipo de García Ortiz la causa que revelaba que González Amador había cometido presuntamente un fraude fiscal y días después apareció en la prensa.

Las compañías telefónicas

Más allá de tratar de recuperar sus intervenciones, el juez quiere conocer a quién llamó el fiscal general en esos días. Máxime después de que el diputado del PSOE en Madrid Juan Lobato haya revelado que a él se le facilitó un email de las pesquisas previamente a que se publicara en la prensa. Esto ha provocado que fuentes jurídicas consideren que la revelación de secretos se pudo extender a los políticos socialistas, así que el magistrado busca conocer cómo llegó esa información a Lobato.

"Facilítese por la operadora Telefónica Movistar, en formato digital los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas así como los titulares de las líneas que las reciben y la emiten", indica el escrito de Hurtado que se dirige igualmente a Vodafone. Esta información la requiere en el lapso temporal del 8 al 14 de marzo de 2024.

Una franja mayor, en cambio, para "los números de IMEI a los que ha conectado" el propio García Ortiz, que va desde 10 de octubre de 2020 hasta el 23 de octubre de 2024.