2027. Solo 2027. Pedro Sánchez, su Gobierno y su partido reiteran que esa es la desembocadura natural de la legislatura y que a ella pretende llegar, por mucho que el PP fantasee con un adelanto electoral. Así que 2025 solo representa, para los socialistas, la mitad del camino. El segundo año del tercer mandato del presidente. Pero tras la trompetería oficial, planea un background más complejo y lleno de incertidumbres. Nada es ya tan seguro en un periodo mucho más inestable, con un Congreso más fragmentado, más escorado a la derecha y en el que la mayoría que sustenta al Ejecutivo es enormemente frágil y precaria. Con una pieza, la más sensible de todas, Junts, amenazando con romper el tablero cada semana y con otra, la más herida, Podemos, que sabe que apretar sin ahogar reporta resultados. Pero extramuros de la Cámara baja el panorama también es sombrío por el agolpamiento de causas judiciales que Ferraz describe como una "cacería" contra el presidente, que tiene como propósito destruirle y derribar su Gobierno. Sánchez proclama que no piensa rendirse y, desde sus cinco días de reflexión del pasado abril, ha insistido en que resistirá, "con más fuerza si cabe", y en que será de hecho de nuevo el candidato socialista en las próximas generales. Las previstas en 2027. El nuevo ciclo electoral tendrá como prólogo las autonómicas de Castilla y León y Andalucía, en 2026. Pero podría haber anticipos en 2025, también porque algunos ejecutivos regionales del PP penden de un hilo por el portazo de Vox.

Tras la Pascua Militar, el arranque institucional del año será el primer acto de conmemoración de la muerte de Franco y la vuelta de la democracia, en el Reina Sofía. La Zarzuela no ha desvelado aún si irán el Rey, que ha sido invitado por el Gobierno

Tras el parón navideño, el primer acto institucional de este 2025 será la Pascua Militar. Será, como siempre, el 6 de enero, y en el Palacio Real. Un acto castrense de gala presidido por Felipe VI y al que acuden el presidente y los ministros de Defensa e Interior. Nada que se salga del guion. La atención estará situada en lo que ocurra dos días más tarde, el miércoles 8. Entonces, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid se celebrará el primero de los más de 100 actos programados en todo el país para conmemorar los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y la transición hacia la democracia, un aniversario que contará con la rúbrica común de España en libertad. A ese primer evento el Gobierno ha invitado al Rey. La Zarzuela no ha querido adelantar su decisión y ha emplazado al viernes, cuando se conozca la agenda oficial de la familia real para la próxima semana. La iniciativa, que busca "poner en valor la gran transformación vivida en este medio siglo de democracia", ha sido duramente criticada por la derecha —Isabel Díaz Ayuso afirmó que el jefe del Ejecutivo había "enloquecido"—, por lo que supone de "jugar a la división y a la fractura". Por tirar del "comodín de Franco".

El mismo miércoles 8 comparecerá ante el Tribunal Supremo el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Lo hará como testigo en la causa por la filtración del correo que la defensa de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, se cruzó con la Fiscalía y en el que reconocía que había defraudado a Hacienda y buscaba un pacto de conformidad. MÁR es señalado como el inductor de la "primera revelación de secretos" del caso, pues filtró la versión de que había sido el ministerio público el que había propuesto el acuerdo a González Amador, cuando sucedió justo al revés. Además de Rodríguez, declararán como testigos la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal que denunció a González Amador, Julián Salto, además de ocho periodistas y dos responsables de Comunicación de la Fiscalía. La mano derecha de Ayuso ha ido adelantando las decisiones de los tribunales sobre el entorno familiar del presidente. Algo que para el propio Sánchez prueba que la oposición juega con "las cartas marcadas".

El presidente ha prestado su apoyo total al fiscal general y cree que quedarán "en nada" las investigaciones contra su mujer y su hermano. El caso más grave, el que afecta a Ábalos y a su exasesor

El jefe del Ejecutivo prestó todo su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, principal imputado en esta causa, en la comparecencia de balance de 2024. Una rueda de prensa en la que se alargó en la exposición de los buenos datos económicos de España pero en la que las preguntas de los periodistas caminaban por otros derroteros. Por el caso que puede acabar con el fiscal general procesado o por las investigaciones que se siguen contra Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente. El líder socialista siempre ha defendido la misma tesis: que el tiempo "pondrá las cosas en su sitio" y esas causas quedarán "en nada". Expedientes que para Sánchez son la prueba palmaria del "acoso judicial" que sufren su Gobierno y él mismo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE, en Sevilla, el pasado 1 de diciembre de 2024. | EUROPA PRESS / FRANCISCO J. OLMO

Pero distinto es el caso Koldo. Muy distinto. Los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y las diligencias judiciales apuntan a una turbia presunta trama de corrupción que irradiaba desde el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. Él era el hombre de máxima confianza del presidente en el Ejecutivo y en el partido. El Supremo pidió ya el suplicatorio al Congreso y este lo concederá, previsiblemente, en el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, en febrero. Ferraz y la Moncloa han reiterado que actuaron tajantemente en cuanto estalló el caso Koldo, el pasado febrero, exigiéndole el acta de diputado, aunque él se negó y se marchó al Grupo Mixto.

La preocupación de Sánchez, no obstante, no está tanto en los tribunales, sino en el desempeño económico del país y en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que le ayudarían a asentar una legislatura muy complicada. Pero antes tiene que despejar varias pantallas. Aprobada, con muchísimas dificultades, la reforma fiscal, ahora le toca la negociación de la quita parcial de la deuda a las comunidades autónomas, compromiso de investidura contraído con ERC y paso imprescindible para asfaltar el camino hacia los PGE. En esa carrera de obstáculos que se siente infinita, el siguiente escollo será la senda de estabilidad y, finalmente, el proyecto de cuentas públicas.

Junts insiste en que no hablarán de los Presupuestos hasta que antes no se resuelvan carpetas pendientes, como la delegación de las competencias en inmigración o la ejecución presupuestaria

Junts es el socio más correoso. Ya ha insistido en las últimas semanas en que no tiene la pretensión de sentarse a hablar de los PGE hasta que antes no se cierren las carpetas pendientes. La delegación "integral" a Cataluña de la competencia en inmigración —no se han removido todos los "escollos" aún—, la ejecución presupuestaria. La Mesa del Congreso deberá resolver este mes si admite a trámite la solicitud de cuestión de confianza que presentaron los posconvergentes. Los letrados de la Cámara baja ya señalaron que podría aceptarse pero para los socialistas, además de jurídico —la Constitución solo faculta al presidente a someterse a una cuestión de confianza—, el problema es político, por si el debate y la eventual aprobación de la proposición no de ley diera combustible extra al PP.

El nuevo presidente de Junts, Carles Puigdemont, interviene por videoconferencia durante la última jornada del congreso del partido, en Calella, Barcelona, el pasado 27 de octubre de 2024. | EUROPA PRESS / GLÒRIA SÁNCHEZ

Pendiente queda asimismo la foto de Sánchez con Carles Puigdemont (y con Oriol Junqueras), pero en el entorno del líder socialista asumen que esa reunión "no será pronto". De hecho, la previsión es que no se produzca hasta que los Presupuestos estén mínimamente atados. Y para eso quedan todavía semanas. Si es que llegan, porque en el último mes el Ejecutivo ha lanzado a la vez el mensaje de que no es tan imprescindible disponer de unos nuevos PGE para afianzar la estabilidad del Ejecutivo, ya que los vigentes, de 2023, son expansivos y los confeccionó el Gobierno de coalición progresista. Pero más allá de la retórica del Ejecutivo, unas nuevas cuentas proporcionarían verdadero aliento extra a Sánchez para llegar a la orilla de 2027. También todo queda pendiente de lo que decida el Tribunal Constitucional (y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la ley de amnistía.

El gran problema de país, cada día más acuciante, es la vivienda, primera preocupación de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sánchez se comprometió a que esta sería la legislatura de la vivienda, pero apenas se han producido avances, en buena medida porque el despliegue de la ley aprobada en 2023 se ha topado con la resistencia de los gobiernos autonómicos del PP, que se han negado a la declaración de zonas tensionadas para intervenir el precio de los alquileres. El presidente anunció la creación de una gran empresa pública de vivienda, pero esa iniciativa se sumará a otras que adelantará en un acto programado para el 13 de enero, como avanzó El País este 31 de diciembre. Los socialistas se hallan presionados por sus socios de izquierda, pero son conscientes de que este es un tema que toca la fibra sensible de su electorado.

Sánchez anunció la creación de una gran empresa pública de vivienda, pero lo cierto es que apenas se han producido avances en este mandato

En diciembre la principal inquietud ciudadana era la vivienda, pero en septiembre lo era la inmigración, coincidiendo con la penetración del discurso de la ultraderecha y el crecimiento de las entradas irregulares. 2024 se despidió con un nuevo repunte de llegadas de embarcaciones a Canarias —más de 46.000 en todo el año, un récord—, y con 5.812 menores extranjeros no acompañados acogidos en las islas. El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) culpa a Sánchez de escudarse en que no tiene competencias para desahogar la presión en el archipiélago, y al PP por "bloquear" la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría la derivación automática y obligatoria de los chavales a la Península. Los socialistas se han hartado ya de la "equidistancia", "falsa", de Clavijo, y le aprietan para que fuerce a su socio en el Ejecutivo canario, el PP, para que acepte la modificación legislativa o, de lo contrario, lo "expulse" de su Gobierno. Entretanto, el drama migratorio, los miles de niños y niñas que viven hacinados en la comunidad, continúa, lacerante.

El estreno institucional del año se solapará con el arranque de la competición interna en las federaciones socialistas. El martes 7 se abrirá la ventanilla para que se registren las precandidaturas a la secretaría general en Andalucía y Castilla y León. Y unos días más tarde, el viernes 24, ocurrirá lo mismo en Aragón. Tres federaciones muy relevantes y en las que el futuro dista de estar claro. Sobre todo la primera. 2024 se agotó sin que Sánchez y Ferraz satisficieran el deseo de los contrarios al barón autonómico, Juan Espadas: señalar a su candidato. Los dirigentes críticos con su gestión ansían la designación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Ella sería la líder indiscutible y la que garantizaría que el partido no volviera a partirse en dos en unas primarias. Pero la también vicesecretaria general del PSOE se ha resistido hasta ahora y, a fin de cuentas, es el presidente, y solo él, quien puede decidir si quiere lanzar a su número dos a intentar conquistar el antiguo granero socialista y territorio cada día más consolidado para el PP. Todos saben que no será fácil batir a Juanma Moreno en las autonómicas de 2026, por lo que, aunque Montero podría aguantar en el Ejecutivo hasta las mismas urnas, el riesgo de fallar en la empresa es muy elevado. La alternativa sería la apuesta por Juanfran Serrano, diputado en el Congreso por Jaén, secretario adjunto de Organización en Ferraz, de 36 años. Un nombre más de futuro, en cualquier caso, por su bajo nivel de conocimiento ahora mismo en Andalucía.

La gran duda ahora mismo es qué ocurrirá en Andalucía, si el presidente optará por lanzar a Montero en Andalucía como relevo de Espadas. En Aragón, la ministra portavoz se enfrenta al dos de Lambán. Y en Murcia hay cuatro precandidatos

Sánchez, cuando cerró el 41º Congreso Federal el pasado 1 de diciembre en Sevilla, ordenó a su partido ponerse en marcha, pelear al máximo en el siguiente ciclo electoral para recuperar poder territorial, el que fue devastado por el tsunami de las autonómicas y municipales de mayo de 2023. Quiere candidatos "competitivos", de ahí que la estrategia haya sido la del desembarco de ministros en las federaciones socialistas. Óscar López ya es oficialmente secretario general del PSOE en Madrid —no hubo primarias porque no hubo rivales tras la caída de Juan Lobato—, lo es desde hace casi un año Diana Morant en la Comunitat Valenciana, lo puede ser también Pilar Alegría en Aragón, si es que logra imponerse el 16 de febrero en las urnas internas a Darío Villagrasa, hasta la semana pasada secretario de Organización de Javier Lambán. Y lo podría ser Montero si Sánchez decide que ella es la elegida para intentar reconquistar Andalucía.

En Aragón, la ventaja teórica es para la ministra portavoz, aunque su rival conoce bien el aparato aragonés, que ha controlado desde 2017, al lado del barón regional saliente, el más crítico con Ferraz junto al castellanomanchego Emiliano García-Page. La llave de estas primarias la tendrá Zaragoza. El presidente de la Diputación provincial y líder del partido allí, Juan Antonio Sánchez Quero, se proclamó este lunes "imparcial" —aunque tenga "opinión"— y repartió elogios para los dos candidatos, pues "son gente preparada y tienen buenos discursos".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recoge el premio a la mejor relación con la prensa, durante la entrega de los Premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios 2024, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, el pasado 18 de diciembre de 2024. | EUROPA PRESS / ALBERTO ORTEGA

En Castilla y León, se espera que oficialice su candidatura Luis Tudanca, secretario regional desde 2014. El choque con Ferraz de este pasado otoño por la fecha del congreso autonómico no hizo sino aflorar la lucha latente desde muchos meses atrás. La dirección de Sánchez ya no confía en el dirigente burgalés y su previsible apuesta es otra: Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007 y que en 2023 encadenó su cuarta mayoría absoluta. Pero todavía nadie ha querido dar un paso en falso y todos miden cuánta agua hay en la piscina. Una tercera vía podría representarla la secretaria provincial de Burgos y portavoz de la cúpula federal, Esther Peña. La dirección regional cree que ella puede representar la fórmula de consenso y al tiempo es una solución radicada "en el territorio", y no "impuesta desde Ferraz".

Donde antes se votará en el PSOE en 2025 es en Extremadura. Será el 11 de enero, y los militantes deberán optar entre el actual barón regional, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, elegido en marzo como el sustituto del expresidente Guillermo Fernández Vara, o Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres. Aunque Ferraz no conecta con Gallardo, y pensaba en auspiciar una alternativa, su imputación por el caso que afecta al hermano del presidente, David Sánchez, hizo inconveniente construirla. El propio secretario de Organización, Santos Cerdán, se vio sorprendido por el paso adelante de Gutiérrez, promocionada por el barón cacereño, también presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales. Lo que se espera es que Gallardo pueda ganar incluso con mayor margen que hace un año, cuando venció a su rival, la cacereña Lara Garlito por el 55,71%.

En Extremadura hay primarias el 11 de enero, entre el barón autonómico y la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres. Y en Castilla y León podrían competir el líder regional, Luis Tudanca, contra el alcalde de Soria, si es que no aflora otra alternativa

Este viernes la batalla interna en Murcia probablemente quedará recortada. Cuatro fueron los precandidatos pero probablemente solo dos de ellos lleguen a reunir el aval del 12% del censo. Los dos más fuertes son Paco Lucas, el verdadero favorito, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y miembro de la ejecutiva federal de Sánchez, y Diego Conesa, exbarón autonómico, y los que podrían quedarse fuera de la carrera son el médico Txema Almela y el abogado lorquino Juan José González Amador. Había incluso una quinta aspirante en liza, la senadora Inma Sánchez Roca, que finalmente se retiró para unirse a la candidatura de Lucas.

En Cantabria, mientras, el proceso se abrirá este mes pero se espera el segundo asalto de la contienda que libraron en otoño, de forma indirecta, el actual secretario regional, Pablo Zuloaga, premiado por Ferraz, y el diputado nacional Pedro Casares, líder de la agrupación más numerosa, la de Santander. En La Rioja, el relevo de la expresidenta y ex secretaria autonómica Concha Andreu se desenvolvió por la vía directa, sin primarias, con un solo candidato, Javier García, alcalde de Arnedo y portavoz en el Parlamento regional. En el resto de territorios, continuidad, empezando por aquellos con presidente socialista en el Gobierno autonómico: Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias y María Chivite en Navarra. En Baleares sigue la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, y en Canarias el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

2025 puede ser el primer año sin elecciones de ningún tipo desde 2013. Pero el libro del nuevo año está por escribir y la tentación es poderosa. Algunos presidentes autonómicos del PP juguetean con esa opción para intentar librarse de Vox. El propio Sánchez podría apretar el botón en caso de que la legislatura se enredase y no hallase salida al laberinto.

Son muchas las dudas que alimentan 2025. Pero el mensaje del Gobierno y el del PSOE se dirige otra vez al PP: que no sueñe ni se ilusione con la caída de Sánchez, con la dimisión del presidente. Porque no se producirá, proclaman. A la legislatura le queda vida, su salud es mala, y a la vez de hierro. O eso esperan. Este año lo dirá.