“El impacto que podría tener un incendio como el de Portugal en España puede ser peor. Si ocurre en áreas de urbanizaciones orientadas al turismo y a la segunda residencia como tenemos en Cataluña o Baleares, los muertos pueden duplicarse. Hay auténticas ratoneras”. Es la advertencia que lanza David Caballero, ingeniero de Montes que lleva estudiando los incendios forestales desde 1989 y que conoce palmo a palmo la península Ibérica. En su opinión, el desastre medioambiental registrado al otro lado de la frontera es un “aviso” y debe ser la espoleta para que se adopten medidas que reduzcan el riesgo en el monte.

El brutal incendio que se ha cobrado hasta el momento la vida de al menos 64 personas en Pedrógao Grande (centro de Portugal) ha disparado las alarmas en España, foco cada verano de importantes catástrofes naturales. La campaña estival de lucha contra los incendios forestales ha arrancado esta misma semana, pero la ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ya ha alertado de que la situación en 2017 es especialmente “peligrosa” por las características climáticas del año: temperaturas récord, disminución de precipitaciones de hasta el 40% en la zona norte del país y descenso de la humedad del aire. La presencia de estos tres elementos, juntos, es la mayor voz de alarma en la lucha contra el fuego.

El satélite Terra de la NASA pudo captar los incendios de Pedrógao Grande desde el espacio. NASA

David Caballero añade un factor más que agrava la situación de riesgo este verano en las zonas forestales: existe mucha biomasa en el monte, lo que se convertiría en comida si se desatara el fuego. Ello permitiría a las llamas avanzar con más facilidad y dificultar las labores de extinción. “No podemos cambiar la meteorología ni la topografía y a estas alturas ya no podemos tampoco tocar el combustible porque es muy tarde. Lo que sí se puede hacer es evitar las igniciones: no hacer barbacoas ni quemas, no tirar petardos ni colillas…”, expone Caballero, responsable del área de incendios forestales en la empresa de predicción meteorológica de precisión Meteogrid.

El impacto que podría tener un incendio como el de Portugal en España puede ser peor. Hay urbanizaciones que son auténticas ratoneras”, advierte un experto

El experto considera que la tragedia registrada en el país vecino es un “aviso” y hay que aprender la lección. En su opinión, se trata de fuegos caracterizados por tener mucho combustible, con escasa presencia de agua en las plantas y en situaciones atmosféricas cada vez más energéticas que antes ocurrían “cada 15 o 20 años” y que ahora cada vez “son y van a ser más frecuentes”. “Son incendios sobre un territorio que está escasamente gestionado, que no se utiliza, no se cuida o no se vive en él. Y el monte va metiendo biomasa todos los años. El fuego nos marca el camino. Hay que dialogar con el monte, hay que reutilizar las áreas agrícolas, introducir el ganado, hacer quemas en invierno, dar salida a tanta madera… dar opciones al combate. Si no lo hacemos, el fuego nos va a dar duro”, alerta.

Caballero no tiene dudas de que lo que ha sucedido en Portugal “puede ocurrir en Galicia y en Castilla-León”, como consecuencia del tipo de vegetación -árboles que crecen rápido como el eucalipto- y del modelo de explotación. “Hay minifundismo. El pequeño propietario deja crecer 15 o 20 años, corta todo y vende. Eso no es forma de hacer las cosas, hay que cuidar el monte”, defiende.

Junto al abandono del área rural, otro de los fenómenos que se registran en el arco mediterráneo es la existencia de urbanizaciones en el monte. En este sentido, el especialista considera que el propietario de este tipo de vivienda tiene que ser consciente del riesgo que puede correr en un momento determinado y adoptar medidas. “Hay situaciones en las que, por el tiempo y la dimensión, no vas a tener un bombero al lado de tu casa. Ahí te vales por ti mismo. Has de asumir que vives en un paisaje de fuego y tienes que saber vivir con esa situación. Has de estar autoprotegido, saber cómo y por dónde evacuar”, argumenta.

Evolución del número de hectáreas quemadas. LUIS SEVILLANO

El peligroso cóctel ya se ha hecho notar en los primeros cinco meses del año, tradicionalmente los de menor riesgo forestal. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo, el conjunto de España ha registrado 6.119 incidentes, casi cuatro veces más de los que había sufrido en ese mismo período en el año 2016 (1.618). De entre todos ellos, el país ya ha sufrido en lo que va de año seis de los registrados como GIF (Grandes Incendios Forestales, de superficie quemada superior a 500 hectáreas), mientras que en 2016 no se produjo ninguno durante ese mismo período: el primer gran incendio del año pasado tuvo lugar en Chella (Valencia), el 15 de junio, y el último en La Guingueta d’Aneu (Lleida), el 3 de noviembre. Los 22 grandes incendios forestales de 2016 representaron sólo el 0,24% del total, pero casi el 50% de la superficie forestal arrasada. Entre ellos, el brutal incendio que arrasó la isla de La Palma, y que fue provocado por un turista alemán.

Área afectada por el incendio de 2016 en la isla de La Palma. Datos obtenidos mediante el análisis del índice NBR (Normalized Burnt Ratio) de imágenes del satélite Landsat 8 antes y después del incendio. LUIS SEVILLANO

Para luchar contra ellos, la Administración replicará este verano el modelo que ya aplicó en 2016, con diez Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) activas en todo el territorio nacional, y compuestas por cerca de 550 profesionales. Todas ellas trabajan por turnos, tres al día, durante los que se encuentran operativos 14 especialistas, con dos capataces y un técnico al mando de cada unidad. En 2016, pese a ser el año de menor actividad forestal en este sentido en la última década, estas brigadas de apoyo a las Comunidades Autónomas realizaron en total 293 intervenciones, acumulando un total de 225 kilómetros de línea de fuego combatida y 1.877 horas de trabajo de extinción sobre el terreno.

El Gobierno admite que es un verano especialmente “peligroso” y refuerza el dispositivo con dos aviones y cuatro drones para tareas de vigilancia y seguimiento

En las labores de extinción, sin embargo, es clave la utilización de medios aéreos, como los que esta semana han ayudado en el combate contra el incendio de Pedrogáo Grande. Para este 2017, según confirmó el pasado martes la ministra Tejerina, España cuenta con 70 aeronaves centralizadas en el Ministerio de Medio Ambiente, con la novedad de la incorporación de dos aviones y cuatro drones con los que se llevarán a cabo tareas de vigilancia y seguimiento durante la noche.

La labor de estas aeronaves durante la temporada de verano es constante. En 2016, a pesar de la baja actividad, los aparatos salieron de sus bases 1.569 veces en labores de extinción, volaron 4.642 horas en incendio (82 de ellas en el extranjero) y realizaron 21.667 descargas de agua, a una media de 14 por vuelo, lo que implica complicadas maniobras de recarga y aprovisionamiento. De todas estas actuaciones, la gran mayoría se concentraron en Galicia (26,4% del total de horas), Castilla y León (15,8%) y Extremadura (14,4%). Las únicas regiones en las que los aviones del Ministerio no tuvieron que intervenir ni una sola vez fueron Melilla y la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, tan relevantes como las cifras de los equipos de extinción son las dedicadas a la prevención, de la que se encargan durante la temporada baja tanto los Equipos de Prevención Integral (EPRIF) como las Brigadas de Labores Preventivas (BLP), integradas por cerca de 400 personas. También ellas ponen números a su trabajo, el verdaderamente decisivo en la lucha contra los incendios forestales: el año pasado, entre ambos equipos se adecuaron más de 2.600 hectáreas de superficie forestal, entre clareos, podas, desbroces y 180 quemas controladas. Unas 600 de estas quemas preventivas, planificadas, se quedaron sin poder ejecutarse por las condiciones meteorológicas.

Galicia, la comunidad con más fuegos

Durante el pasado año, la Guardia Civil detuvo a 43 personas e imputó a otras 260 por su presunta implicación en incendios forestales, actuando en 2.149 de los fuegos que se registraron durante 2016. Galicia volvió a ser la comunidad autónoma en la que se registraron más episodios.

De los incendios a los que acudió el Instituto Armado, lograron esclarecerse 749 y, de ellos, en 622 se conoció también el autor. En 127, el motivo que causó el fuego fue fortuito y natural, como los 105 originados por un rayo. En cambio, en 174 la causa fue accidental y en 239 una negligencia prendió la llama (en 110 casos por una quema agrícola).

Condenas a pirómanos

La reforma del Código Penal aprobada en 1995 incorporó por primera vez una sección específica para los incendios forestales, previendo una pena máxima de 20 años en aquellos casos intencionados en los que exista peligro para la vida o integridad física de las personas. Si no ha peligrado la vida de nadie, el incendio de bosques o masas forestales se castigaba con entre uno y cinco años de privación de libertad y multa de 12 a 18 meses.

Además de eliminar la competencia del jurado para enjuiciar los incendios forestales y encomendársela a tribunales profesionales por la complejidad de este tipo de delito, la modificación del texto en 2015 incluyó un endurecimiento de las penas, elevándose de tres a seis años cuando el incendio alcance especial gravedad y concurran las circunstancias establecidas en el Código Penal. También se incluyeron agravantes en los casos especialmente lesivos para el medio ambiente o que sean generadores de un elevado peligro. Si el fuego afecta a espacios naturales protegidos se castigarán como los delitos contra el medio ambiente, abriéndose la puerta a que los autores puedan ser castigados con la pena superior.

Entre las sentencias más duras conocidas hasta ahora figura la que dictó la Sección 1 de la Audiencia de Cuenca, que a finales de 2016 condenó a diez años y al pago de tres millones de euros en indemnizaciones al autor del incendio forestal declarado en Poyatos (Cuenca) en julio de 2009 y que arrasó 1.800 hectáreas, casi un tercio pertenecientes al Parque Natural de la Serranía de Cuenca. El fallo fue ratificado el pasado mes de marzo por la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al desestimar el recurso de apelación presentado por el condenado, un maderero natural de Burgos.

También a 20 años fue condenado en diciembre de 2016 un guardia civil acusado de provocar una veintena de incendios en distintos parajes de la Comunidad de Madrid entre el 17 de julio y el 31 de agosto de 2013. La pena fue menor al aplicársele la atenuante de anomalía psíquica. El Ministerio Fiscal pidió una pena conjunta de 57 años y seis meses de prisión.