La respuesta de Pedro Sánchez a las investigaciones del 'caso Koldo' que han salpicado a varios altos cargos del PSOE cristalizó este miércoles en el nuevo Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que el presidente presentó en el Congreso. Una iniciativa que se articula en torno a cinco ejes, que engloban en total 15 medidas.

Entre ellas, uno de los cambios anunciados es la introducción de herramientas de inteligencia artificial (IA) y Big Data en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la página web oficial del Gobierno donde se publican todas las ofertas y contratos que hacen las administraciones públicas. El uso de esta tecnología, de acuerdo con Sánchez, ayudaría a prevenir la corrupción, detectando patrones irregulares que podrían indicar que se ha cometido algún fraude. Algo que posibilitaría hacer un control "caso por caso".

No obstante, el propio plan contempla que para introducir estos cambios sería necesario primero adaptar la normativa actual, reformando hasta tres leyes: la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Transparencia y la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y aunque todavía hay poca información sobre el proyecto, los expertos consultados por este periódico, aunque aplauden la decisión de mejorar la plataforma utilizando la tecnología, visualizan ciertas lagunas.

"En general, el plan que presentó Sánchez es un refrito de cosas que ya se habían prometido y de cosas que se han ido retrasando", opina David Cabo, cofundador y codirector de Civio. "El punto concreto de la IA suena a que han querido meter la palabra de moda para que sea una especie de solución mágica. Pero si bajamos al detalle hay muchos problemas que hacen pensar que no le han dedicado más de 15 minutos a pensarlo", añade.

De entrada, Cabo asegura que el principal obstáculo es que la información recogida en las plataformas de contratación pública está plagada de lagunas: "Han ido mejorando con los años, pero siguen siendo muy irregulares porque hay muchos agujeros. Por ejemplo, si examinas contratos menores es muy difícil hacer una búsqueda exhaustiva. Nosotros haciendo investigaciones nos hemos encontrado muchas cosas que claramente estaban mal. Así que siempre tenemos que dedicar mucho tiempo a limpiar los datos. Hay un problema de calidad porque no hay control".

Esto, como explica Javier Miranzo, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en Contratación Pública, hace que a día de hoy sea realmente difícil bucear en las plataformas públicas para buscar este tipo de información. Y si quieres rastrearla corrupción, con el sistema actual se antoja complicado "trazar o detectar patrones". El primer paso, por tanto, sería subsanar esto, porque un algoritmo automatizado no será realmente útil si la base de datos con la que tiene que trabajar no es de calidad.

Para ello, Cabo apunta que sería necesario mejorar el músculo de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), el organismo encargado de supervisar la contratación pública. "Ni tiene los medios suficientes ni es independiente, porque está adscrita al Ministerio de Hacienda. Habría que darle más capacidad y poner al frente a un presidente nombrado por el Congreso", desliza el experto. Sánchez, en su comparecencia, anunció también que creará una Agencia Independiente de Integridad Pública.

Qué podría hacer (y qué no) la IA

Para Miranzo, la introducción de la IA en las plataformas de contratación pública podría tener una doble vertiente. Por un lado, dotar de más recursos a los órganos de control y supervisión -como autoridades fiscales, órganos antifraude, interventores y tribunales de cuentas-. En ese sentido, recuerda que hay herramientas parecidas ya en uso, como ARACHNE, impulsada por la Unión Europea. Y por otro, la iniciativa podría hacer el sistema más accesible para los ciudadanos.

Antonio M. López Hernández, catedrático de la Universidad de Granada y consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía considera que esta tecnología podría desempeñar un papel "clave" en la detección temprana de irregularidades. Primero, analizando grandes volúmenes de contratos y expedientes administrativos. Segundo, identificando patrones históricos asociados a prácticas poco transparentes. Tercero, cruzando datos de múltiples fuentes para revelar vínculos sospechosos. Y cuarto, mejorando continuamente su eficacia gracias al aprendizaje automático.

De esta forma, López cree que podría ayudar a analizar multitud de aspectos como el número de contratos adjudicados a un proveedor, la proporción de adjudicaciones sin competencia, variaciones inusuales de precio, cambios contractuales repetitivos o relaciones entre adjudicatarios y funcionarios.

Con todo, los expertos también ven limitaciones. En muchas ocasiones la corrupción no se detecta en documentos oficiales porque se ha cocinado en conversaciones informales entre personas que a veces no aparecen ni siquiera en los contratos. "El fraude puede ser muy difuso. Así que cometeríamos un error si pensamos que todo lo que no detecte el sistema no es corrupción", sostiene Miranzo.

En esa línea, López destaca también la falta de interoperabilidad, dado que a día de hoy las plataformas de contratación a menudo no están integradas entre sí ni con otros registros (mercantil, sanciones, etc). En el plan del Gobierno se recoge que cambiar este aspecto para cruzar todas las bases de datos será "uno de los ejes clave".

Los requisitos legales de lanzar una herramienta así

Para Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, las condiciones legales con las que tendría que cumplir la herramienta podrían llegar a variar mucho. "Si hablamos de un entorno de análisis de la contratación en términos exclusivamente de indexar personas jurídicas y contratos, puede que nos saltemos el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sin embargo, si no es así, es decir, si se analizan aspectos como sujetos individuales, beneficiarios de ayudas, subvenciones públicas o contratantes individuales con su nombre y apellidos, o sencillamente la relación de miembros de comisiones de contratación, sí tendrían que cumplirlo".

El segundo requisito sería estudiar si el sistema tiene un nivel de riesgo bajo, medio o alto, de acuerdo con lo que dispone el reglamento de IA de la Unión Europea. Un proceso realmente importante porque, como explica Martínez, si se considera que la aplicación es de riesgo alto las exigencias son máximas para asegurar su buen funcionamiento.

"Obligaría primero a hacer un análisis de impacto desde el punto de vista de su repercusión en los derechos fundamentales, pero también del impacto sistémico sobre la democracia, y habría que desarrollar todo un sistema de gestión del riesgo", comenta Martínez. "Y también haría que la herramienta tuviera que estar supervisada por humanos, algo que, en mi opinión, sería muy importante. Ya tuvimos un sistema de análisis del fraude en Países Bajos que sistemáticamente indexaba como sospechosos a las personas de origen extranjero que recibían ayuda social", valora.