El pasado mes de julio Bruselas condenaba a España a pagar una multa de 12 millones de euros porque 17 municipios de más de 15.000 habitantes, entrado el siglo XXI ,no han sido capaces de depurar sus aguas residuales de acuerdo a la normativa. La obligación de depurar las aguas urbanas está recogida por Ley, en España, desde 1995. Esto ha costado ya una docena de millones de euros que el Gobierno ha pagado, a tanto alzado. La Unión Europea ha impuesto, además, una multa coercitiva de un importe de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso en solucionar la situación. La multa será emitida de nuevo este viernes que cumple el plazo porque la situación no se ha solventado ni lo hará, al menos en su totalidad, hasta 2022.

Las multas están motivadas porque estos municipios siguen vertiendo sus aguas sin depurar en el medio ambiente. Nerja, por ejemplo, lleva sus aguas fecales al mar. Coín y Alhaurín el Grande lo hacen en el río Guadalhorce. Otros, como Matalascañas no realizan vertidos, pero sus depuradoras necesitan mejoras para reducir el impacto de sus aguas depuradas.

Las multas están motivadas porque estos municipios siguen vertiendo sus aguas sin depurar en el medio ambiente.

De las 17 aglomeraciones urbanas de más de  15.000 habitantes el Ministerio de Transición Ecológica ha comunicado a Bruselas que 8 de ellas se encuentran en situación de cumplimiento de la normativa: Estepona (San Pedro de Alcántara – Málaga), Noreste (Valle Guerra – Tenerife), Benicarló (Castellón), Peñíscola (Castellón), Teulada Moraira (Rada Moraira – Alicante), Aguiño-Carreira-Ribeira (A Coruña), Santiago de Compostela y Vigo.

Las aglomeraciones pendientes son: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz), Gijón Este, Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz) y Valle de Güimar (Tenerife).

Quién paga las multas

Las multas a Bruselas la adelanta el Gobierno, pero posteriormente deben dirimirse las responsabilidades entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En particular, de las aglomeraciones pendientes de solución  Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz), y Gijón Este fueron declaradas de interés general por lo que son responsabilidad estatal. Las restantes- Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz) y Valle de Güimar (Tenerife)- recaen en la responsabilidad autonómica.

Las multas a Bruselas la adelanta el Gobierno, pero posteriormente deben dirimirse las responsabilidades entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Según las previsiones de Transición Ecológica en 2019 se podrá solventar al situación de cinco de estas aglomeraciones: Nerja, Alahurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón Este. Para 2020, se calcula que se terminarán Matalascañas y Valle de Güimar. La más retrasada es la situación de Barbate ya que todavía está en fase de licitación dede la redacción del proyecto y del Estudio del Impacto Ambiental, por lo que desde el ministerio se tiene claro que no será hasta 2022 cuando esta aglomeración cumpla con los estándares europeos.

Nueva oleada de sanciones

El problema de la depuración de las aguas residuales sigue siendo una asignatura pendiente en muchos municipios. Además de los casos por los que España ya ha sido sancionada existen 507 aglomeraciones urbanas con una población menor de  2.000 habitantes que están en situación de incumplimiento, según la información del Ministerio.