La reducción de la movilidad por la crisis de la COVID–19 ha provocado una mejora sin precedentes de la calidad del aire, también en relación al ozono troposférico. A pesar de este progreso, casi 36 millones de personas han seguido respirando aire contaminado por ozono durante el verano de 2020 en el Estado español. Según datos arrojados por el último informe ‘La contaminación por ozono en el Estado español durante 2020’ elaborado por Ecologistas en acción, el 76 % de la población y el 81 % del territorio han estado expuestos un año más a unos niveles insalubres de este contaminante.

El ozono es un contaminante secundario muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, pero afecta a áreas urbanas y rurales. Este se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes. A pesar de que durante 2020 sus niveles se han reducido de forma importante, el aire contaminado por ozono ha afectado en 2020 a 35,7 millones de personas en España en una superficie de 408.000 kilómetros cuadrados. Tres de cada cuatro españoles han respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS.

En este sentido, teniendo como referencia el valor establecido por el Estado español y la Unión Europea, la población que ha respirado aire que supera los niveles establecidos sería de 4,4 millones de personas, un 9 % del total. Es decir, uno de cada diez españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal de ozono este 2020. Los territorios más afectados por esta problemática medioambiental han sido las comunidades de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, el interior de Cataluña y Comunitat Valenciana, la ciudad de Córdoba y, al norte de ésta, la zona industrial de Puente Nuevo.

Entre 1.500 y 1.800 muertes en España cada año

Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el ozono causa entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español cada año. Además, la frecuencia de las superaciones de los estándares legal y de la OMS ha sido muy inferior a la de años precedentes, con un descenso de respectivamente el 56 % y el 41 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019. La crisis de la COVID–19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales, también en el caso del ozono.

Según detalla la ONG en el informe, la contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario «de primer orden». Asimismo, las personas más afectadas son niñas y niños, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. Las principales medidas para reducir la contaminación por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo a las energías renovables.

En este sentido, Ecologistas en Acción subraya la necesidad de agilizar el Área de Control de Emisiones acordada para el Mar Mediterráneo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas. También reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que agilice el Plan Nacional de Ozono comprometido hace años y anunciado por la Ministra en septiembre, al que remiten muchas comunidades para justificar su inactividad. Diez comunidades autónomas de las 17 siguen sin elaborarlos.