El desastre de Aznalcóllar, 28 años después: "El Guadalquivir puede convertirse en una alcantarilla minera"

El 25 de abril de 1998, España vivió una de sus mayores tragedias ambientales cuando la balsa de residuos de la mina Los Frailes, en Aznalcóllar, sufrió una rotura masiva que liberó seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar.

Estas aguas ácidas de color turquesa, cargadas de metales pesados como plomo y arsénico, avanzaron velozmente hacia el Parque Nacional de Doñana, obligando a las autoridades a construir tres diques de urgencia para evitar un colapso ecológico irreversible en las marismas. El vertido afectó profundamente a la fauna fluvial y contaminó miles de hectáreas de cultivo, provocando una costosa operación de limpieza que superó los 240 millones de euros y que daría lugar a la creación del Corredor Verde del Guadiamar.

Pese a los esfuerzos de restauración, el desastre dejó una herida profunda en la economía local y originó un complejo proceso judicial contra la empresa Boliden que se extendió por más de dos décadas. Aquel suceso transformó la conciencia ambiental y la legislación minera en España y se convirtió en un recordatorio permanente sobre la fragilidad del medio ambiente frente a la actividad industrial a gran escala.

Aznalcóllar, hoy

A veintiocho años de la catástrofe de 1998 y a pesar de los intentos de "rewilding", la renaturalización de un ecosistema, el cauce del Guadalquivir aún permanece en una situación de vulnerabilidad y las consecuencias del desastre siguen presentes.

La corta minera de Aznalcóllar sigue filtrando aguas de color turquesa saturadas de metales pesados hacia los cauces del Agrio y el Guadiamar. En un último informe presentado por Greenpeace, se expone como la situación tiene riesgo de agravarse. La organización denuncia un plan de reapertura que vertería 85.520 millones de litros de residuos tóxicos al Guadalquivir, lo que multiplicaría por diez la contaminación actual al sumarse a la actividad de la mina Cobre Las Cruces. Según el informe, este escenario amenaza directamente la integridad de Doñana, la viabilidad de 36.000 hectáreas de arrozales y la salud pública, tras hallarse niveles ilegales de plomo y arsénico en pescados y mariscos de la zona.

Debido a que esta situación, diversas organizaciones ecologistas, lideradas por Greenpeace, han interpuesto recursos judiciales exigiendo la anulación de los permisos y una moratoria minera inmediata.

| ©Greenpeace/Pedro Armestre

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Las aguas color turquesa cargadas de metales pesados se filtran desde la corta de Aznalcóllar hacia los ríos Agrio y Guadiamar. Greenpeace denuncia que, 28 años después del desastre, el Grupo México sigue sin gestionar estos pasivos mineros agravados por las lluvias.

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La Junta de Andalucía autoriza el vertido de 85.000 millones de litros de agua tóxica al Guadalquivir para reabrir la mina. Greenpeace y otras ONG han recurrido el proyecto por considerarlo un atropello medioambiental.

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Luis Berraquero (Greenpeace) denuncia: "No podemos permitir que la Junta convierta el Guadalquivir en una alcantarilla minera". La organización tacha de irresponsabilidad la gestión de los nuevos proyectos de explotación.

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Los vertidos de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces amenazan con dejar "tocado de muerte" al Guadalquivir. La falta de previsión sobre sus efectos sinérgicos pone en riesgo crítico a Doñana y a los hábitats de la Red Natura 2000.

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Científicos advierten que el Guadalquivir no evacúa los residuos, sino que actúa como un depósito tóxico acumulativo. La presa de Alcalá del Río y las mareas frenan la salida de metales pesados, asentándolos en el fondo del estuario.

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El desastre de 1998 afectó a 80 km de río, envenenó 4.600 hectáreas y costó miles de empleos. Greenpeace recuerda que los nuevos proyectos se asientan sobre esta deuda ambiental aún no resuelta.

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Estudios confirman niveles de plomo y arsénico por encima de los límites legales en albures y galeras. El "tapón salino" del estuario impide la disolución de metales, integrándolos en la cadena trófica y amenazando la gastronomía local.

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Imágenes exclusivas de Greenpeace captan el drenaje activo de aguas ácidas desde la mina de Aznalcóllar al río Agrio. La herida del desastre de 1998 permanece abierta, vertiendo contaminantes directamente a los afluentes del Guadalquivir.

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Greenpeace insta a proteger la biodiversidad del Guadalquivir y a no repetir los errores del pasado ante la presión de las multinacionales mineras.

Desastre aznalcollar | ©Greenpeace/Pedro Armestre

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Greenpeace exige una moratoria minera inmediata y la creación de un comité científico independiente. Reclaman priorizar la salud pública y la protección de Doñana frente al beneficio económico del Grupo México.

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Primer plano de las filtraciones tóxicas en el río Agrio. La combinación de estos vertidos con la reapertura proyectada de Cobre Las Cruces multiplicaría por diez la toxicidad actual del estuario.

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El sector arrocero, con 36.000 hectáreas en las marismas, en peligro extremo. El vertido de metales pesados podría provocar la bioacumulación de arsénico en el cultivo, dañando la seguridad alimentaria y la economía agraria.