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Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación por fraude

La vicepresidente dice que no volverá a ser candidata y denuncia que en Argentina está en manos de "un Estado paralelo"

La vicepresidenta argentina, juzgada por corrupción

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a la salida de su casa rumbo al Senado. EFE

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha sido considerada culpable del delito de defraudación al Estado a seis años de cárcel y también inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es la primera vez que se condena en Argentina por corrupción a una vicepresidenta en ejercicio, quien fue a su vez presidenta, entre 2007 y 2015. El veredicto aún ha de confirmarse en Casación y en el Supremo, un proceso que puede prolongarse un par de años. Mientras tanto, puede presentarse a cualquier cargo y no será encarcelada. Pero es una derrota política mayúscula. De hecho, ha confesado que no volverá a ser candidata «a nada».

No ha sido condenada por asociación ilícita, otro de las acusaciones de los fiscales. Los tres jueces sí que han dictaminado que se devuelva la cantidad defraudada: 84.000 millones de pesos (470 millones de euros). Tanto la vicepresidenta como los fiscales van a apelar la sentencia. En todo caso, ha asegurado que su nombre «no va a estar en ninguna boleta».

El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fuero. Podrán meterme presa… a menos que algún empresario no financie alguna banda de marginados y me peguen un tiro. Presa o muerta»

cfk, vicepresidenta de argentina

«La verdadera condena es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. A todos los cargos a los que accedí fue por el voto popular. Cuatro gobiernos ganamos con el apellido Kirchner: en el 2003, en el 20o7, en el 2011 y en el 2019 cuando nadie daba nada por el peronismo… No voy a someter a la fuerza que me dio el honor de ser dos veces presidente y una vicepresidenta con una candidata condenada por administración fraudulenta por el Estado. No voy a ser candidata. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fuero. Podrán meterme presa. Me vuelvo a mi casa… Lo que está pasando en Argentina es mafia y Estado paralelo. Me podrán meter presa a menos que algún empresario no se lo ocurra financiar alguna banda de marginados y me peguen un tiro. Presa o muerta», ha dicho en sus palabras finales la vicepresidenta.

Cristina Fernández de Kirchner ha escuchado la sentencia desde su despacho en el Senado del juicio más importante que se ha hecho en Argentina contra civiles. En sus primeras palabras tras conocer la condena, la vicepresidenta ha dicho en sus redes sociales: «La condena estaba escrita… Esto es un estado paralelo y mafia judicial». Y ha añadido: «Yo no era responsable del presupuesto. Ni el presidente Kirchner».

Y ha aprovechado para arremeter contra el poder judicial, en especial los instructores de la causa de Vialidad, por el caso denunciado la víspera por el presidente Alberto Fernández que implicaría a un grupo de magistrados, políticos y empresarios mediáticos del Grupo Clarín que habrían compartido viaje a la mansión del empresario Joe Lewis, con intereses en la Patagonia. Es decir, pasa al ataque con ese recurso al llamado Estado paralelo. Incluso llega a aludir a la época de la Junta Militar.

Ha mencionado que es víctima también por ser mujer: «Nunca voy a ser una mascota del poder». Es la vicepresidenta y fue presidenta, y mujer del presidente. Ernesto Kirchner estuvo a cargo de Argentina entre 2003 y 2007 y le sucedió Cristina Fernández (2007-2015). Y volvió como vicepresidenta en 2019.

Los jueces, «un pelotón de fusilamiento»

Previamente, en su última comparecencia ante los jueces del Tribunal Oral Número 2 se había presentado como víctima y los había comparado con «un pelotón de fusilamiento». En todo momento ha presentado el caso como un juicio político y se ha comparado con el ex presidente brasileño Lula da Silva. Hay otras tres causas pendientes, Dólar futuro, Memorándum con Irán y HoteSur-Los Sauces, pero fueron sobreseidas y pendientes de revisión. La causa llamada Cuadernos de la corrupción lleva en manos de un tribunal oral desde 2019, pero el juicio no tiene aún fecha de inicio. 

Los jueces que han llevado la causa conocida como Vialidad son Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, los tres nombrados cuando Cristina Kirchner era presidenta y sin adscripción política conocida. Han pasado la jornada del martes en el edificio de Comodoro Py donde se ubica el Tribunal Oral número 2.

La seguridad de los tres jueces ha sido reforzada por la policía federal. También han estado en sus despachos los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El edificio ha amanecido vallado para evitar que los partidarios de Cristina Kirchner puedan acceder. La presión va a mantenerse contra el poder judicial.

Los fiscales consideran probado en esta causa conocida como Vialidad cómo se favoreció la concesión de obra pública (viales) en la provincia argentina de Santa Cruz, de donde proceden los Kirchner, al empresario Lázaro Báez, su socio, que ha sido condenado también a seis años de cárcel. Cristina Kirchner ha argumentado que Báez era amigo de su marido pero que no hicieron negocios en común. El proceso se inició en diciembre de 2016, pero el juicio oral no arrancó hasta mayo de 2019. 

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Baéz, fueron condenados a seis años de prisión por fraude el ex secretario de Obras Púbicas José López; y el ex titular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti. Absolvió al ex ministro de Planificación Julio de Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Sobreseyeron a Carlos Santiago Kirchner por prescripción del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En su alegato final, el fiscal Luciani aseguró: «Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país». Pidió 12 años para la vicepresidenta por asociación ilícita y fraude al Estado, y además inhabilitación perpetua para cargos públicos. Hay otros 12 acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez.

«Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, éste es el momento. Es corrupción o justicia».

Víctima de una persecución política

Pero los partidarios de Cristina Kirchner defienden que ella, vicepresidenta, es víctima de una persecución política del «partido judicial». Y coinciden con Kirchner en que los votos le brindan un manto de impunidad tan blindado que no hay prueba que lo pueda resquebrajar. Por ello este martes se han acercado a las inmediaciones de Comodoro Py a mostrar su apoyo a la vicepresidenta.

Las marchas están encabezadas por el dirigente piquetero Luis D’Elia, el líder del sindicato de funcionarios estatales. El lema de la marcha es: «Paremos el golpe». Según la opositora Radio Mitre, apenas eran unos cientos los que han participado en la movilización.

«Estamos muy preocupados porque pensamos que la condena es un atentado contra la democracia. Por eso estamos en paro y vamos a hacer una vigilia. Vamos a ganar la calle», ha dicho Catalano, secretario general de ATE Capital, en El Destape Radio, según cita La Nación.

El senador nacional Mariano Recalde ha lanzado duras acusaciones al poder judicial: «Antes era el partido militar, ahora es el partido judicial y se tiene que acabar también la dictadura judicial».

En España se ha solidarizado con Cristina Fernández de Kirchner la ministra de Igualdad, Irene Montero, que recientemente estuvo en Argentina. Para Montero, CFK es una víctima de «los poderosos» que quieren «frenar los avances democráticos». Y le envía su apoy en nombre de «todas». ¿Todas, quiénes?

Sin embargo, no todas respaldan esta tesis victimista, ya que la corrupción es punible, más en los cargos electos. Es lo que plantea la periodista y ex senadora Norma Morandini: «Puede ser el principio del fin de la impunidad por corrupción. Hay esperanza de poder restituir el sistema político».

Aún faltan muchos pasos. Ha de ratificar el veredicto el Tribunal de Casación y el Supremo. Incluso no se descarta que la vicepresidenta lleve su caso a instancias judiciales internacionales. Pero pasará a la Historia como la primera vicepresidenta condenada por fraude al Estado. Corrupción o justicia. Hubo justicia.

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