Se presentan como una puerta de entrada a empresas españolas en el mercado marroquí y a modo de credencial exhiben un mapa de Marruecos que incluye el Sáhara Occidental, un territorio ocupado por Rabat y pendiente de descolonización ante las Naciones Unidas. Desde hace años Granada Internacional, una asociación de empresarios radicada en la provincia andaluza pero con compañías de otros puntos de la geografía nacional, ha desfilado por foros y eventos dentro y fuera de España con un mapa que vulnera la legalidad internacional.

En declaraciones a El Independiente, su presidente José Luis Alarcón asegura no tener “una opinión política” sobre el conflicto que sufre la población de la ex colonia española desde hace cerca de medio siglo. “Somos una asociación para promover la internacionalización en el Reino de Marruecos y no somos una asociación con opinión política de ningún tipo”, aduce en conversación con este diario. La asociación, fundada hace más de una década y que ha recibido subvenciones públicas, está integrada por unas 600 empresas. “Me sorprende el tema del mapa y que se haya incorporado lo que no está incorporado”, asevera.

Una simple búsqueda en su perfil de Facebook confirma que su directiva lleva años fotografiándose con carteles en los que el mapa del Sáhara Occidental luce incorporado al del régimen alauí. “Por lo que tengo entendido está pendiente de un sufragio [el referéndum de autodeterminación], aunque la voluntad española por parte del presidente Pedro Sánchez parece que esa esa [la marroquinidad del Sáhara]”, desliza Alarcón, quien durante la conversación promete una corrección. “Al no ser algo concluso y totalmente aceptado, lo vamos a corregir si la junta general opina de este modo”, agrega.

Un mapa polémico y reincidente

Desde hace años y en distintos foros y encuentros, los miembros de Granada Internacional han posado junto al mapa de Marruecos que incluye el Sáhara Occidental, un territorio no autónomo -tal y como establece la ONU- que sigue pendiente de descolonización. En la imagen de la derecha, la directiva junto a representantes marroquíes.

En su página web, donde se incluye la polémica cartografía, Granada Internacional asegura que su cometido es “facilitar a las empresas la implantación y el desarrollo de sus negocios en Marruecos, socio estratégico para nuestro país, que presenta, además, enormes oportunidades para las empresas españolas”. La asociación también tiene sede y personal en el país vecino y se halla en estos momentos en proceso de extender su modelo a otros países como Portugal. “Inicialmente era una asociación subvencionada por la Diputación de Granada, pero hemos tenido que buscar alternativas de financiación como las cuotas de los socios”, detalla Alarcón.

También ha recibido fondos europeos y ayudas del ayuntamiento granadino y se encuentra en plena licitación para hacerse cargo de un estudio sobre la gestión de residuos tóxicos en Marruecos que podría servir para su financiación. Granada Internacional se jacta de tener buenos contactos con la élite económica y política del país vecino. Tiene una asociación hermana Granada Internacional Maroc que ha suscrito acuerdos con las Cámaras de Comercio de Tánger, Tetuán, Alhucemas, Zona Oriental de Marruecos y Fez-Meknes, así como con asociaciones como la del Polígono Industrial de Larache, Polígono Tecnológico Tetuán o asociaciones de mujeres empresarias de Tetuán y Tánger.

Los intereses económicos, en ningún caso pueden servir como base para justificar la vulneración del Derecho Internacional, advierten desde el Polisario

El régimen marroquí ha convertido la inversión de empresas extranjeras en un modo de afianzar la ocupación del Sáhara Occidental en pleno revés tras declarar la justicia europea ilegal el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos al haberse pactado sin contar con el consentimiento del pueblo saharaui y su legítimo representante, el Frente Polisario. El mes pasado la Cámara de Comercio de Madrid organizó un foro con funcionarios y autoridades del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos para atraer inversiones madrileñas a la ex colonia española, un territorio no autónomo y pendiente de descolonización en la ONU. A pesar de las críticas, el acto se terminó desarrollando.

Ya entonces, el Polisario alertó de que "los intereses económicos, en ningún caso pueden servir como base para justificar la vulneración del Derecho Internacional, la supeditación de los Derechos Humanos del pueblo del Sahara Occidental, en este caso". "Es posible, de existir la voluntad, conjugar los intereses de las empresas sobre el territorio con los legítimos derechos del pueblo saharaui", deslizó.