Por primera vez desde el inicio de la invasión rusa miles de ucranianos han salido a las calles contra el presidente Volodimir Zelenski. Primero empezaron el martes un par de miles y el número ha ido aumentando, al tiempo que han subido de tono las críticas de los aliados europeos. El motivo: una ley aprobada por la Rada, con el visto bueno de Zelenski, que supeditaba las agencias anticorrupción al fiscal general, ligado al jefe del Estado. Para Zelenski, una medida necesaria para controlar la injerencia rusa. Para la mayoría, una iniciativa que facilita la deriva autoritaria. Zelenski se ha retractado.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha hablado este jueves con el canciller alemán, Friedrich Merz, y con el primer ministro británico, Keir Starmer, sobre el proyecto de ley que presentará al Parlamento sobre el funcionamiento de dos agencias anticorrupción ucranianas. A los dos les informó de que había dado su visto bueno a un proyecto de ley que "garantiza la independencia y la eficacia de las instituciones anticorrupción", según ha explicado Zelenski en su canal de Telegram.

Zelenski se ha mostrado dispuesto a recibir asesoría de sus aliados europeos sobre esta legislación. Para el presidente ucraniano resulta crucial que no haya "interferencia ni influencia por parte de Rusia en el trabajo" de estas agencias. Al presidente ucraniano le acusan de querer proteger a su entorno de investigaciones incómodas.

Sospechas de injerencia rusa

La supuesta presencia de agentes rusos dentro de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) fue el motivo invocado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para efectuar decenas de redadas. Dos de sus detectives fueron detenidos por supuesta colaboración con Rusia, según informa la agencia Efe.

Las agencias y la mayor parte de la sociedad civil ucraniana calificaron de abusiva la operación y la relacionaron con la aprobación al día siguiente por parte del Parlamento de una ley que da poderes al fiscal general nombrado por el presidente sobre las agencias anticorrupción. Pero la ley ha nacido herida de muerte. Zelenski va a sustituirla por otra que garantiza la independencia de estas instituciones.

Las protestas contra la decisión figuran entre las más grandes desde el levantamiento Euromaidán de 2014, que encaminó al país hacia Occidente. A los soldados sus jefes les recomendaron no asistir a las protestas pero muchos hicieron caso omiso y se dejaron ver con sus uniformes. "Luchamos por Ucrania; no por su impunidad", decía un cartel que portaba un militar.

Desde la invasión rusa en 2022, muchos ucranianos se habían abstenido en gran medida de mostrar su desacuerdo públicamente, dando prioridad a la unidad nacional. Ese consenso se ha quebrado con esta ley y por eso Zelenski se ha visto obligado a dar marcha atrás.

Una prueba de fuego

La escritora ucraniana Natalia Gumenyuk lo explica en The Guardian: "Lo que sorprendió a muchos no fue solo el contenido de la legislación, sino también la rapidez y la forma en que se aprobó: en un solo día, como una enmienda oculta dentro de reformas policiales no relacionadas, y luego firmada y publicada casi de inmediato".

Y añade: "La gente estaba dispuesta a pasar por alto las imperfecciones, suspender las críticas y centrarse en la supervivencia y la victoria. Por eso no ha habido una presión interna seria para celebrar elecciones en tiempos de guerra, a pesar de los comentarios extranjeros. Los ucranianos entienden que las elecciones, costosas, arriesgadas y prohibidas constitucionalmente durante la guerra, son inviables en las condiciones actuales. Pero esto es diferente. Esta ley se ha convertido en una prueba de fuego para saber si se puede mantener la confianza pública en el Gobierno. Y más aún, si el contrato social no escrito —entre los ciudadanos y el Estado— sigue vigente".

Parece que Zelenski ha entendido el mensaje. De ello también dependía que las conversaciones encaminadas a que algún día Ucrania ingrese en la Unión Europea sigan adelante con el apoyo de los aliados más potentes como Alemania.

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